8 días de plazo les dio el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Facatativá a la Alcaldía de Villeta y a la Gobernación de Cundinamarca para determinar el número de personas afectadas.
Un número indeterminado de familias del barrio San Jorge de ese municipio deben ser reubicadas temporalmente debido a los daños en sus casas ocasionados por la construcción de la vía Bogotá-Medellín.
La conminación también obliga al Municipio y al Invías a hacer mantenimiento periódico y la corrección de la vía alterna usada por el transporte público y particular y que representa riesgo para los transeúntes en el sector contiguo al San Jorge.
Para ello, deberán instalar señales preventivas y establecer las limitaciones de tráfico necesarias.
Además, ejecutar las obras necesarias para ponerle fin al riesgo para los pobladores de ese sector.
Las medidas cautelares fueron adoptadas dentro de una acción popular promovida por la Procuraduría General ante el grave deterioro de varias viviendas de esa zona.
Para el Juzgado, es evidente la situación de riesgo para quienes viven en estas casas, que hoy tienen agrietamientos, desprendimiento de paredes, levantamiento de pisos, inclinación de viviendas y derrumbe de habitaciones.
Los daños, según las denuncias, comenzaron luego de que el Invías contrató a la empresa Mario Huertas Ingenieros Constructores Obras Civiles en 1995 para hacer lacarretera hacia la capital antioqueña.
Con las medida se busca garantizar la vida e integridad de quienes salieron perjudicados por la cercanía de la obra.
Un número indeterminado de familias del barrio San Jorge de ese municipio deben ser reubicadas temporalmente debido a los daños en sus casas ocasionados por la construcción de la vía Bogotá-Medellín.
La conminación también obliga al Municipio y al Invías a hacer mantenimiento periódico y la corrección de la vía alterna usada por el transporte público y particular y que representa riesgo para los transeúntes en el sector contiguo al San Jorge.
Para ello, deberán instalar señales preventivas y establecer las limitaciones de tráfico necesarias.
Además, ejecutar las obras necesarias para ponerle fin al riesgo para los pobladores de ese sector.
Las medidas cautelares fueron adoptadas dentro de una acción popular promovida por la Procuraduría General ante el grave deterioro de varias viviendas de esa zona.
Para el Juzgado, es evidente la situación de riesgo para quienes viven en estas casas, que hoy tienen agrietamientos, desprendimiento de paredes, levantamiento de pisos, inclinación de viviendas y derrumbe de habitaciones.
Los daños, según las denuncias, comenzaron luego de que el Invías contrató a la empresa Mario Huertas Ingenieros Constructores Obras Civiles en 1995 para hacer lacarretera hacia la capital antioqueña.
Con las medida se busca garantizar la vida e integridad de quienes salieron perjudicados por la cercanía de la obra.
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