La suplantación de electores es una modalidad de fraude electoral recurrente, que se presenta en distintas zonas de la geografía nacional y que como no puede atenderse por parte de las Comisiones Escrutadoras se decide por la vía judicial en demandas que con frecuencia llegan hasta el Consejo de Estado y traen como consecuencia la anulación de actas de escrutinio tres años después de la elección, con la eventual variación en las curules asignadas।
Esta es la conclusión que se desprende del análisis de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado el 18 de febrero de 2005, mediante la cual se anularon actas de escrutinio de las elecciones de Congreso de 2002, y el 6 de julio de 2009, mediante la cual se anularon actas de escrutinio de las elecciones de 2006.
Con el fin de adoptar controles efectivos, la Registraduría Nacional realizó un análisis de cada uno de los 53.280 cargos formulados ante el Consejo de Estado sobre 21.167 mesas de votación en las elecciones de Congreso de 2002, así como de los 33.092 casos probados por el Consejo de Estado sobre 1.569 mesas de votación en las elecciones de 2006.
De acuerdo con el fallo del pasado 6 de julio, en las elecciones de 2006 se registraron 31.092 casos de diferencias entre el formulario E 11 y el E 24, lo cual indica que hubo “más votos que votantes” en 620 mesas de 150 municipios.
A esta anomalía se sumaron 2.129 casos de suplantación de electores en 889 mesas de 266 municipios, siendo ésta la modalidad de fraude que más mesas y municipios afectó en el año 2006.
En menor medida se presentan otras modalidades de fraude como la doble votación de jurados de votación, que se registró en 9 mesas de Bogotá y Cesar; la votación con cédulas en custodia que se registró en 3 mesas de Cesar, y la votación de personas no habilidadas para votar que resultó probada en 4 mesas de Bogotá y 1 de Boyacá, e incluso la suplantación de jurados de votación.
De acuerdo con la matriz de análisis de la sentencia del Consejo de Estado sobre las elecciones de 2006, el mayor número de casos probados de fraude se registró en Antioquia, con 8.168, seguido de Magdalena con 4.924, Bolívar con 4.036, Córdoba con 2.924, Valle con 2.590 y Bogotá con 1.924.
Sin embargo, al hacer el análisis con relación al número de mesas afectadas sobre el total de mesas instaladas en el departamento, se observa que en Magdalena resultaron afectadas el 9,29% de las mesas, seguido de Córdoba con el 4,94%, Boyacá con el 4,26%, Cesar con 4,15%, Sucre con 3,76% y La Guajira con el 2,75%.
De acuerdo con el Consejo de Estado, los casos de suplantación de electores incluyen situaciones en que los jurados de votación permitieron sufragar a personas inhabilitadas para votar, o incorporar votos indebidos mediante maniobras fraudulentas, figuran cédulas de personas fallecidas que aparecieron votando; personas que votaron dos veces en mesas diferentes, hubo usurpación de jurados de votación y casos en los que funcionarios electorales pidieron formularios E-14 firmados en blanco para diligenciarlos.
El análisis del fallo del Consejo de Estado permite identificar no sólo los municipios sino también las mesas en las que se presentó cada una de las modalidades de fraude. De contar con los recursos necesarios en el año 2010, esta matriz le permitiría a la Registraduría Nacional focalizar sus esfuerzos de autenticación de sufragantes en aquellos sitios en los que se registró la suplantación en las elecciones anteriores.
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