“Una de las manifestaciones de la impunidad, es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan, porque la sociedad se pone en peligro”, dijo
Bogota, 8 de enero de 2010,
El fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, expresó su preocupación, porque los jueces “no están atendiendo” lo que señala la norma sobre la causa justa o razonable, que explica la demora en el inicio del juicio oral y declara improcedente la concesión de libertad por vencimiento de términos.
Tal afirmación fue hecha por el alto funcionario, al ser consultado por Caracol sobre la libertad concedida este jueves por un Juez de Control de Garantías de Soacha (Cundinamarca) a 17 militares, que están investigados por la desaparición y muerte de tres jóvenes, presentados como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.
“Esos decretos de libertades por vencimiento de términos, cuando han estado pendientes unas actuaciones promovidas por la defensa y que luego no cuenten como justa causa, si es lo que nos preocupa, porque sentimos que los jueces no están atendiendo lo que dice el parágrafo del artículo 317 de la Ley 906, donde claramente se deja sentado que no procede la libertad cuando el término transcurre por maniobras dilatorias o cuando hay una causa justa o razonable que impide iniciar el juicio oral”.
Mendoza Diago afirmó a la mencionada casa radial, que “en principio creemos que hay una causa justa o razonable, para que no se iniciara el juicio oral porque había unos asuntos pendientes de resolver, que había promovida la propia defensa. Ahí es donde no compartimos el asunto y por eso presentamos el recurso de apelación”.
SOCIEDAD PREOCUPADA
Al reiterar su preocupación por lo acontecido, el Fiscal General sostuvo que “se hace un esfuerzo para judicializar esos casos y luego encontramos que todo es inútil, que es un desgaste irrecuperable”, y subrayó que “ antes que preocupación personal e institucional, lo que más nos inquieta es que se preocupe la sociedad, porque nosotros tenemos que rendirle cuentas es a la sociedad, y cada vez que ocurre esto nosotros estamos vulnerando derechos de la sociedad, que es la más perjudicada y cuya preocupación más nos inquieta a nosotros”.
Dijo que aunque el proceso contra los 17 investigados continúe y exista posibilidad de recapturar a esas personas, “una de las manifestaciones de la impunidad, es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan, porque la sociedad se pone en peligro”.
El Fiscal General recalcó que “lamentablemente tenemos el problema de que cuando las interpretaciones son las causantes de esas dificultades nada podemos hacer, porque si yo comienzo a interpretar a mi manera el concepto de causa justa o razonable o de maniobra dilatoria no hay norma que sirva”.
Por último, el Fiscal indicó que siempre que se otorgan libertades por vencimiento de términos se inician investigaciones en lo disciplinario y en lo penal, pero ello no quiere decir que se esté condenando a alguien, agregó.
Bogota, 8 de enero de 2010,
El fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, expresó su preocupación, porque los jueces “no están atendiendo” lo que señala la norma sobre la causa justa o razonable, que explica la demora en el inicio del juicio oral y declara improcedente la concesión de libertad por vencimiento de términos.
Tal afirmación fue hecha por el alto funcionario, al ser consultado por Caracol sobre la libertad concedida este jueves por un Juez de Control de Garantías de Soacha (Cundinamarca) a 17 militares, que están investigados por la desaparición y muerte de tres jóvenes, presentados como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.
“Esos decretos de libertades por vencimiento de términos, cuando han estado pendientes unas actuaciones promovidas por la defensa y que luego no cuenten como justa causa, si es lo que nos preocupa, porque sentimos que los jueces no están atendiendo lo que dice el parágrafo del artículo 317 de la Ley 906, donde claramente se deja sentado que no procede la libertad cuando el término transcurre por maniobras dilatorias o cuando hay una causa justa o razonable que impide iniciar el juicio oral”.
Mendoza Diago afirmó a la mencionada casa radial, que “en principio creemos que hay una causa justa o razonable, para que no se iniciara el juicio oral porque había unos asuntos pendientes de resolver, que había promovida la propia defensa. Ahí es donde no compartimos el asunto y por eso presentamos el recurso de apelación”.
SOCIEDAD PREOCUPADA
Al reiterar su preocupación por lo acontecido, el Fiscal General sostuvo que “se hace un esfuerzo para judicializar esos casos y luego encontramos que todo es inútil, que es un desgaste irrecuperable”, y subrayó que “ antes que preocupación personal e institucional, lo que más nos inquieta es que se preocupe la sociedad, porque nosotros tenemos que rendirle cuentas es a la sociedad, y cada vez que ocurre esto nosotros estamos vulnerando derechos de la sociedad, que es la más perjudicada y cuya preocupación más nos inquieta a nosotros”.
Dijo que aunque el proceso contra los 17 investigados continúe y exista posibilidad de recapturar a esas personas, “una de las manifestaciones de la impunidad, es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan, porque la sociedad se pone en peligro”.
El Fiscal General recalcó que “lamentablemente tenemos el problema de que cuando las interpretaciones son las causantes de esas dificultades nada podemos hacer, porque si yo comienzo a interpretar a mi manera el concepto de causa justa o razonable o de maniobra dilatoria no hay norma que sirva”.
Por último, el Fiscal indicó que siempre que se otorgan libertades por vencimiento de términos se inician investigaciones en lo disciplinario y en lo penal, pero ello no quiere decir que se esté condenando a alguien, agregó.
