miércoles, 26 de junio de 2013

ESTAFADORES TOMAN EL NOMBRE DE GOBERNACION DEL TOLIMA, PARA VENDER REVISTA


Comunicado a la opinión pública

La Gobernación del Tolima se permite informar a la opinión pública que personas que no pertenecen a la administración seccional, actuando en nombre de esta organización, están pidiendo recursos económicos a los empresarios para la impresión de una revista.

La Gobernación del Tolima aclara que en ningún momento patrocina o avala a empresas que hablan en nuestro nombre para la realización de un informe de gestión impreso; razón por la cual pide a los empresarios abstenerse de realizar cualquier tipo de inversión donde se use el nombre de la administración seccional como garante a cambio de un publireportaje y denuncie ante las autoridades respectivas este tipo de conductas. 

martes, 11 de junio de 2013

Capturado concejal de Lerida - Tolima; para cumplir condena por concierto para delinquir

Investigadores del CTI Ibagué dieron cumplimiento a la orden de captura emitida por el  Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué, en contra del concejal del municipio de Lérida (Tolima), José Alfonso Agudelo Mejía, condenado a seis años y seis meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.

Agudelo Mejía fue hallado culpable de estar vinculado a las autodefensas que tenían injerencia tanto en Lérida, como en los municipios de Armero Guayabal y Líbano (Tolima), tras la investigación liderada por la Fiscalía 39 Seccional.

El político se entregó voluntariamente luego de conocer la orden que pesaba en su contra y permanece recluido en la cárcel para varones del municipio de Líbano.

sábado, 8 de junio de 2013

HOMBRE ENTERRADO VIVO EN BOLIVIA; POR VIOLAR UNA MUJER, FUE SACADO DE LA AUDIENCIA PUBLICA, POR LA GENTE ENFURECIDA


La gente reunida y enfurecida ató al sospechoso de manos y pies y lo golpeó sin piedad, según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí - Bolivia.

“Después lo llevaron al cementerio de Colquechaca y lo introdujeron a un cajón para después enterrarlo con la cabeza hacia arriba junto al cadáver de la mujer que presuntamente mató”, contó ayer Barrios.

La violación y el crimen de la mujer se registraron la semana pasada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el padre del sospechoso tenía problemas de terrenos con los padres de la víctima por lo que el joven actuó contra la mujer por venganza.

“El padre del joven acusado de violación también fue detenido junto con su hijo por complicidad en el crimen de la mujer, pero con todo lo que pasó en la audiencia cautelar, la audiencia para este hombre también fue suspendida”, dijo Barrios.

Ayer, los familiares del joven de 17 años llegaron hasta el cementerio, donde los comunarios mantienen una vigilia para impedir el ingreso de la Policía.

“Intentaron convencer a la gente para que el cadáver del joven sea devuelto, pero los dirigentes del sector se negaron”, dijo el fiscal. Señaló que la Fiscalía reprocha la violación y el crimen de los que la mujer fue víctima, pero que busca a los instigadores del linchaminto.

El indulto negado a Alberto Fujimori expresidente peruano.


El presidente del Peru,  Humala ha finalmente tomado una decisión sobre el indulto solicitado en favor de Alberto Fujimori. Y lo ha negado.

Como el indulto supone hacer una excepción para una persona respecto de lo que la ley manda para todas las que han incurrido en iguales actos, esta negativa quiere decir que el presidente Humala ha decidido no hacer excepciones con el señor Fujimori.

¿Es esta una decisión correcta? Es decir, ¿existían justificaciones de peso para dar a Alberto Fujimori un trato diferente del que manda la ley? En lo que sigue damos nuestras respuestas al margen de la opinión que hemos expresado ya varias veces sobre la figura del indulto en sí y sobre la forma en la que creemos debe ser reemplazada.

Ciertamente, el argumento que sostiene que el señor Fujimori merece ser perdonado por los delitos cometidos en base a los numerosos y productivos aciertos que tuvo durante sus mandatos, no constituye una buena justificación. Al menos en los estados democráticos no existe algo así como un “pase para delinquir” al que uno pueda acceder si logra ciertos objetivos. Y la comprobada verdad es que Alberto Fujimori delinquió.

Delinquió, de hecho, sistemáticamente, y no solo en lo que toca al tipo de delitos que sus defensores encuentran justificados dado el contexto de guerra contra el terrorismo en el que sucedieron. No. El señor Fujimori cometió también una serie de delitos que ni sus seguidores más obcecados podrían relacionar con los intereses del país: es demasiado evidente que procedió de acuerdo con su propio interés por acaparar la totalidad del poder y perpetuarse en él. Por ejemplo, cuando fue desarmando, una a una, las instituciones que existían para limitar su poder y garantizar los derechos de sus ciudadanos, logrando que, verbigracia, todos los asuntos judiciales de importancia se resolviesen en la celebérrima salita (y bajo las secretas cámaras) de su socio-asesor. O cuando desvió sistemáticamente recursos de los contribuyentes para comprar congresistas, alcaldes, partidos, firmas, magistrados, generales, periodistas y prensa chicha. O cuando giró, de su puño y letra, un cheque por US$ 15 millones para el asesor que él mismo juraba lo había traicionado durante 10 años consecutivos, a fin de que este pudiera huir a un exilio dorado (el mismo asesor, por cierto, con el que muy poco tiempo atrás había aparecido en Palacio de Gobierno para denunciar una red de tráfico de armas que, según resultó, Montesinos mismo dirigía). Los ejemplos, en fin, son legión. Tampoco vale el argumento de la “dignidad presidencial”. Si alguien socavó la dignidad de nuestra máxima magistratura, ese fue el presidente que mintió desde el comienzo de su mandato sobre su nacionalidad misma y que terminó disfrazando de fiscal a su edecán para irrumpir en la casa de la esposa de su ex asesor y llevarse de esta varios maletines con videos. Maletines que luego embarcaría en un viaje que tomó supuestamente para ir a una cumbre pero que en realidad fue para faxearnos su renuncia a la jefatura del Estado desde el país extranjero del que, conforme nos enteramos entonces, era nacional (y a cuyo Senado luego postularía después). Un presidente, en fin, que extremó tanto su desfachatado desprecio por la ciudadanía que, incluso ya extraditado y en medio de un proceso judicial, se dio el lujo de guiñarle el ojo frente a cámaras al asesor-narcotraficanteal que acusaba de todas sus culpas en el mismo proceso.

Por su parte, la tesis que sostiene que hay otras autoridades que han cometido varios delitos semejantes a los del señor Fujimori y que sin embargo andan libres –o incluso en algún nivel del poder-, también es débil. Lo que está mal es que hayan culpables que escapen a la justicia, no que algunos de ellos sí sean alcanzados por esta.

A nuestro parecer, el único argumento que hubiera podido valer para el indulto era el humanitario. En un estado civilizado la crueldad tiene que ser el patrimonio exclusivo de los delincuentes. La justicia no exige que alguien que perdió ya su libertad mientras tenía salud deba también agonizar en prisión. El problema, sin embargo, es que no se ha probado que Alberto Fujimori esté en una situación extrema de salud. Y más bien sí han salido a la luz diversos indicios que apuntarían a lo contrario.

Nosotros no creemos en encarnizamientos y si el señor Fujimori estuviese en una situación médica que lo justificase, estaríamos de acuerdo con que salga de prisión (siempre y cuando, claro está, se aplicase el mismo trato a todos nuestros presos en situación similar). Pero como al mismo tiempo sí creemos en el Estado de Derecho y en el poder de los ejemplos, pensamos que mientras no se pruebe que el anterior es el caso, el señor Fujimori debe de permanecer en el lugar en el que lo han colocado, antes que nada, sus propios actos.

martes, 4 de junio de 2013

Gobernador aceptó renuncia del Secretario de Educación del Tolima



En las últimas horas Pedro José Leal, presentó su carta de dimisión al cargo de secretario de Educación, aduciendo problemas personales.

El Gobernador del Tolima, destacó la importante labor de Leal, frente a la cartera de educación. Se expresó del hoy ex funcionario como una persona leal, trabajadora y responsable en sus actuaciones públicas y privadas.

 Como encargada de la Secretaría de Educación, será nombrada Pilar Morera, mientras se define el nombramiento en propiedad.

“Es un hombre positivo, es un hombre de una visión importante, es un hombre leal, es un hombre que entregó todo de sí, para sacar adelante ese importante y complejo despacho”, describió a Pedro Leal, el mandatario seccional.

 Sobre las quejas de los alcaldes sobre nombramientos de profesores, Delgado Peñón, respondió “que hay que entender a los mandatarios locales, tiene problemas en cada una de sus localidades, pues a veces sale un profesor por traslado o por pensión y el nombramiento es muy engorroso, porque hay que pedirle permiso a la fusión pública, hay muchos tramites y eso enoja a los alcaldes con razón y entonces se cree el secretario es el responsable”, puntualizó el mandatario seccional.


domingo, 2 de junio de 2013

El pasado sábado se cumplió el plazo dado por el Presidente para erradicar las denomidas ollas del microtrafico. Se avanzó, pero no se logró.


Tomado del tiempo.com

El 'Bronx', la peligrosa 'olla' de Bogotá, ha sido una de las más difíciles de intervenir. En ella se movía un negocio de 7.000 millones de pesos mensuales, dice la Policía.Foto: Abel Cárdenas

En los sesenta días de guerra a las ‘ollas’ que se cumplieron el pasado sábado –luego del plazo dado por el presidente Juan Manuel Santos el primero de abril para erradicar 24 de estas en 20 ciudades del país–, las autoridades no solo le dieron un golpe a la esencia del millonario negocio del microtráfico (que se pelean bandas criminales), sino que descubrieron un mundo nuevo de hampa y explotación sexual.

La Policía llegó a sitios a donde nunca había llegado la ley, capturó a 1.923 personas e incautó un arsenal de armas y millonarios cargamentos de droga.

Uno de los hallazgos más dramáticos de las autoridades fueron los niños y ancianos, que eran utilizados no solo para vender drogas sino para prostituirse, en Cúcuta, Neiva, Armenia y Cali.

En la capital del Valle, las autoridades hallaron en el sitio ‘El Calvario’ a dos niños, de 13 y 14 años, vestidos con ropa de niña y consumiendo ‘sacol’ (pegante). Los menores vendían su cuerpo en el lugar a personas adultas para poder pagar la droga que consumían.

En otros casos, los niños eran utilizados como ‘campaneros’, como llaman a las personas que avisan cuando llegan los policías.

Según uno de los investigadores de la Policía que intervino la olla ‘La cueva del humo’, en Armenia, considerada la más grande del Eje Cafetero, “los niños, desde los cinco años, se prestan para el alboroto en medio de las intervenciones de la Fuerza Pública; mientras tanto, sus parientes ocultan la droga”.

El general Fabio Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifiesta que también está el drama de profesionales a los que la drogadicción los alejó de sus trabajos y de sus familias: “Aquí usted puede encontrar gente de todas las edades y condiciones sociales, es un reflejo de la situación a la que lleva la droga”.

En Cali fueron desarticuladas dos estructuras del microtráfico, lideradas por alias ‘Marta’ y ‘Edwin’, y en Cartagena capturaron a ocho integrantes de la banda ‘los Pilillos’, que eran los más fuertes del Callejón Carrillo del barrio Chino, la ‘olla’ más grande de la ciudad.

En estos operativos encontraron desde granadas de fragmentación, como las halladas en la intervención en Neiva, hasta subametralladoras y pistolas con silenciadores, como las decomisadas en Villavicencio.

Muchas de las casas donde operaban los expendios eran verdaderos búnker, como en Neiva, donde las puertas eran reforzadas con barras de hierro y los antejardines, con cercas de alambre y perros furiosos.

En algunos casos, los traficantes tenían sofisticados sistemas de vigilancia con cámaras y pantallas, como la detectada en el ‘Bronx’, en Bogotá, y en otros, algunos sorprendentes, como el caso de la lora que alertaba sobre la presencia de los policías y que fue hallada en un allanamiento a una ‘olla’ en Soacha. Los dueños del ave eran indígenas, que fueron capturados y dejados en libertad porque no se pudo realizar la audiencia de imputación de cargos ya que no hablaban español.

En Cúcuta, en la zona conocida como ‘Curva pele el ojo’, la Policía Metropolitana halló dosis de ‘coca’ camufladas en compotas. Estas iban marcadas con letras y figuras en la parte externa de los frascos y se ubicaban justo al lado de alimentos de consumo diario. Se incautaron cerca de 200 dosis personales, con varios tipos de narcóticos.

“Encontramos toneladas de estiércol humano que debimos sacar de tres cuadras”, dijo el general José Mendoza, comandante de la Policía en Medellín, en donde se intervino la ‘olla’ Barbacoas. Según el oficial, grandes cantidades de heces humanas se encontraban cerca de porciones de carne cruda, que luego vendedores informales asaban para vender por 7.500 pesos.

En la zona Cachacal, en Barranquilla, “la gente llegaba a morir”, según contó un funcionario del Distrito. Aseguró que allí, hace dos meses, Medicina Legal llegó a tener los cuerpos de 20 habitantes de la calle que murieron en hechos violentos, por sobredosis o enfermedades contraídas en esta zona.

Centros de delincuencia

Más allá de las escabrosas imágenes que se develaron con la entrada a las ‘ollas’, se puso en evidencia un negocio que, además de ser de expendio de droga, servía como centro de delincuencia organizada, disputado por bandas y ‘combos’.

En Bogotá, las autoridades desvertebraron los tres principales ganchos (hombres que lideran estas redes): alias ‘Homero’, ‘Mosco’ y ‘Manguera’. Estos hombres manejaban (sin estar en la zona), las estructuras que dominaban el millonario negocio que hay tras las ollas de Bogotá, de unos 7.000 millones de pesos al mes, y que no es fácil de acabar, como no lo es en el resto del país.

El coronel Camilo Cabana, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirma que estas organizaciones han ido adoptando, como respuesta a los operativos, una estrategia móvil para su negocio ilícito. “Para evitar un allanamiento, ahora prefieren guardar droga en pequeñas cantidades y venderla a domicilio, o a través de los denominados jíbaros”, dice. En eso coincide una fuente de inteligencia, quien afirma que “el expendio móvil es una forma compleja, que seguirá existiendo mientras haya consumo”.

El economista Jorge Alvis, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, advierte sobre otro escenario posible: “Todo proceso de prohibición y de lucha contra las ‘ollas’ es probable que termine restringiendo la oferta y que los precios tengan la tendencia a subir. Eso genera unos incentivos para los expendedores. No es que se vaya a elevar la oferta, pero sí habría incentivos que estimularían a algunas personas a seguir delinquiendo, pero a un mejor precio”.

El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, dice que esta guerra es ganable, pero admite que no es facil: “Podríamos hablar ya de ollas completamente erradicadas y de otras en que demorará un poco más el proceso total, porque no depende solo de la Policía, sino que se requiere de un trabajo social permanente que involucre a todo el Estado”.

¿Hacia dónde está migrando el negocio?

Con la intervención inicial de 24 centros de expendio de drogas en el país, surge la preocupación de hacia dónde migra el negocio. Como consecuencia lógica se desprende una mutación simple, ya conocida por las autoridades, y es el trasteo de las ‘ollas’ a unas calles de distancia, como ocurrió cuando se intervino ‘El Cartucho’, en Bogotá, y se creó el ‘Bronx’. Así lo reconoce Arnulfo Serna, secretario de Seguridad de Medellín, quien señala que cada vez que llegan a recuperar un sector convertido en ‘olla’, el problema se va corriendo a otras calles. Para evitarlo, las autoridades intentan concentrarse en cerrarle el cerco al narcomenudeo y en recuperar de forma definitiva las zonas.

 En Cali, la Alcaldía, además de expropiar predios, realiza jornadas de aseo, pintura, partidos de fútbol; en Armenia se destinarán 50.000 millones de pesos para recuperar la antigua ‘cueva del humo’, y en Barranquilla piensan transformar la zona del ‘Cachacal’.

Falta más apoyo judicial

Pese a los avances, la Policía se queja de la falta de fiscales especializados para avalar órdenes de captura y allanamientos y de que muchos de los detenidos quedan en libertad. En Santa Marta, por ejemplo, se realizaron 461 capturas, de las cuales solo 61 personas están en la cárcel. “Es un desgaste para la Policía”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Fredy Tibaduiza.