Bogotá, 9 de septiembre de 2010. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, abrió indagación preliminar en contra de doce funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional y la Rama Judicial, por los hechos relacionados con las interceptaciones, seguimientos y obtención de expedientes e información confidencial de la Corte Suprema de Justicia.
En atención a la solicitud que formuló el Presidente (e) del Alto Tribunal, Jaime Arrubla Paucar, para investigar la conducta de servidores públicos al servicio de la Rama Judicial que pudieron haber sido reclutados para adelantar procedimientos, al parecer ilegales, el Jefe del Ministerio Público asumió directamente la investigación.
En tal sentido, de manera inmediata, el Procurador General decidió vincular a la indagación a funcionarios del DAS, la Policía Nacional y la Rama Judicial, para determinar si sus conductas son constitutivas de falta disciplinaria.
Los funcionarios que serán investigados son:
- Del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): Los subdirectores de Fuentes Humanas William Romero Sánchez y Wilson Puerto Cantor; el oficial del caso Hámilton Nonato; el coordinador de reclutamiento de fuentes a nivel nacional, Carlos Ariel Alzate; la oficial del caso, de la Dirección General de Inteligencia, Martha Alarcón; y la detective Alba Luz Flórez Gélvez.
- De la Policía Nacional: el Capitán Julián Leonardo Laverde, Jefe de Seguridad del Congreso de la República; Franklin Grijalba, Jefe de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, y los policiales Manuel Pinzón Casallas y David García.
- De la Corte Suprema de Justicia: Blanca Janeth Maldonado González y María Lisandrina Torres, de servicios generales.
Los hechos se relacionan con los recientes reportes de prensa que refieren el testimonio de la detective Alba Luz Flórez Gélvez, en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación.
El Procurador General designó como funcionario comisionado al Director Nacional de Investigaciones Especiales para que instruya y practique las pruebas ordenadas.
En atención a la solicitud que formuló el Presidente (e) del Alto Tribunal, Jaime Arrubla Paucar, para investigar la conducta de servidores públicos al servicio de la Rama Judicial que pudieron haber sido reclutados para adelantar procedimientos, al parecer ilegales, el Jefe del Ministerio Público asumió directamente la investigación.
En tal sentido, de manera inmediata, el Procurador General decidió vincular a la indagación a funcionarios del DAS, la Policía Nacional y la Rama Judicial, para determinar si sus conductas son constitutivas de falta disciplinaria.
Los funcionarios que serán investigados son:
- Del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): Los subdirectores de Fuentes Humanas William Romero Sánchez y Wilson Puerto Cantor; el oficial del caso Hámilton Nonato; el coordinador de reclutamiento de fuentes a nivel nacional, Carlos Ariel Alzate; la oficial del caso, de la Dirección General de Inteligencia, Martha Alarcón; y la detective Alba Luz Flórez Gélvez.
- De la Policía Nacional: el Capitán Julián Leonardo Laverde, Jefe de Seguridad del Congreso de la República; Franklin Grijalba, Jefe de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, y los policiales Manuel Pinzón Casallas y David García.
- De la Corte Suprema de Justicia: Blanca Janeth Maldonado González y María Lisandrina Torres, de servicios generales.
Los hechos se relacionan con los recientes reportes de prensa que refieren el testimonio de la detective Alba Luz Flórez Gélvez, en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación.
El Procurador General designó como funcionario comisionado al Director Nacional de Investigaciones Especiales para que instruya y practique las pruebas ordenadas.
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