La situación hace rato sobrepasó todos los límites de la vergüenza. Tanto, que lo que es un verdadero escándalo que se repite una y otra vez, ya la ciudadanía lo ve con resignación total como algo habitual. Y peor aún, los entes fiscalizadores del Estado permanecen como si no sucediera nada.
De hecho, las reclamaciones y las denuncias en los procesos adjudicatarios giran en su mayoría en torno a un punto especial, como lo es la elaboración de pliegos de condiciones amarrados con requerimientos específicos para beneficiar a contratistas predeterminados, por lo general muy cercanos a los círculos políticos locales.
Se trata, en otras palabras, de licitaciones irregulares entregadas a dedo, muy probablemente a cambio de jugosas compensaciones.
Pero la falta de pudor no termina ahí.
Y es que se ha llegado a tales límites de desvergüenza y desfachatez, que a pesar de las quejas, los reclamos y las denuncias que organismos veedores y aspirantes a contratar con el sector público local expresan a los cuatro vientos cada vez que se va a otorgar un contrato donde las irregularidades son evidentes, la respuesta es siempre la misma. Con una carga de cinismo pocas veces vista antes, las contrataciones siguen adelante con el mayor desparpajo y sin la más mínima preocupación por lo que pueda hacer la justicia.
Porque ese es precisamente el problema, que la justicia hasta el momento lo ha permitido. Y es entonces en este punto que la ciudadanía se pregunta qué sucedió con las promesas de la Fiscalía al crear el año pasado supuestamente unidades nuevas y especializadas en luchar contra la corrupción, cuyos resultados no se ven por ninguna parte.
Sin embargo y retomando lo afirmado en el primer párrafo, los límites que se han desbordado en los últimos tiempos son escandalosos; tanto, que lo que se había visto hasta ahora en la materia parece juego de niños.
