viernes, 4 de mayo de 2018

La Insolvencia, una alternativa para solucionar situaciones financieras de deudores morosos ​


Así lo indicó la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, durante la instalación del IV Congreso Nacional de insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante que se desarrolla en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín.

“Es importante que las personas conozcan que no necesariamente tienen que ir ante un juez o esperar a que sus acreedores les demanden y entrar en un difícil proceso judicial, sino que hay formas y mecanismos que el ordenamiento jurídico les permite para mejorar la situación económica y proteger su patrimonio”, aseguró Zuluaga Vélez.

Según la Viceministra, la Insolvencia de persona natural no comerciante es un mecanismo de acceso a la administración de la justicia incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en el año 2012 cuando entró en vigencia el Código General del Proceso. “Los ciudadanos pueden acudir al diálogo con sus acreedores y lograr acuerdos que protejan su patrimonio y  los derechos del deudor”, señaló.

Durante su intervención, la alta funcionaria fue enfática en evidenciar la necesidad de hacer pedagogía para masificar el uso de este mecanismo alternativo de solución de conflictos e instó a los operadores de la insolvencia y notarios, a resolver las controversias teniendo en cuenta la imparcialidad y la independencia - que son la esencia de la función judicial- y actuar de buena fe y respetando el debido proceso para el evitar nulidades.

“Es con una debida implementación de la figura, un  trabajo serio y dedicado de los operadores, que podemos seguir dando legitimidad y generando confianza en la ciudadanía”, puntualizó Zuluaga Vélez.

Finalmente, la Viceministra de Promoción de Justicia hizo un llamado a los operadores de la insolvencia para que den cumplimiento a la obligatoriedad del reporte de casos en el Sistema de Información de la  Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICCAC

“Necesitamos tener información y estadísticas reales sobre el avance de este procedimiento. Solo con esta información podemos mejorar la política pública frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial frente a este procedimiento de insolvencia”, concluyó.

El Congreso es organizado por la Fundación Liborio Mejía y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con  el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cámara de Comercio de Medellín, Conalbos y el Convention Bureau.

jueves, 3 de mayo de 2018

En Armero Guayabal, golpe a la minería ilegal.


De manera conjunta entre el Batallón Patriotas del Ejército Nacional y Cortolima el pasado 26 de abril adelantaron un operativo en contra de la  minería ilegal de oro aluvial sobre la quebrada “San Pedro” a la altura de la vereda “El Placer” municipio de Armero

Los profesionales del proceso de control y seguimiento de actividades mineras y de formalización minera de la corporación que atendieron este operativo, encontraron afectaciones ambientales como; alteración de la fauna ictica, ocasionada por la socavación de la quebrada para hacer la extracción de oro, además de pérdida de la capa vegetal en la zona de protección de la quebrada, contaminación de suelo y agua por residuos peligrosos tales como, envases de combustibles (aceites y lubricantes).

 Asimismo, se capturó a una persona e incautó elementos que estaban siendo utilizados para la actividad ilícita, dentro de los que se destacan una minidraga, una motobomba y un equipo de buceo, los cuales fueron destruíos en el terreno por las condiciones topográfica y ubicación de los elementos hallados, esto amparado por el Articulo 1 y 2 del Decreto 2235 de 2012.

 “Está quebrada es muy vulnerable a la explotación minera ilegal, el año anterior las autoridades del departamento adelantaron un operativo similar sobre la misma quebrada, pero en otro punto, dado que se estableció que tiene contenido de oro y esto la hace más atractiva a los mineros ilegales, razón por la cual las autoridades han doblado su presencia en el sector”, afirmo Alexander Narváez, líder de  del proceso de control y seguimiento de actividades mineras y de formalización minera de Cortolima.




lunes, 30 de abril de 2018

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA - TOLIMA DESEAN PERTENECER AL VALLE DEL CAUCA.


La copa se reboso para los habitantes del corregimiento de Herrera ubicado en el casco rural del municipio de Rio Blanco - Tolima, la comunidad de esta población  requiere con urgencia la intervención del gobierno departamental en cabeza de Oscar Barreto Quiroga; gobierno que no se ha manifestado con recursos, mucho menos con  obras que beneficien el desarrollo a la comunidad de Herrera.

Los habitantes de Herrera con sus propios medios(pica y pala) desde hace varios años  construyen una vía que los acerque a la población de Florida en el Valle del Cauca situada a tan solo tres del horas, vía  que facilitaría el comercio y el abastecimiento en corto tiempo. 

Lideres del corregimiento de Herrera plantearán en los próximos días al gobierno nacional y departamental (Tolima y Valle) la posibilidad de pertenecer al departamento del Valle del Cauca,  hecho que facilitaría el desarrollo socio económico de la población, hoy vulnerada por un abandono estatal que se ve reflejado en el estado de sus vías y en servicios esenciales como salud y educación. 

Cortolima y Policia del Tolima adelantan operativo minero en Payande


El Subproceso de Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización de Cortolima, realizó verificación de afectaciones ambientales a solicitud del Grupo de Carabineros y Guias Caninos – DETOL en la Mina “La Paloma”, Vereda “El Salitre” – Corregimiento de Payande, municipio de San Luis.

El Operativo de control minero, fue desarrollado en el área del Contrato de Concesión No. 0322-73 que cuenta con Registro Minero Nacional (RMN) de abril de 2018. Durante la diligencia se evidenció a nivel  ambiental afectaciones y riesgo consistente en: 1.Manejo incorrecto de aguas superficiales y de escorrentía, 2.Gestión inadecuada de residuos sólidos y peligrosos; 3.En algunos sectores se encontró material suelto en taludes, los cuales van de verticales a subverticales, que varían desde 2m +/-15m aproximadamente generando factores de riesgo para las personas que allí laboran, por lo tanto se requiere la adecuación del talud de trabajo conformando bermas y bancos a un ángulo de reposo en el cual el talud sea estable. 4. Es importante mencionar que el titular minero, no cuenta con Licencia Ambiental otorgada, ni en trámite ante la autoridad ambiental del Tolima.

 En el procedimiento la autoridad policiva realizó captura de 6 personas e incautación de: 1 volqueta marca "Dodge" con capacidad de 7 metros cúbicos , 1 retrocargador de llantas marca "Case", 1 compresor marca Ingers y herramientas de excavacion; los cuales fueron dejados en custodia del Sr. Audi Fajardo Medina – Administrador de la Mina, quien se comprometió a preservar los elementos y dejarlos a disposición del despacho fiscal URI o la Autoridad Ambiental.

Trabajando por la formalización

Sin embargo, es de anotar que la Corporación ha venido aunando esfuerzos en pro de la legalización y formalización de la comunidad marmolera del corregimiento de Payandè a través de capacitaciones y acompañamiento técnico integral en amparo de los convenios interadministrativos suscritos con Ministerio de Minas y Energía durante los años 2013 – 2016. Finalmente se debe "precisar que la actividad de control y seguimiento a las actividades mineras formales e informales se adelanta en forma continua y persistente para proteger vidas humanas y ecosistemas de suelo claves para el territorio" afirmó el Director General, Jorge E Cardoso R.

jueves, 26 de abril de 2018

Fallo ejemplar de contraloría general de la nación contra contratista

Ejemplar fallo de la Contraloría por $1.174 millones, contra contratista en
Bolívar que se quedó con recursos para construir 225 viviendas por ola invernal

*El daño patrimonial deberá ser resarcido por la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam), por la fallida ejecución de uno de los contratos que le adjudicaron en el departamento de Bolívar, cuando varios pobladores resultaron damnificados por el riguroso invierno que se presentó en 2007.
*No es el único caso donde se dio igual actuación por parte de este contratista, al que con este fallo se le pone un “tatequieto” a sus conductas irregulares.
*Las irregularidades objeto de este fallo con responsabilidad fiscal se dieron en la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2009, por un valor total de $3.770 millones, suscrito por la administración municipal de Calamar (Bolívar).
*El contratista recibió un anticipo equivalente a $934 millones, con la obligación de entregar el 40% de las obras, sin embargo, al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las obras solo presentaron un avance del 13.3%.

Bogotá, 26 de abril de 2018.- En virtud de un fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, de carácter definitivo, la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam) deberá resarcir con el pago de $1.174 millones de pesos el daño que causó al Estado al apropiarse y manejar indebidamente un anticipo de $919 millones, con recursos de regalías, que le dio en 2009 la Alcaldía de Calamar (Bolívar) para construir y mejorar viviendas de interés social que tenían como beneficiarios a damnificados de la ola invernal de 2007.
La actuación de este contratista, que ha estado involucrado en casos similares de incumplimiento en otros municipios del departamento de Bolívar, como en San Pablo (en los años 2011 y 2012), afectó a 225 familias, que resultaron doblemente perjudicadas, primero por la ola invernal y luego por el incumplimiento en la construcción de viviendas de interés social con las cuales se iban a mejorar sus condiciones tras el desastre ambiental.
A través de la Dirección de Juicios Fiscales, el organismo de control dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal contra la Corporación proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar por este este caso, y determinó que la cifra del daño patrimonial, con el ajuste por inflación, corresponde a $1.174 millones.
Mínima ejecución
Las irregularidades se dieron la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2009, por un valor total de $3.770 millones, suscrito por la administración municipal de Calamar con la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales – Colinam.
El contrato financiado con recursos provenientes en más del 80% del Sistema General de Regalías, tenía por objeto la construcción de 225 viviendas de interés social rural y mejoramiento de 71 viviendas de interés social – VIS, para damnificados de la ola invernal, en los corregimientos de Hato Viejo, El Yucal y Barranca Nueva, del municipio de Calamar.
Como ha sucedido en casos sonados como el llamado “carrusel de la contratación” y se ha dado en otros más, a lo largo del país, el contratista Colinam, pese a contar con un anticipo del 30% para dar inicio a las obras, no solo incumplió el objeto contractual, pues apenas ejecutó una parte mínima de las mismas, y eso con condiciones técnicas y de calidad deficientes, sino que se quedó con buena parte de los recursos que recibió.
El contratista recibió un anticipo equivalente a $934 millones, con la obligación de entregar el 40% de las obras, sin embargo, al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las obras solo presentaron un avance del 13.3%.
De las 225 viviendas de interés social que debía construir. el contratista sólo intervino 43, de las cuales no todas estaban en condiciones técnicas viables para ser habitadas; otras incluso fueron terminadas por los beneficiarios del proyecto.
Y de los 71 mejoramientos, solo se intervinieron 5 y, la fecha de inicio de las investigaciones, de esas 5 solo se logró entregar un mejoramiento de vivienda.
Uso indebido del anticipo
A pesar de los requerimientos efectuados tanto por la interventoría como por el municipio de Calamar, para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, este uso indebidamente el anticipo y no invirtió los recursos entregados.
Claramente el avance en obra no fue coherente con los recursos públicos que la administración municipal entregó al contratista, en calidad de anticipo.
Por este incumplimiento, la alcaldía del municipio de Calamar (Bolívar, declaró la caducidad del contrato de obra civil, al contratista Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam), con fundamento en el informe de interventoría que dio cuenta de la inejecución del contrato.
Un contratista incumplido e inoperante
Durante el Proceso de Responsabilidad Fiscal, se tuvo como elemento para la demostración del daño, los actos administrativos mediante los cuales se impusieron multas al contratista, así como las actas de reuniones entre la alcaldía municipal, la interventoría y el contratista.
En estos soportes documentales se da cuenta del incumplimiento e inoperancia del contratista e incluso en algunas de las actas de reunión se señala:
“…la falta de ejecución de las obras debido a dificultades económicas propias y a las condiciones invernales”; situación que era injustificable, toda vez que contaba con recursos públicos girados como anticipo para la consecución de las obras, lo que evidencia una inadecuada inversión de los recursos públicos.
Es así como, en el fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República califica a título de CULPA GRAVE la conducta del contratista, determinando que este no fue diligente en el cumplimiento de los deberes contractuales.
Y dice que “a pesar de las oportunidades que le otorgó la administración para la plena ejecución de las obras, sin justificación válida incumplió con la finalidad para la que se entregaron los recursos, los cuales tampoco retornó”.
Una entidad sin ánimo de lucro que construye edificios residenciales
El contratista Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam) figura en Cámara de Comercio como una ESAL, entidad sin ánimo de lucro, no obstante, desarrolla actividades económicas lucrativas como lo es la construcción de edificios residenciales, construcción de obras de ingeniería civil y comercio al por mayor no especializado.


AMENAZAN A ALCALDESA DE LERIDA - TOLIMA


En un comunicado emitido por  un grupo delincuencial denominado las "Aguilas Negras"  amenazan y declaran objetivo militar a la actual alcaldesa de Lerida Carolina Hurtado y concejales del municipio. 

Investigaciones de Ejercito y Policía Nacional descartan la presencia de grupos al margen de la ley en el municipio de Lerida.

El siguiente es el comunicado:  





La ley Colombiana esta en mora de ver a los corruptos como una política criminal organizada


La Política Criminal en Colombia es  una Política por Construir amparada en  el diseño y la formulación de una  política criminal infiltrada en nuestra sociedad a la cual muchos por ignorancia le rinden culto y respeto. 

El futuro gobierno debe  construir una política criminal propia de un Estado Social y Democrático de Derecho, la cual debe estar enmarcada y limitada por una serie de principios y reglas constitucionales que determinen los parámetros de las acciones del Estado y concebirse en su integralidad. Reglas que permitirán enjuiciar y señalar a corruptos criminales, hoy  conocidos por todos y juzgados por ninguno. 







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