La Fiscalía imputó cargos por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo (por tres hechos) y cohecho impropio (por 8 sucesos) en concurso heterogéneo a Henry José Mejía Padilla, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) de Tolima, por presuntamente haber solicitado y recibido dádivas de usuarios de la entidad a cambio de trámites propios de sus funciones como oficial de catastro grado 7.
Al parecer, con tales irregularidades habría alcanzado a recaudar una suma cercana a los $15.000.000 en los últimos tres años.
El procesado, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, quedó al descubierto tras una denuncia realizada por una víctima a la que le tenía suspendido un proceso por cerca de 6 años, para lo cual ya le había pagado.
Las quejas empezaron a ser reiterativas ante la entidad y llegaron a oídos del mismo director, quien brindó información valiosa a los funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Tolima, para adelantar las respectivas investigaciones.
Bajo la dirección de un fiscal delegado del grupo de Administración Pública, se logró la captura del funcionario en la mañana de este 10 de octubre en su propia oficina, en el centro de Ibagué.
La Fiscalía cuenta con suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física tales como 22 consignaciones de usuarios enviadas a nombre del servidor, a los cuales les ayudó con trámites como cambios de predio, modificación de avalúos, corrección de zona económica, inscripción de mejoras en los inmuebles, englobes, desenglobes, entre otros, que quedaron materializados a través de actos administrativos. Las resoluciones proferidas permitieron determinar la ilicitud de las gestiones.
Gracias a la búsqueda selectiva en bases de datos, se comprobó que Mejía Padilla reclamó el dinero en diferentes casas de giros y remesas no solo en la capital tolimense sino también en varios municipios cercanos, pues su labor se extendía hacia otras zonas del departamento en donde debía visitar los inmuebles de los ciudadanos.
De igual manera, reposa en la carpeta de la investigación contra del hombre de 59 años, un monitoreo de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que se evidencia la exigencia de dinero a los propietarios de bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites que son gratuitos.
Otras comunicaciones demuestran que es amenazado por usuarios insatisfechos porque supuestamente no les cumplió con lo pactado y por ello le aseguraban que lo delatarían con el director del Igac y las autoridades judiciales.
Fue así como la representante de la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión contra el encartado, dada la gravedad y modalidad de la conducta, pues defraudó a la ciudadanía y a una entidad territorial que le brindó absoluta confianza por más de 30 años.
Teniendo en cuenta estos argumentos, el juez avaló tal solicitud y lo privó de la libertad en centro de reclusión donde deberá permanecer mientras continúa la investigación en su contra.
