*De esta suma, $92 mil millones corresponden a la gestión de Guillermo Grosso Sandoval.
*Luego de verificar que se sobrepasaron gastos de administración por $80 mil millones, ahora Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $69.978 millones a dos Superintendentes de Salud y tres Agentes Interventores.
*La imputación cobija a los exsuperintendentes Gustavo Morales Cobo y Conrado Gómez Vélez y los Agentes Interventores Guillermo Enrique Grosso Sandoval, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez Hernández. A todos se les decretaron medidas cautelares.
Bogotá, 29 de octubre de 2018.- La desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrados por Saludcop EPS en intervención (hoy en liquidación), puede ascender a más de $150 mil millones de pesos, indican las investigaciones adelantadas por la Contraloría General de la República.
Una imputación fiscal por $69.978 millones se suma al hallazgo fiscal por más de $80.631 millones evidenciando en la EPS Saludcoop durante el período de intervención a cargo del Agente Interventor Guillermo Enrique Grosso Sandobal.
El hallazgo citado, detectado en una indagación preliminar, se dio al haber sobrepasado el tope de los recursos destinados a Gastos de Administración, dineros que debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados.
Igualmente, la CGR adelantó otra indagación preliminar por las irregularidades en la EPS Cafesalud, durante la presidencia de Grosso Sandoval, donde se evidenciaron hallazgos por más de $2.029 millones.
En forma oportuna, la Contraloría puso estas irregularidades, derivadas de tales indagaciones preliminares, en conocimiento del Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez.
Imputación
La desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrados por Saludcoop EPS en intervención (hoy en liquidación), durante los años 2011, 2012 y 2013, llevó a la Contraloría General de la República a imputar responsabilidad fiscal por cuantía total de $69.978 millones a los exSuperintendentes de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, así como a los agentes interventores para la época de los hechos, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez Hernández.
El organismo de control decretó medidas cautelares contra los presuntos responsables antes mencionados, las cuales permanecerán hasta el final del proceso.
Hechos imputados
La imputación contra los dos exSuperintendentes de Salud y los tres agentes interventores se origina en un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, donde figura como entidad afectada el Ministerio de Salud y Protección Social-Fosyga.
En el curso de la investigación y luego de evaluadas todas las pruebas allegadas al proceso, el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 profirió el Auto de Imputación No.1148, con base en los siguientes hechos:
*Desviación de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de Saludcoop EPS en Intervención, los cuales en vez de destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados, habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el tema médico, ni con el objeto social de la EPS intervenida.
*Igualmente, los recursos de la salud habrían sido utilizados para pagar créditos a largo plazo obtenidos con entidades financieras, los cuales serían transacciones no autorizadas.
Los gastos y/o egresos cuestionados corresponden a Patrocinios; Honorarios por conceptos de auditoría forense y asesoría técnica, Colocación del POS; Pagos por obligaciones financieras a largo plazo; Intereses sobre obligaciones financieras, de mora y sobregiros; Pago a vinculados económicos; y Pagos por contrato de leasing.
Los $69.978 millones considerados por la Contraloría General de la República como presunto detrimento patrimonial, fueron utilizados así:
*Honorarios por asesorías jurídicas pagados a José Joaquín Bernal Ardila ($104.310.00).
*Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Ricardo Calvete & Abogados Asociados ($226.295.100).
*Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Uriel Alberto Amaya Olaya ($360.110.864).
*Honorarios por asesorías jurídicas pagados a Vargas Abogados Cia Ltda ($258.160.000).
*Leasing con Bancolombia ($22.580.154.724).
*Leasing con Banco de Occidente ($12.347.451.223).
*Pagos a la cooperativa Epsifarma ($12.074.252.053).
*Pagos a la Corporación Saludcoop IPS ($20.680.409.494).
*Pagos por cuenta de vinculadas económicas -saldo cesantías- ($436.436.830).
*Pagos por cuenta de Work & Fashion -saldo otros conceptos- ($603.363.000).
*Pagos por cuenta de Healthfoo -saldo otros conceptos- ($307.771.000).
Para la Contraloría, es claro que se produjo una lesión al patrimonio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por el desvío de estos recursos parafiscales puesto que, contrariando su destinación específica, fueron utilizados y aplicados por Saludcoop EPS en Intervención en conceptos totalmente ajenos al aseguramiento en salud, garantía de la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y demás funciones que concede la Ley a las EPS.
La cuantía individual imputada a Saludcoop EPS en Liquidación es de $69.978 millones y se reparte solidariamente así:
*Se le imputa responsabilidad fiscal por $30.008 millones a Wilson Sánchez Hernández, Agente Interventor de la Saludcoop EPS para la época de los hechos.
*$27.324 millones al entonces Agente Interventor, Mauricio Castro Forero.
*$20.470 millones al entonces Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez.
*$16.848 millones al entonces Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Enrique Morales Cobo.
*Y $12.645 millones al entonces Agente Interventor, Guillermo Enrique Grosso Sandoval.
Conducta gravemente culposa
En el caso de los 3 agentes interventores de Saludcoop EPS imputados, la CGR les atribuye conducta dolosa o gravemente culposa y considera que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.
También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarma), en el segundo.
