Para la Contraloría: posible venta de la EPS Medimás debe tener en cuenta derechos de sus afiliados y procedencia de los fondos

*La CGR le ha señalado a la Superintendencia de Salud, además, que tenga en cuenta los informes que muestran la crítica situación financiera de Medimás, entregados mes a mes por el Contralor con funciones de revisoría fiscal que designó allí esa misma entidad.

*Comunicación del Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte al Procurador Fernando Carrillo Flórez sobre la situación financiera y posible venta de Medimás.

Bogotá, 21 de enero de 2019.- El ContralorGeneral de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, puso en conocimiento del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las comunicaciones donde el organismo de control le ha indicado a la Superintendencia de Salud que haga seguimiento a las condiciones en que se adelantaría una posible compra de la EPS Medimás y, además, tenga en cuenta la crítica situación financiera que sigue mostrando la misma, que ha venido reportando el Contralor con funciones de revisor fiscal que designó la propia Superintendencia.

En el tema de un posible ofrecimiento, expectativa de negociación o cambio de dueño de Medimás, la Contraloría considera necesario que previamente se evalúen las condiciones del servicio y la procedencia de fondos.

Y lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiente calidad del servicio de salud a todos los usuarios y afiliados a la EPS Medimás, señaló el Vicecontralor Ricardo Rodrígez Yee, ejerciendo entonces como Contralor General de la República (E), en oficio del 28 de diciembre de 2018 al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

En dicha comunicación, la Contraloría subrayó la preocupante situación financiera que sigue mostrando Medimás:

“(…) Sigue siendo crítica y preocupante la situación financiera de la EPS, así quedó establecido por el último informe de seguimiento con corte al 31 de octubre de 2018presentado por el Contralor con funciones de revisoría fiscal designado por la Superintendencia Nacional de Salud, en el que concluye que “el patrimonio de la EPS se ha venido degradando en forma ostensible*, toda vez que registra un patrimonio negativo de -$178.071 millones de pesos. (…)”

Y el pasado martes 15 de enero, en una nueva comunicación al Superintendente, esta vez firmada por el Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, al recordar las cifras señaladas en el oficio anterior, la Contraloría precisó que:

“(…) el reporte dado por el Contralor con funciones de revisor fiscal asignado a MEDIMÁS EPS SAS en su informe de octubre de 2018, que señala: “(…) al 31 de octubre de 2018, los Estados Financieros de la EPS presentan activos totales de $1.949.243 millones de pesos, pasivos totales por $2.127.314 millones de pesos y patrimonio negativo por -$178.071 millones”, debe analizarse teniendo en cuenta los requerimientos legales del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

El Contralor con funciones de revisoría fiscal ha puesto de presente también giros o desembolsos realizados por Medimás a entidades que no han legalizado los valoresanticipados y “se pueden convertir en detrimento de los recursos del sistema”.

*Tomado del Informe de Seguimiento a la Medida de Vigilancia Especial con corte a 31 de octubre de 2018, literal f del I. Componente Financiero.

EN COLOMBIA APLAZADA LA REFORMA PENSIONAL

Los errores cometidos con la Ley de Financiamiento  podrían haber  influido de  gran forma  para que el gobierno nacional determinara aplazar  la reforma pensional en Colombia, la iniciativa de tal magnitud deberá ser socializada y consultada con todos los sectores involucrados en la misma.

Mientras el gobierno nacional   aplaza la reforma pensional,  para otros sectores la reforma es inaplazable, en el contexto de un sistema de seguridad social que apenas está llegando al 25% de los adultos mayores. A esto se suma  el costo fiscal muy alto para las finanzas del Gobierno central y con alta regresividad por la entrega de subsidios a las pensiones más altas.

La reforma pensional sera aplazada uno o dos años al máximo; tal vez en el 2019 no se hizo  por las graves consecuencias de impopularidad que traería esta reforma al actual gobierno nacional. 

SANCIONAN A 6 CONCEJALES DE FRESNO - TOLIMA, POR NO PERMITIR ELECCIÓN DEL PERSONERO EN EL AÑO 2016.

6 concejales del municipio de Fresno - Tolima fueron sancionados por la Procuraduria provincial de Honda, los cabildantes fueron sancionados por 9 meses para ejercer el cargo; los concejales fueron sancionados en primera instancia por  no haber elegido a tiempo en el año 2016 al personero municipal.

Los concejales sancionados fueron: Diego Wilson Cárdenas Aguirre, Eliécer Zuluaga Sánchez, Rigoberto Orozco Ríos, Elmer Gómez Arias, Wilson Cubillos Reina y Neftalí Alberto de Jesús Varón.

DESMONTAN CAMPAMENTO VENEZOLANO EN BOGOTA.

Hoy vence el plazo entregado por el gobierno  de Peñaloza para el desmonte del campamento transitorio para venezolanos ubicado en el sector del Salitre en Bogota. 

Después de 2 meses los venezolanos residentes deberán abandonar el lugar al cual ingresaron 500 venezolanos quienes en su gran mayoría ya abandonaron el campamento; aun quedan 83 venezolanos quienes se niegan abandonar por no tener a donde ir. 

El Distrito ha dispuesto albergues temporales hasta por tres días para los venezolanos que aun no tengan  sitio de hospedaje. 

Beneficiarios del subsidio de adulto mayor no deben actualizar sus datos

Los beneficiarios del subsidio de adulto mayor para esta vigencia  2019 no deben actualizar sus datos. De igual forma, el monto dispuesto por el Gobierno Nacional es de $75.000 mensuales a partir de los primeros 5 días de febrero. 

El monto aprobado sera cobrado mes a mes y no cada 2 meses como venían cobrando en años anteriores. 

Condenados por corrupción cometieron un grave atentado contra la sociedad y no tienen derecho a beneficios de libertad: Procurador

- Procuraduría apeló libertad de Guido Nule porque no se tuvo en cuenta la gravedad del delito

- Condenados por corrupción deben reparar su daño antes de quedar en libertad

Bogotá, enero 8 de 2019. La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que dejó en libertad de Guido Alberto Nule Marino, sin valorar la gravedad de delito cometido y sin que el procesado haya indemnizado directamente a las víctimas del llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

Para el Ministerio Público el juez debió valorar más allá del cumplimiento formal que exige la ley para conceder la libertad, que en este caso fue de las tres quintas partes de la condena a 21 años impuesta a Nule Marino,  la gravedad de los daños que ocasionó este  peculado por apropiación agravado, como sí  lo hicieron el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de tribunal este subió la condena de 90 meses a 14 años, 11 meses y 15 días de prisión e impuso una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado y ejercer funciones públicas, mientras que la sala Penal fijó la sentencia en 19 años, 5 meses y 11 días y decretó el pago de una multa de más de 13 mil millones de pesos ($13.055.350.000).

“No es lo mismo una apropiación pequeña de los recursos del Estado, a una que supera los miles de millones de pesos, que como en el presente caso asciende según afirmación del ente acusador a una suma de CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS, como valor indebidamente apropiado y según informe de la víctima representada por la Contraloría General de la Nación, a una suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS, los que a la fecha no han sido reintegrados”.

En su apelación ante el Tribunal Superior de Barranquilla la Procuraduría precisó que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C-757 de 2014 “es razonable suponer que entre más grave sea la conducta punible más exigente sea el juez de ejecución de penas para conceder el subrogado de libertad condicional. Por el contrario, entre menos grave sea la conducta, menos exigente para conceder el subrogado”.

El ente de control como garante del orden jurídico y del patrimonio del Estado y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de lucha contra la corrupción de la ONU y la OEA solicitó que para el caso de Guido Nule Marino el estudio de su petición de libertad incluya todas las exigencias del caso, las normativas y los requisitos aplicables para conceder el beneficio.

Finalmente, advirtió que en este caso no aplica el principio de favorabilidad teniendo en cuenta que el artículo 13 de la Ley 1474 de 2011 excluyó el beneficio de la libertad condicional frente al delito de peculado por apropiación, condición que debió ser tenida en cuenta por el juez.

Fiscalía compulsa pagarés a la Corte Suprema de Justicia relacionados con la campaña presidencial de “Colombia Humana”- 2018

En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en los asuntos de su competencia, en relación con un video relacionado con la entrega de dineros en efectivo por parte del señor Juan Carlos Montes, el fiscal de conocimiento ordenó diligencia de registro y allanamiento a la residencia del citado ciudadano, dada la existencia de contradicciones entre las versiones del señor Simón Vélez y del señor Montes en relación con los hechos investigados.

Esta diligencia se practicó el pasado miércoles 26 de diciembre, en presencia del señor Montes, de sus defensores y del representante del Ministerio Público. La orden de allanamiento, el procedimiento y sus resultados fueron declarados legales por el juzgado 41 penal municipal con función de garantías, sin que se hubiese presentado recurso alguno.

En el curso de la diligencia que tuvo por objeto recaudar elementos materiales probatorios en relación con la investigación a cargo del Fiscal Sexto Local Delegado ante el CTI, se obtuvieron documentos relacionados con otros asuntos de financiación de campañas electorales. Se trata de pagarés originales en poder de Juan Carlos Montes, en los que constan préstamos de dinero en efectivo por valor total de cien millones de pesos a favor de la “CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE”, suscritos por la gerente de la misma, señora Blanca Durán Hernández – en calidad de deudora-, a favor de la señora Blanca Azucena Mendoza –en calidad de beneficiaria prestamista-, de fechas 24 de mayo y 13 de junio de 2018.

El pagaré de fecha 13 de junio no se encuentra reportado a la Organización Electoral en el Anexo No. 6.4 del “Informe de Ingresos y Gastos de la Campaña Presidencial”, según la información reportada en el aplicativo “Cuentas Claras” (Resolución 3097 del 2013 del CNE), que como medio abierto fue consultado por la Fiscalía. Por el contrario, el pagaré de fecha 24 de mayo sí obra en los informes que reposan en el Consejo Nacional Electoral.

Por todo lo anterior y dado que el asunto tiene que ver con un aforado constitucional, ajeno a la competencia de la Fiscalía, el fiscal de conocimiento ha dispuesto la remisión de los pagarés originales con destino a la Corte Suprema de Justicia, para lo de su cargo. Adicionalmente, se ha dispuesto la compulsa de copias de la documentación encontrada con destino al Consejo Nacional Electoral, sin perjuicio de los asuntos propios de la Fiscalía.