TOMADO DE SEMANA.COM
ENTREVISTA. Hay que estar atentos a la trashumancia, al intento de utilizar los subsidios como bandera de campaña y a las cuentas de la financiación de campañas, advierte Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Miércoles 12 Enero 2011
Desde ya se calienta la campaña electoral para las próximas elecciones de octubre, en la que los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, entre otros mandatarios locales. Los partidos políticos fraguan sus estrategias y alianzas, los posibles candidatos toman impulso y los observadores electorales se preparan para la maratónica tarea que les espera.
A propósito del trabajo de los observadores, Semana.com consultó a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo vigilar el proceso. Barrios lanzó las primeras advertencias y señaló los riesgos que desde ya se ciernen sobre las elecciones. En su criterio, la ciudadanía debe estar muy atenta a denunciar a quienes querrán aprovecharse de los subsidios para los damnificados del invierno para hacer política, vigilar el traslado de votantes de un lugar a otro para incidir en los resultados, y escrutar con lupa las cuentas de las campañas.
¿Cuáles son las principales características de las elecciones de octubre?
Alejandra Barrios: Cada proceso electoral tiene temas críticos diferentes. En las elecciones locales principalmente es el número de candidatos. En el 2007, alcanzamos un número de 84.000 candidatos. Debido a la reducción de partidos causada por la Reforma Política, esperamos entre 70.000 y 74.000 candidatos. Eso significa que hay que hacer un seguimiento a un gran número de candidatos, de partidos, de movimientos políticos y de ciudadanos.
El segundo aspecto de este proceso electoral es el de la financiación de las campañas políticas. En las elecciones al Congreso de la República se puso de presente la imposibilidad de hacer seguimiento a monto, origen y destino de los recursos. Lamentablemente, en la reglamentación de la Reforma Política el Congreso no creó herramientas para que los partidos hagan informes previos de la financiación, como ocurre en la mayoría de los países, no sólo del mundo, sino de América Latina. No contamos con un instrumento para hacer veeduría, y a enero del 2011, por ejemplo, no tenemos información de quiénes financiaron las campañas políticas de las elecciones del año pasado.
¿Cuáles son los retos de la falta de información?
A.B.: Hay una brecha que facilita la infiltración de dineros ilegales en las campañas, o de dineros de procedencia legal pero que provienen de los ‘carruseles de la contratación’. Frente a ese fenómeno en el que el contratista aporta a una campaña y después el elegido lo contrata, la Reforma Política determinó que aquellos empresarios que reciben la mitad de sus ingresos de contratos con el Estado o de subsidios del Estado no pueden financiar campañas políticas. Entonces, el primer mecanismo de control es preguntar todo el tiempo por los financiadores de las campañas.
El segundo es conocer quiénes son los socios de las empresas que el Estado va a contratar para resolver el problema de la emergencia invernal. Conociendo esa información, creo que le vamos a hacer un seguimiento importante a la financiación de las campañas.
Ahora que mencionó la emergencia invernal, ¿de qué manera esa contingencia representa un riesgo para el proceso electoral?
A.B.: La cifra de damnificados es cercana al número de desplazados en Colombia. Hay municipios que han quedado completamente inundados y destruidos, al igual que las registradurías con toda su información. Algunos municipios deberán ser reconstruidos y muchos ciudadanos se han trasladado a otros. Además de la necesidad de identificar a los ciudadanos de esos municipios, eso significa un cambio del mapa político electoral.
Vamos a ver liderazgos nuevos, ojalá que vayan hacia adelante, pero eso también facilita la utilización de los recursos del Estado para hacer campaña en beneficio propio. El año pasado se hicieron recolecciones de donaciones en las que todos participamos. Los recursos fueron puestos por todos. Nos preocupa que se repita lo que con el programa Familias en Acción, que de manera inescrupulosa se utilizó, según denuncias de la ciudadanía, para hacer campaña.
¿Qué implicación tiene la aplicación de la norma que desarrolló la Reforma Política en las elecciones del 2010?
A.B.: Esa norma tocó tres temas muy importantes. De una parte, lo que tiene que ver con los principios de las organizaciones políticas. En segundo lugar, las sanciones políticas a los partidos y movimientos que avalan candidatos que no han cumplido con requisitos de transparencia o que hayan cometido delitos de lesa humanidad o narcotráfico. El tercero es la financiación de la política. Ahí entran las restricciones a los contratistas del Estado que ya mencioné y el tope del 10 por ciento de apoyo en el caso de empresas privadas.
Todo eso es muy importante. Pero faltó lo esencial: que podamos acceder a información sobre la financiación de una campaña en el momento en que se está desarrollando. Por eso es muy importante que los partidos políticos, al menos los que tienen representación en el Congreso, asuman públicamente la responsabilidad de entregar esa información.
¿Ya han comenzado a recibir denuncias sobre la campaña que se avecina?
A.B.: Hay información que indica que el proceso electoral ya comenzó. En algunos municipios en este mes que pasó, había vallas de posibles candidatos. Hay que señalar que eso no es ilegal porque cualquier ciudadano puede desearle “feliz navidad” a todo el mundo, pero ese es el banderazo. Hay que preguntarle al Consejo Nacional Electoral si una vez esas personas son avaladas como candidatos, esos gastos se cuentan como parte de la campaña.
En algunos municipios preguntamos a qué partido pertenece ese potencial candidato. La respuesta era: está buscando partido. Hay un problema de afiliación política: el candidato es el que busca el partido, y no el partido el que busca el candidato.
¿Qué otros problemas enfrentará el sistema electoral en las próximas elecciones?
A.B.: En Colombia estamos en mora de fortalecer la autoridad electoral. En la reforma quedó planteada la posibilidad de crear fiscalías electorales. Nosotros estamos de acuerdo con que esa fiscalía tenga fuerza, funcione y reciba información. Pero el CNE necesita más cuerpo y mucha más presencia en el territorio nacional.
Otro problema será el de la trashumancia. En las elecciones locales esa es una de las principales amenazas. Hay elecciones que se definen por muy pocos votos, por eso es muy importante poner la estar atentos. Con el fenómeno del invierno se entregarán nuevos documentos, por lo que vamos a tener que hacer un trabajo de seguimiento.
De manera afortunada, la violencia por razones políticas ha disminuido, pero la participación de funcionarios en política se sigue presentando. Ya tenemos un caso ejemplarizante que fue la sanción al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el año pasado. Eso no se nos puede olvidar. Todos los alcaldes y gobernadores están avisados para que eso no les ocurra.
Lamentablemente se seguirán presentando los problemas de siempre: compra y venta de votos, financiación sin reportar, delitos electorales, ofertas de puestos a cambio de votos…
¿Cómo se puede preparar la ciudadanía para ayudar a que el proceso democrático sea transparente?
A.B.: Lo primero que hay que hacer es informarnos muy bien sobre las realizaciones de los gobernadores y alcaldes. Es necesario, como ciudadanos, acudir al cobro político. Eso quiere decir que si hemos tenido un mal alcalde, un mal gobernador o malos concejales, no debemos votar por ese partido político. Es hora de que los partidos políticos comiencen a responder.
En diciembre pasado, la misión presentó en México un balance de cómo el narcotráfico ha afectado el sistema político en Colombia. ¿A qué conclusión llegó la MOE en esa presentación?
A.B.: Lo que hicimos fue llevar la experiencia colombiana para contarles a las autoridades mexicanas y organizaciones lo que nos pasó, para que a ellos no les pase. Estamos en un escenario de recuperación de los escenarios democráticos. Después de perderlos es muy difícil recuperarlos. Uno de los objetivos es hacer, con las autoridades mexicanas, los mapas de riesgo electoral con una mirada específica sobre el narcotráfico. Ese ejercicio ya lo hemos hecho en Perú y estamos haciéndolo en Guatemala, entre otros países. El objetivo es preparar a las organizaciones para enfrentar un reto que impone el narcotráfico que es la financiación política que es aparentemente imposible controlar.
También intercambiamos experiencias sobre lo que significa ejercer la democracia en un escenario alterado por el narcotráfico. Ese intercambio de experiencias nos permitió ver de dónde venimos, cuanto hemos avanzado y analizar de manera conjunta cómo nos afecta ese problema en la región, cómo está en situación de emergencia la democracia.
¿Cómo nos afecta aún ese problema a los colombianos?
A.B.: Hay ciudadanos que aún no confían y otros que están tratando de recuperar la confianza en el sistema político y en el sistema electoral. Hay ciudadanos que ejercemos la ciudadanía desde la resistencia, desde la recuperación de escenarios que se perdieron por la compra de votos, por los asesinatos, por los desplazamientos. Pero hay otros que aún no conocen sus derechos.
¿Por qué son importantes para la democracia las elecciones de octubre?
A.B.: En las elecciones locales nos estamos jugando el bienestar de cada uno de nosotros. Lo que vamos a elegir es cómo será el sistema de salud, cómo va a ser la calidad de las calles, qué tipo de educación tendrán nuestros hijos. Si elegimos mal, estamos eligiendo pobreza, bajos servicios públicos, mala educación, concentración de riqueza, desempleo, falta de vivienda.
Ahora todo el mundo parece sorprendido por lo que pasó con la emergencia invernal. No, lo que ocurrió no es sólo producto de las lluvias. Éste no es un problema de San Pedro. Lo que hemos visto es parte de la desidia y de los malos gobiernos locales. Con la emergencia hemos visto cómo se entregaron las corporaciones autónomas al manejo de intereses personales, para llenar los bolsillos de particulares y no para los ciudadanos. Por eso el llamado es a elegir de manera consciente, informada y honesta.
