TEXTO TOMADO DEL ESPECTADOR.COM
- Fundado hace 15 años en Planadas (Tolima El supuesto barrio de las Farc
En diciembre, las primeras 22 familias del sector Simón Bolívar deberán desalojar sus casas, supuestamente, construidas para beneficiar a familiares o amigos de la guerrilla.
A finales del año 2000, cuando se desarrollaban los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, durante la presidencia de Andrés Pastrana, Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, entonces guerrillero de las Farc, instó a familias pobres de Planadas (Tolima) a invadir un lote abandonado que pertenecía a una fundación y que después fue entregado al municipio.
Según la información que testigos, el guerrillero les decía que con el visto bueno del Secretariado de las Farc, el Comando Conjunto Central, en cabeza de alias Hernán Murillo o el Barbado, quería beneficiar a madres y viudas de combatientes caídos y familias sin vivienda.
“A pesar de su condición de guerrillero, Olivo se mostraba agradable. Llegaba al pueblo en motocicleta, los fines de semana se quitaba el camuflado, se ponía ropa y zapatos finos, entraba a la discoteca y mostraba plata. Visitaba colegios para convencer a los estudiantes de unirse a la subversión. Era el modelo para los jovencitos, que a través de él se enamoraban de la guerrilla, y terminaban en las filas de las Farc”, dice un líder del pueblo.
Este tipo de hechos era normal para las administraciones y la comunidad. Planadas era una extensión de San Vicente del Caguán y la guerrilla había copado espacios sociopolíticos en el sur del Tolima. Incluso, con la policía habían hecho un pacto de no agresión en la zona, dice el comunero.
Ramiro Vargas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Simón Bolívar, recuerda que había salido desplazado de la vereda San Isidro de Planadas, por un grupo de paramilitares que lo acusaba de ser auxiliador de las Farc. Él fue una de las primeras personas que hicieron cambuche y asegura que no había guerrilleros viviendo en el lugar.
Como él, llegaron las demás familias que permanecieron meses debajo de plásticos, hasta que por presión de la guerrilla, una empresa exportadora de café con negocios en el sur del Tolima y el Huila inició la construcción de las viviendas con recursos propios.
David Lozada, actual alcalde de Planadas y quien lo era también en la época, dice que mientras la exportadora construía, la Alcaldía se encargó de la instalación de los servicios públicos, pues no querían involucrarse con la guerrilla. Para entonces, el 70 % de la población tenía sus necesidades básicas insatisfechas (hoy se encuentra en el 60 %) y se registraba entre los 20 municipios con peor calidad de agua (cifra que permanece).
En 2004, al posesionarse como alcalde, John Jairo Hueje encontró a los habitantes del barrio, incluidos 500 niños, en condiciones de extrema pobreza, con casas sin terminar, situación que le pareció suficiente para buscar resolver lo que, según él, se había convertido en un problema social.
Hueje, quien siendo alcalde de Planadas fue arrestado en abril de 2007 por presuntos vínculos con las Farc y absuelto de culpa, es investigado ahora porque presuntamente realizó las viviendas con dineros públicos y les adjudicó los predios a personas que aparecían en una lista que entregó el Comando Conjunto Central de las Farc.
Sin embargo, Hueje desmiente las acusaciones. “Las familias tuvieron que certificar su condición de desplazados ante la oficina de Acción Social, el Concejo Municipal otorgó permiso a la Alcaldía para hacer entrega de los lotes y terminar el plan de vivienda”.
Según el exalcalde, con el fin de postular el proyecto ante la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) se tuvo que presentar el Plan de Ordenamiento Territorial. Reunidas las condiciones, el Gobierno Nacional, en cabeza de Álvaro Uribe, a través del Ministerio de Vivienda, entregó los subsidios, y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) realizó la interventoría.
La Embajada de los Estados Unidos construyó en el barrio un comedor para los niños e ingenieros militares del Batallón General Antonio Baraya y se pavimentó el acceso al barrio en 2006, con recursos del Ministerio de Defensa. Las familias obtenían energía eléctrica de manera ilegal, pero con la empresa de energía del Tolima (Enertolima) se formalizó el sistema eléctrico. Empezaron a pagar luz, predial y agua.
Hueje señala que firmó varios títulos de propiedad sobre la tierra, pero el alcalde que lo sucedió también suscribió otras. En total se construyeron 183 viviendas.
En junio pasado, funcionarios de la Fiscalía, Ejército, Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ingresaron al barrio y realizaron el secuestro y embargo de 22 casas, y no descartan que el mismo procedimiento se aplique a las demás.
A sus propietarios les comunicaron que postulados a Justicia y Paz, entre ellos Olivo Saldaña, denunciaron que las viviendas se adjudicaron a personas que tenían vínculos con las Farc.
“Nos dijeron que las casas son para restitución de tierras a las víctimas de este grupo armado, dentro del proceso de Justicia Transicional”, afirma Katerine Charry, líder de este barrio.
Durante el proceso, dos personas firmaron contrato de arriendo por $80.000 mensuales y los restantes suscribieron contrato de comodato gratuito provisional, lo cual se establece en el Código Civil y la Ley 820 de 2003, aplicable y referente al régimen de arrendamiento de vivienda urbana.
“Nos advirtieron que en seis meses vendrían y si no nos hemos ido, nos van a desalojar”, afirma Ana Gaviria, una de las habitantes, quien agrega que no tiene nada que ver con las Farc y que es injusto que le quiten su vivienda. Ella dice que en 2013 se la compró por $12 millones a Arley Dussán, un trabajador conocido en la zona.
Como Ana, la mayoría de personas aseguran que los primeros dueños se fueron y que ahora los habitantes son nuevos y no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió. Advierten que no están dispuestos a irse.
Representantes del Fondo para la Reparación de las Víctimas dijeron mediante escrito que buscarán soluciones concertadas, pero que teniendo en cuenta que el Fondo recibe los bienes en calidad de secuestre para su administración y que es su obligación asegurar la correcta disposición, en caso de no poder llegar a acuerdos con los ocupantes se ejercerán acciones legales.
El alcalde David Lozada señala que nunca vio guerrilleros en el barrio y comenta que durante su actual administración se ha hecho inversión en comedores comunitarios para los niños, vías, alcantarillados, y se han hecho nuevas viviendas de interés social, porque quienes viven en el Simón Bolívar son personas de bien.
