lunes, 30 de abril de 2018

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA - TOLIMA DESEAN PERTENECER AL VALLE DEL CAUCA.


La copa se reboso para los habitantes del corregimiento de Herrera ubicado en el casco rural del municipio de Rio Blanco - Tolima, la comunidad de esta población  requiere con urgencia la intervención del gobierno departamental en cabeza de Oscar Barreto Quiroga; gobierno que no se ha manifestado con recursos, mucho menos con  obras que beneficien el desarrollo a la comunidad de Herrera.

Los habitantes de Herrera con sus propios medios(pica y pala) desde hace varios años  construyen una vía que los acerque a la población de Florida en el Valle del Cauca situada a tan solo tres del horas, vía  que facilitaría el comercio y el abastecimiento en corto tiempo. 

Lideres del corregimiento de Herrera plantearán en los próximos días al gobierno nacional y departamental (Tolima y Valle) la posibilidad de pertenecer al departamento del Valle del Cauca,  hecho que facilitaría el desarrollo socio económico de la población, hoy vulnerada por un abandono estatal que se ve reflejado en el estado de sus vías y en servicios esenciales como salud y educación. 

Cortolima y Policia del Tolima adelantan operativo minero en Payande


El Subproceso de Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización de Cortolima, realizó verificación de afectaciones ambientales a solicitud del Grupo de Carabineros y Guias Caninos – DETOL en la Mina “La Paloma”, Vereda “El Salitre” – Corregimiento de Payande, municipio de San Luis.

El Operativo de control minero, fue desarrollado en el área del Contrato de Concesión No. 0322-73 que cuenta con Registro Minero Nacional (RMN) de abril de 2018. Durante la diligencia se evidenció a nivel  ambiental afectaciones y riesgo consistente en: 1.Manejo incorrecto de aguas superficiales y de escorrentía, 2.Gestión inadecuada de residuos sólidos y peligrosos; 3.En algunos sectores se encontró material suelto en taludes, los cuales van de verticales a subverticales, que varían desde 2m +/-15m aproximadamente generando factores de riesgo para las personas que allí laboran, por lo tanto se requiere la adecuación del talud de trabajo conformando bermas y bancos a un ángulo de reposo en el cual el talud sea estable. 4. Es importante mencionar que el titular minero, no cuenta con Licencia Ambiental otorgada, ni en trámite ante la autoridad ambiental del Tolima.

 En el procedimiento la autoridad policiva realizó captura de 6 personas e incautación de: 1 volqueta marca "Dodge" con capacidad de 7 metros cúbicos , 1 retrocargador de llantas marca "Case", 1 compresor marca Ingers y herramientas de excavacion; los cuales fueron dejados en custodia del Sr. Audi Fajardo Medina – Administrador de la Mina, quien se comprometió a preservar los elementos y dejarlos a disposición del despacho fiscal URI o la Autoridad Ambiental.

Trabajando por la formalización

Sin embargo, es de anotar que la Corporación ha venido aunando esfuerzos en pro de la legalización y formalización de la comunidad marmolera del corregimiento de Payandè a través de capacitaciones y acompañamiento técnico integral en amparo de los convenios interadministrativos suscritos con Ministerio de Minas y Energía durante los años 2013 – 2016. Finalmente se debe "precisar que la actividad de control y seguimiento a las actividades mineras formales e informales se adelanta en forma continua y persistente para proteger vidas humanas y ecosistemas de suelo claves para el territorio" afirmó el Director General, Jorge E Cardoso R.

jueves, 26 de abril de 2018

Fallo ejemplar de contraloría general de la nación contra contratista

Ejemplar fallo de la Contraloría por $1.174 millones, contra contratista en
Bolívar que se quedó con recursos para construir 225 viviendas por ola invernal

*El daño patrimonial deberá ser resarcido por la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam), por la fallida ejecución de uno de los contratos que le adjudicaron en el departamento de Bolívar, cuando varios pobladores resultaron damnificados por el riguroso invierno que se presentó en 2007.
*No es el único caso donde se dio igual actuación por parte de este contratista, al que con este fallo se le pone un “tatequieto” a sus conductas irregulares.
*Las irregularidades objeto de este fallo con responsabilidad fiscal se dieron en la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2009, por un valor total de $3.770 millones, suscrito por la administración municipal de Calamar (Bolívar).
*El contratista recibió un anticipo equivalente a $934 millones, con la obligación de entregar el 40% de las obras, sin embargo, al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las obras solo presentaron un avance del 13.3%.

Bogotá, 26 de abril de 2018.- En virtud de un fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, de carácter definitivo, la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam) deberá resarcir con el pago de $1.174 millones de pesos el daño que causó al Estado al apropiarse y manejar indebidamente un anticipo de $919 millones, con recursos de regalías, que le dio en 2009 la Alcaldía de Calamar (Bolívar) para construir y mejorar viviendas de interés social que tenían como beneficiarios a damnificados de la ola invernal de 2007.
La actuación de este contratista, que ha estado involucrado en casos similares de incumplimiento en otros municipios del departamento de Bolívar, como en San Pablo (en los años 2011 y 2012), afectó a 225 familias, que resultaron doblemente perjudicadas, primero por la ola invernal y luego por el incumplimiento en la construcción de viviendas de interés social con las cuales se iban a mejorar sus condiciones tras el desastre ambiental.
A través de la Dirección de Juicios Fiscales, el organismo de control dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal contra la Corporación proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar por este este caso, y determinó que la cifra del daño patrimonial, con el ajuste por inflación, corresponde a $1.174 millones.
Mínima ejecución
Las irregularidades se dieron la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2009, por un valor total de $3.770 millones, suscrito por la administración municipal de Calamar con la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales – Colinam.
El contrato financiado con recursos provenientes en más del 80% del Sistema General de Regalías, tenía por objeto la construcción de 225 viviendas de interés social rural y mejoramiento de 71 viviendas de interés social – VIS, para damnificados de la ola invernal, en los corregimientos de Hato Viejo, El Yucal y Barranca Nueva, del municipio de Calamar.
Como ha sucedido en casos sonados como el llamado “carrusel de la contratación” y se ha dado en otros más, a lo largo del país, el contratista Colinam, pese a contar con un anticipo del 30% para dar inicio a las obras, no solo incumplió el objeto contractual, pues apenas ejecutó una parte mínima de las mismas, y eso con condiciones técnicas y de calidad deficientes, sino que se quedó con buena parte de los recursos que recibió.
El contratista recibió un anticipo equivalente a $934 millones, con la obligación de entregar el 40% de las obras, sin embargo, al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las obras solo presentaron un avance del 13.3%.
De las 225 viviendas de interés social que debía construir. el contratista sólo intervino 43, de las cuales no todas estaban en condiciones técnicas viables para ser habitadas; otras incluso fueron terminadas por los beneficiarios del proyecto.
Y de los 71 mejoramientos, solo se intervinieron 5 y, la fecha de inicio de las investigaciones, de esas 5 solo se logró entregar un mejoramiento de vivienda.
Uso indebido del anticipo
A pesar de los requerimientos efectuados tanto por la interventoría como por el municipio de Calamar, para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, este uso indebidamente el anticipo y no invirtió los recursos entregados.
Claramente el avance en obra no fue coherente con los recursos públicos que la administración municipal entregó al contratista, en calidad de anticipo.
Por este incumplimiento, la alcaldía del municipio de Calamar (Bolívar, declaró la caducidad del contrato de obra civil, al contratista Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam), con fundamento en el informe de interventoría que dio cuenta de la inejecución del contrato.
Un contratista incumplido e inoperante
Durante el Proceso de Responsabilidad Fiscal, se tuvo como elemento para la demostración del daño, los actos administrativos mediante los cuales se impusieron multas al contratista, así como las actas de reuniones entre la alcaldía municipal, la interventoría y el contratista.
En estos soportes documentales se da cuenta del incumplimiento e inoperancia del contratista e incluso en algunas de las actas de reunión se señala:
“…la falta de ejecución de las obras debido a dificultades económicas propias y a las condiciones invernales”; situación que era injustificable, toda vez que contaba con recursos públicos girados como anticipo para la consecución de las obras, lo que evidencia una inadecuada inversión de los recursos públicos.
Es así como, en el fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la República califica a título de CULPA GRAVE la conducta del contratista, determinando que este no fue diligente en el cumplimiento de los deberes contractuales.
Y dice que “a pesar de las oportunidades que le otorgó la administración para la plena ejecución de las obras, sin justificación válida incumplió con la finalidad para la que se entregaron los recursos, los cuales tampoco retornó”.
Una entidad sin ánimo de lucro que construye edificios residenciales
El contratista Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam) figura en Cámara de Comercio como una ESAL, entidad sin ánimo de lucro, no obstante, desarrolla actividades económicas lucrativas como lo es la construcción de edificios residenciales, construcción de obras de ingeniería civil y comercio al por mayor no especializado.


AMENAZAN A ALCALDESA DE LERIDA - TOLIMA


En un comunicado emitido por  un grupo delincuencial denominado las "Aguilas Negras"  amenazan y declaran objetivo militar a la actual alcaldesa de Lerida Carolina Hurtado y concejales del municipio. 

Investigaciones de Ejercito y Policía Nacional descartan la presencia de grupos al margen de la ley en el municipio de Lerida.

El siguiente es el comunicado:  





La ley Colombiana esta en mora de ver a los corruptos como una política criminal organizada


La Política Criminal en Colombia es  una Política por Construir amparada en  el diseño y la formulación de una  política criminal infiltrada en nuestra sociedad a la cual muchos por ignorancia le rinden culto y respeto. 

El futuro gobierno debe  construir una política criminal propia de un Estado Social y Democrático de Derecho, la cual debe estar enmarcada y limitada por una serie de principios y reglas constitucionales que determinen los parámetros de las acciones del Estado y concebirse en su integralidad. Reglas que permitirán enjuiciar y señalar a corruptos criminales, hoy  conocidos por todos y juzgados por ninguno. 







lunes, 23 de abril de 2018

CORTE INTERAMERICANA PIDE ADOPTAR MEDIDAS PARA CORREGIR LA DETENCIÓN PREVENTIVA


Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben adoptar medidas judiciales, legislativas y administrativas para corregir la excesiva aplicación de la detención preventiva

La CIDH destaca las que ya han implementado Colombia, Argentina, Estados Unidos y Perú, que han representado avances en la materia.

Bogotá, 23 de abril de 2018. Con el apoyo financiero del Fondo Español para la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe sobre las medidas orientadas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, aprobado el 3 de julio de 2017 y que presenta como conclusión que el uso excesivo de este mecanismo es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.

El informe fue emitido por primera vez el 30 de diciembre de 2013, por lo que este segundo periodo de análisis va de enero de 2014 a abril de 2017. El mismo incorpora una serie de recomendaciones dirigidas a los estados –tanto de naturaleza legislativa y administrativa como judicial– con el fin de que el uso de la prisión preventiva como medida cautelar penal resulte compatible con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

Según la CIDH, los estados deben hacer seguimiento a estas recomendaciones, ya que así podrán tener un mejor y mayor entendimiento de esta materia, y a la vez, contar con herramientas adicionales para adoptar políticas estatales dirigidas a la reducción de la prisión preventiva.

La celeridad en los procesos y la corrección del retardo procesal; la erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o herramienta de control social; la defensa pública y las medidas de carácter general relativas a políticas estatales son algunos de los temas a los que se les hicieron seguimiento y recomendaciones desde el primer hasta el último informe emitido por la Comisión.

La presente edición del informe plantea también un modelo más detallado en cuanto a la adopción de medidas específicas que buscan reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales, tales como la revisión periódica del régimen de prisión preventiva, la realización de audiencias en las cárceles, la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, los mecanismos electrónicos de seguimiento y los procesos restaurativos en materia penal.

Por otra parte, el documento destaca de forma particular la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la aplicación de medidas alternativas a la población femenina, considerando los patrones socioculturales discriminatorios y los estereotipos que las exponen de forma particular a violaciones de sus Derechos Humanos.

De igual forma, busca avanzar en la aplicación de un enfoque diferenciado para atender las necesidades particulares de respeto y garantía de una variedad de personas pertenecientes a grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad en el contexto de privación de la libertad, incluyendo a la población afrodescendiente, con discapacidad, indígena, LGTBI y adulta mayor.

Es importante recordar que la Comisión ha reconocido que los estados miembros de la OEA  han realizado importantes esfuerzos relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, lo cual refleja su compromiso y entendimiento respecto a la importancia de utilizar este régimen de conformidad con estándares internacionales en la materia.

En cuanto a asuntos legislativos, se puede observar que varios estados de la región han adoptado medidas que representan importantes avances. Y a nivel administrativo y judicial se han implementado otras relacionadas con la celeridad en los procesos y la corrección de la demora procesal, tales como la celebración de audiencias en las cárceles.

Algunos de los más importantes avances que destaca la CIDH tienen que ver con la reducción de los plazos de la prisión preventiva, la puesta en marcha de procedimientos para agilizar la tramitación de causas penales, la imposición de mayores requisitos para la determinación de la procedencia de la prisión preventiva y la implementación de servicios que permiten evaluar riesgos procesales y supervisar medidas cautelares.

Todas estas recomendaciones están orientadas a ofrecer a los estados herramientas detalladas para hacer un uso racional de la prisión preventiva y ajustar su aplicación a las obligaciones internacionales en la materia.          

Quienes estén interesados en conocer el informe completo pueden ir al enlace https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos%20MJD/PrisionPreventiva.pdf

OLA DE ASESINATOS EN GIRARDOT - CUNDINAMARCA.


Seis personas muertas  deja intensa ola de asesinatos en la ciudad de Girardot - Cundinamarca, los hechos se presentaron en distintos puntos de la ciudad y ha diferentes horas. 

Las autoridades civiles y de policía en la mañana de de hoy han realizado consejo de seguridad con el animo de establecer estrategias de seguridad que combatan el crimen en el puerto cundinamarquez el cual se ha ido incrementando día a día.  


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