Así lo indicó la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, durante la instalación del IV Congreso Nacional de insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante que se desarrolla en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín.
“Es importante que las personas conozcan que no necesariamente tienen que ir ante un juez o esperar a que sus acreedores les demanden y entrar en un difícil proceso judicial, sino que hay formas y mecanismos que el ordenamiento jurídico les permite para mejorar la situación económica y proteger su patrimonio”, aseguró Zuluaga Vélez.
Según la Viceministra, la Insolvencia de persona natural no comerciante es un mecanismo de acceso a la administración de la justicia incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en el año 2012 cuando entró en vigencia el Código General del Proceso. “Los ciudadanos pueden acudir al diálogo con sus acreedores y lograr acuerdos que protejan su patrimonio y los derechos del deudor”, señaló.
Durante su intervención, la alta funcionaria fue enfática en evidenciar la necesidad de hacer pedagogía para masificar el uso de este mecanismo alternativo de solución de conflictos e instó a los operadores de la insolvencia y notarios, a resolver las controversias teniendo en cuenta la imparcialidad y la independencia - que son la esencia de la función judicial- y actuar de buena fe y respetando el debido proceso para el evitar nulidades.
“Es con una debida implementación de la figura, un trabajo serio y dedicado de los operadores, que podemos seguir dando legitimidad y generando confianza en la ciudadanía”, puntualizó Zuluaga Vélez.
Finalmente, la Viceministra de Promoción de Justicia hizo un llamado a los operadores de la insolvencia para que den cumplimiento a la obligatoriedad del reporte de casos en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICCAC
“Necesitamos tener información y estadísticas reales sobre el avance de este procedimiento. Solo con esta información podemos mejorar la política pública frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial frente a este procedimiento de insolvencia”, concluyó.
El Congreso es organizado por la Fundación Liborio Mejía y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cámara de Comercio de Medellín, Conalbos y el Convention Bureau.
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