Procuraduría investigará a mandatarios que no implementen planes de protección para líderes sociales: Carrillo Flórez

“Nosotros creemos en la legitimidad de la protesta social que respete los cánones del Estado de derecho”.

“Sin liderazgos sociales y democráticos no hay democracia, y sin diálogo social aquí no va a haber paz”.

“Tenemos que combatir abiertamente la estigmatización de cualquier líder en este país”.

“Vamos a crear una Delegada para el Diálogo Social”.

“Si nosotros vamos a vulnerar la libertad de prensa, despidámonos de la democracia.

Bogotá, 16 de julio de 2018. “Si va a ser necesario utilizar el poder disciplinario para que alcaldes y gobernadores dispongan de políticas públicas, presupuestos y acción clara en la defensa de los líderes sociales, es como vamos a avanzar”, advirtió el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en la instalación de la ‘Mesa por la protección a la vida’, en Santander de Quilichao, Cauca.

Al anunciar la creación de la Delegada para el Diálogo Social, que tendrá como objetivo facilitar la interlocución de líderes y defensores de derechos humanos en todos los escenarios de protesta que se presenten en el país, Carrillo Flórez afirmó que “creemos en la legitimidad de la protesta social que respete los cánones del Estado de derecho” y por eso “estamos volcando la Procuraduría General de la Nación alrededor del diálogo, la defensa de los derechos territoriales y los derechos humanos”.

El jefe del Ministerio Público reiteró el llamado para dejar atrás los esquemas tradicionales que responden a una protección individual, reactiva y urbana, cuando hoy en día lo que requieren las comunidades es que se escuche su necesidad de contar con una seguridad colectiva para ellos y sus territorios.

El Procurador invitó a los líderes sociales y defensores de derechos humanos a actuar dentro de la institucionalidad. “Si nosotros nos movilizamos adecuadamente, por las vías del Estado de derecho y del instrumento de la Constitución de 1991, que sigue siendo el referente ético más importante de Colombia, vamos a inmovilizar a los asesinos de nuestros líderes sociales”.

Anunció que la entidad investigará todos los casos de estigmatización de líderes sociales, por ser esta conducta la cuota inicial del asesinato en Colombia. “Tenemos que combatir abiertamente la estigmatización de cualquier líder en este país”.

Expresó que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad comparten el propósito de servir de puentes de conversación. “Creemos que sin liderazgos sociales y democráticos no hay democracia, y sin diálogo social aquí no va a haber paz”.

Carrillo Flórez dijo que está convencido de que el diálogo social nunca va a ser tan importante en un gobierno como el que comienza el 7 de agosto, y le pidió institucionalizar un mecanismo que permita la interacción con el ejecutivo, como lo estamos haciendo en el caso del Ministerio Público.

Invitó al nuevo gobierno a escuchar a las comunidades, estar presente en los territorios y priorizar la consolidación de la paz para evitar nuevas muertes de líderes sociales.

En la ‘Mesa por la protección a la vida’ intervinieron además del Procurador General, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; autoridades locales, líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de la región.

Amenazas a periodistas

Al referirse a las recientes amenazas contra periodistas y medios de comunicación, el jefe del órgano de control señaló que “son consecuencia del temor que le han tenido siempre los violentos y los ilegales al poder de denuncia de la libertad de prensa”.

“Si nosotros vamos a vulnerar la libertad de prensa, despidámonos de la democracia. Por eso es importante que en la misma forma como estamos defendiendo a los líderes sociales comencemos a defender la libertad de prensa. Aquí comienzan por los líderes sociales, siguen con los defensores de derechos humanos y ya están amenazando a los periodistas. Este es un escenario y una Colombia que todos queremos dejar en el pasado”, puntualizó. 

LA IZQUIERDA Y LA DERECHA COINCIDEN EN EL PARLAMENTTO COLOMBIANO; ALVARO URIBE E IVAN MARQUEZ DICEN NO.

Hoy  han COINCIDIDO  en Colombia dos férreos opositoreres al decir  NO al congreso de la república que se posesionara el proximo 20 de julio. 

El senador electo Alvaro Uribe Velez como  Ivan Marquez líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) quienes representan las dos caras opuestas de la realidad colombiana es decir la derecha y la izquierda han anunciado hoy que dirán NO  a las peticiones de sus copartidarios en el próximo congreso de Colombia. Uribe dice NO  a la presidencia del senado al igual que Marquez dice NO a su curul  como senador en el parlamento. 

Según expresó Marquez  excombatiente desde Caquetá, la situación judicial de “Jesús Santrich”, las reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una serie de “incumplimientos” a lo pactado en La Habana lo llevaron a tomar esta decisión, que implica que su silla en el congreso sea ocupada por el próximo en la lista cerrada de su colectividad, es decir, Israel Alberto Zuñiga Iriarte, conocido como “Benkos Biohó”.

El expresidente y senador Alvaro Uribe expreso a la solicitud de ser presidente del senado lo siguiente: 

“Sugiero poner la Presidencia en cabeza de un nuevo liderazgo”, argumentó. “Mi deber es promover nuevos líderes comprometidos con la integralidad de los valores democráticos”

DIPUTADO DUQUE DENUNCIA POSIBLE VENTA DE LA SEDE EL LIMONAR DEL HOP FEDERICO LLERAS

AMENAZAN A RECONOCIDAS PERIODISTAS EN COLOMBIA

Una ola de amenazas fue denunciada en la mañana de hoy por tres reconocidas periodistas colombianas que actualmente prestan sus servicios profesionales a medios de comunicación como el Tiempo, RCN Y Cable Noticias, las comunicadoras amenazadas son Yinet Bedoya, Yolanda Ruiz y Maria Ximena Dusan. 

Las tres comunicadoras  realizan programas de opinión en sus receptivos medios con un un protagonismo importante en la pasada campaña presidencial. 

Después del asesinato de lideres en varios rincones del pais, las amenazas ahora recaen sobre comunicadores que podrían ser señalados por grupos al margen de la ley.  Las amenazas se han presentado atraves de las diferentes redes sociales.

Encontrados Falsos Pagos a Victimas de indemnizaciones y ayudas humanitarias Por falsificación de documentos

• Muchos bienes recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas en el marco de los procesos de Justicia y Paz, no pertenecían a los victimarios, por lo que han tenido que restituirse.
• Y en una auditoría financiera, se encontró que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llevó a su pasivo una suma cercana a los $1,5 billones de pesos, cuando la misma, de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz, debe ser pagada por los victimarios y no por el Estado de manera directa.

Bogotá, 10 de julio de 2018.- Una auditoría de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) determinó que algunos pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias destinados a las víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas, por debilidades en el registro y en el cruce de información o por presuntas conductas de orden penal, como la falsificación de documentos.

Estos presuntos hallazgos de carácter fiscal, que alcanzan una suma cercana a los $60 millones de pesos, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La CGR encontró además debilidades en la administración de los bienes destinados a la reparación de las víctimas por parte de la UARIV, donde se destacan las referidas al manejo de los proyectos productivos, que han mostrado una escasa rentabilidad, acumulando en algunos casos pérdidas que se acercan a los $2.000 millones de pesos.  

Así mismo, el organismo de control advirtió que muchos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) no pertenecían a los victimarios, por lo que han debido restituirse. Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques: Cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU), la Casa Castaño y Tolima de las ACCU, con lo que se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.

También se encontró que de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración y por tanto con riesgo de pérdida en su vocación reparadora. Las principales causas que impiden la debida administración son: ocupaciones no autorizadas (47%), minería ilegal o improductividad (9%), orden público y difícil acceso (7%) y otras variables (36%). 

La Auditoría de Cumplimiento a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas detectó 22 hallazgos, 5 de ellos con presunta incidencia disciplinaria, 2 con alcance fiscal y 1 de carácter penal.

La Contraloría le realizó igualmente a esta entidad una auditoría financiera, y encontró que le ha dado un manejo deficiente a sus estados financieros en lo concerniente a los pagos de indemnizaciones a víctimas, pues se llevó al pasivo de la UARIV una suma cercana a los $1,5 billones de pesos, cuando la misma, de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz, debe ser pagada por los victimarios y no por el Estado de manera directa.

Principales conclusiones de la Auditoría de Cumplimiento

En el marco de la auditoría de cumplimiento a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que recayó de manera especial en el manejo de las indemnizaciones destinadas a las víctimas, la CGR emitió concepto de “Incumplimiento material – Con reserva”.

 Advirtió la Contraloría que se hace necesario mejorar los sistemas de información en la entidad, para lograr mayores controles y reducir los riesgos de otorgar pagos de asistencia, atención humanitaria e indemnizaciones a quien no corresponde.

 Así mismo llamó la atención acerca de la necesidad de mejorar las herramientas legales y financieras para sanear física, económica, jurídica y fiscalmente los inmuebles que hacen parte del Fondo de Reparación para mantener su “vocación reparadora”, es decir, que puedan servir para ser entregados como reparación a las víctimas o ser monetizados para pagar indemnizaciones.

 Se destacó, también, la existencia de incoherencias en el registro de solicitudes formuladas por las víctimas, lo que causa incertidumbre acerca de la gestión institucional de la entidad en el último año.

¿Y QUE LE ESPERA AL SECTOR SALUD EN EL FUTURO? Contraloría confirmó hallazgo fiscal por más de $80 mil millones contra exinterventor de Saludcoop

• Guillermo Grosso,  acusado por sobrepasar gastos de administración de la EPS

• El presunto detrimento patrimonial se dio durante la intervención forzosa de la EPS en la vigencia 2015, bajo la administración de Guillermo Grosso Sandoval como Agente Interventor.

• La EPS Saludcoop sobrepasó en más de $80.631 millones el tope de los recursos destinados a Gastos de Administración, dineros que debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados.

• Por la naturaleza del hallazgo, la Contraloría adelantó una Indagación Preliminar cuya conclusión confirmó el detrimento patrimonial con Grosso Sandoval como presunto responsable.

• El Contralor Edgardo Maya Villazón, en su calidad de denunciante calificado, presentó el hallazgo ante el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, para que también se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

Bogotá, 10 de julio de 2018.- Una indagación preliminar adelantada por la Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por más de $80.631 millones de pesos contra el exinterventor de la EPS Saludcood, Guillermo Grosso Sandoval, tal como se había evidenciado en una auditoría concluida a finales de 2016 (sobre la vigencia 2015) a la entonces intervenida empresa, hoy en liquidación.

Tales recursos debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados de la EPS y, en su lugar, fueron invertidos en gastos de administración.

Se trata de hechos nuevos, distintos a los que en su momento dieron origen al millonario Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría contra Saludcoop EPS.

En este caso, se determinó que la EPS Saludcoop sobrepasó en más de $80.631 millones el tope de los recursos destinados a Gastos de Administración.

 Por la naturaleza de las irregularidades encontradas en la auditoría, se decidió llevar a cabo una Indagación Preliminar, que concluyó confirmando el mencionado hallazgo.

Gastos desbordados llevaron a liquidación forzosa

La Contraloría auditó en 2016 a la EPS Saludcoop hoy en liquidación. El informe, liberado en noviembre de ese mismo año, versó sobre la vigencia 2015 (período en el que la entidad se encontraba intervenida).

Durante el mencionado ejercicio auditor, el equipo de la CGR evidenció irregularidades relacionadas con los Gastos de Administración reportados por la EPS en cuantía de $371.469,6 millones.

Esta suma superaba abiertamente el límite previsto en la normatividad, que para la vigencia auditada y respondiendo a los recursos recibidos por Saludcoop por concepto de UPC, se había establecido en $266.961 millones como máximo posible para gastos de administración de la EPS con esos dineros.

La Indagación Preliminar confirmó el detrimento patrimonial, toda vez que se establecieron los criterios técnicos contables necesarios para determinar el porcentaje del 10% destinado a Gastos de Administración de las EPS, establecido en la Ley 1438 de 2011.

En efecto, el informe técnico de la CGR que soportó la indagación preliminar  concluyó que la cuantía de los recursos recibidos por la EPS Saludcoop en Intervención  por concepto de Unidad de Pago por Capitación – UPC, durante la vigencia 2015, ascendió a dos billones seiscientos treinta mil novecientos cincuenta y siete millones novecientos dos mil cuarenta y un pesos con treinta y cuatro centavos ($2.630.957.902.041.34), tomando como base el Estado de Resultados del periodo 1 enero a 30 de noviembre de 2015.

La hasta entonces intervenida EPS Saludcoop entró en liquidación forzosa el 1 de diciembre de 2015, por lo que la auditoría de la Contraloría cubrió la vigencia 2015 hasta esa fecha (del 1 enero al 30 de noviembre).

El informe técnico ratificó que, durante el periodo auditado, Saludcoop E.P.S. En Intervención efectuó Gastos Administrativos que “representan el 15,4% de los ingresos de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, superando el límite establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011 (…)”.

La conclusión general del informe técnico de la Contraloría, fue que:

 “De acuerdo con el análisis de la información suministrada y el acervo probatorio obtenido se evidencia que los gastos de administración causados por la Entidad Promotora de Salud SALUDCOOP EPS OC En Intervención, para el periodo 1 de Enero a 31 de Noviembre de 2015 ascienden a cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos con noventa y dos centavos ($404.889.751.689,92), representando el 15,4% de los ingresos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, superando el límite establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, para la inversión de los recursos provenientes del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en un monto de ochenta mil seiscientos treinta y un millones trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos con setenta y nueve centavos ($80.631.335.936.79)”.

Detrimento a los recursos de la salud

Los hechos evidenciados constituyen un detrimento a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posición que no sólo la Contraloría ha venido reiterando, sino que ha sido ratificada tanto por la Corte Constitucional, como por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Ya la Corte en Sentencia C-549 de 2004 había afirmado que “las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud se erigen como contribuciones parafiscales (…), pues constituyen un gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al Sistema De Seguridad Social en Salud, cuya destinación específica es financiar ese mismo Sistema, con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad”.

Por lo anterior, los recursos del sistema no son propios de las EPS, sino que se trata de recursos públicos que deben destinarse a la prestación del servicio público de salud, por lo que no se pueden destinar a fines diferentes.

La Contraloría pudo entonces evidenciar que Saludcoop EPS OC En Intervención no presentaba margen de utilidad derivada de los giros de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, porque precisamente su realidad económica la había llevado a una intervención administrativa forzosa.

Adicionalmente, la claridad con la que se superaron los topes de los Gastos Administrativos fue confirmada también por la misma Superintendencia Nacional de Salud, durante el trámite de la Indagación Preliminar.

Presuntos responsables

Para individualizar la presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial evidenciado, la Contraloría evaluó el conjunto de actividades, económicas y jurídicas, adelantadas por las personas a cargo de las administración de los recursos públicos de la UPC, identificando al señor Guillermo Enrique Grosso Sandoval como presunto responsable, toda vez que para la fecha de ocurrencia de los hechos actuaba en calidad de Agente Especial Interventor, con funciones de Representante Legal de Saludcoop EPS OC En Intervención.

En desarrollo de la mencionada Indagación Preliminar, la Contraloría pudo verificar la ocurrencia de una afectación al patrimonio estatal, y pudo concluir a partir del material probatorio decretado y practicado, que existían méritos suficientes para trasladar la actuación a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Hallazgo trasladado a la Procuraduría y a la Fiscalía

Por la gravedad de los hechos evidenciados por la Controlaría, se ordenó el traslado del expediente no sólo a la dependencia competente, sino que la decisión fue comunicada por el Contralor General tanto al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, como al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

 Para tales efectos, el propio Contralor en su condición de denunciante calificado, puso los hechos en conocimiento de Procuraduría y Fiscalía para que, en el marco de sus competencias y funciones, se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar.

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