Bogotá, 5 de marzo de 2019: La Procuraduría General de la Nación se reunió en Ibagué con la comunidad deportiva, líderes de ligas deportivas y representantes de los institutos Departamental para la Recreación y el Deporte del Tolima (Indeportes) y Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), con el fin de promover el ejercicio de control social a los procesos de construcción de los escenarios deportivos.
En esta actividad preventiva el IMDRI expuso los avances frente al seguimiento de la ejecución actual de estas obras en la capital tolimense, y el Ministerio Público enfatizó en la importancia de la participación ciudadana en estos procesos, mediante el ejercicio del control social que debe entenderse como un derecho y un deber del ciudadano.
Instó a los participantes a ejercer vigilancia a la gestión pública y a sus resultados, y a evaluar las políticas establecidas por autoridades y particulares que cumplen funciones públicas, de manera individual, a través de sus organizaciones, instituciones o en redes sociales.
La Procuraduría Regional del Tolima enfatizó que el control social es una herramienta que busca garantizar los principios de transparencia y eficiencia en los asuntos públicos, prevenir riesgos y hechos de corrupción en el manejo de recursos estatales, además de evidenciar errores y proponer formulas correctivas para contribuir a la garantía y restablecimiento de los derechos, entre otros.
A través del Instructivo 004 del 22 de febrero de 2019, el ente de control hizo un llamado a la Gobernación del Tolima, a las entidades e instituciones municipales y a las veedurías ciudadanas, a dar cumplimiento a las leyes de transparencia; acceso a la información pública, promoción y protección del derecho a la participación democrática, y a la que reglamenta las veedurías ciudadanas.
Reiteró que la información generada por las entidades estatales no puede ser reservada ni limitada, y se debe proporcionar y facilitar el acceso a la misma de manera amplia, célere, oportuna y completa, absteniéndose de realizar actuaciones que restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
La Procuraduría recordó que la participación ciudadana debe garantizarse como un derecho fundamental, y la comunidad debe tener acceso directo a la información pública a través de los mecanismos establecidos legalmente, con excepción de aquella reservada o clasificada.
