*El departamento y el municipio adjudicaron el servicio de alimentación escolar al mismo proponente: la Fundación Acción Social Integral, que se denominaba antes Fundación Kábala y a la que el Ministerio no le prorrogó en 2015 el contrato que tenía en Bolívar, por presuntos incumplimientos.
*Para la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, el hallazgo reportado a la CGR, además de ser indicativo de una práctica habitual entre las entidades que suscriben este tipo de contratos, como lo es cambiar su denominación, también suscita inquietudes sobre la transparencia de los procesos contractuales adelantados por las entidades territoriales.
Bogotá, 24 de enero de 2016.- En comunicación dirigida al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, denunció la ocurrencia de presuntas irregularidades en la selección de operadores del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar y solicitó apoyo del organismo de control en la investigación de estos procesos contractuales.
La denuncia tiene que ver con la adjudicación de los contratos de prestación de servicios de alimentación escolar, en el Cesar y en su capital, a la Fundación Acción Social Integral, que según estableció el Ministerio de Educación Nacional tiene el mismo número de identificación tributaria de la Fundación Kábala, a la cual, en 2015, el Ministerio no le prorrogó el contrato de prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Bolívar.
“…Surgen múltiples interrogantes al identificar que la misma entidad a la que el Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogarle su contrato en el departamento de Bolívar por presuntos incumplimientos, resulte adjudicataria de manera simultánea en dos entidades territoriales. Máxime cuando la decisión de no prorrogar fue ampliamente divulgada, incluso en rueda de prensa conjunta con la Contraloría General de la República”, manifestó la ministra al Contralor.
Señaló luego que la Fundación Kábala –hoy Fundación Acción Social Integral- fue parte del Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, que operó el Programa de Alimentación Escolar en ese departamento en 2015.
“Por lo anterior, era razonable esperar que las entidades territoriales conocieran acerca de los antecedentes de la Fundación. Sin embargo, a la luz de los resultados de los procesos contractuales pareciera que el desempeño de este operador en el departamento de Bolívar no fue objeto de revisión y/o calificación”, añadió.
La decisión de no prórroga del contrato de la Fundación Kábala se tomó en atención a las reiteradas irregularidades advertidas por la Universidad de Antioquia, en su calidad de apoyo a la supervisión, y el IS Colombia, en su condición de interventor, recordó la ministra Parody
El Ministerio de Educación transfirió al departamento del Cesar y al municipio de Valledupar los recursos para cofinanciar loa operación del Programa de Alimentación Escolar en el año 2016 y –anotó la ministra- los mismos fueron incorporados a sus presupuestos por estas entidades territoriales, que adelantaron sus respectivos procesos contractuales y concluyeron contratando el mismo proponente: Fundación Acción Social Integral.
Una práctica que suscita inquietudes sobre los procesos de contratación
Para la ministra, el hallazgo reportado a la CGR, además de ser indicativo de una práctica habitual entre las entidades que suscriben este tipo de contratos, como lo es cambiar su denominación, también suscita inquietudes sobre la transparencia de los procesos contractuales adelantados por las entidades territoriales.
La titular de la cartera de Educación concluyó su comunicación al Contralor General de la República en los siguientes términos:
“En atención a esta situación, y con el ánimo de garantizar la adecuada operación del programa, comedidamente le solicito el apoyo de la Contraloría General de la República en la investigación de estos procesos contractuales adelantados con el fin de determinar si se presentaron o no irregularidades”.
“Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional solicitará a todas las entidades territoriales revisar la información de sus antiguos operadores así como los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que sea tenida en cuenta por las entidades territoriales certificadas en educación, cuando adelanten sus respectivos procesos de contratación”.
