Procuraduría confirmó destitución a Concejal de Guayatá ( Boyacá)

Bogotá, 23 de octubre de 2009. La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción consistente en destitución e inhabilidad general por 10 años al señor Luís Ariel Toloza Bohorquez, en su calidad de Concejal por violar el régimen de inhabilidades.
Al resolver el recurso de apelación la Procuraduría Regional Boyacá demostró que el señor Toloza Bohorquez se inscribió como Candidato al Concejo Municipal de Guayatá para el periodo 2008-2011, fue elegido popularmente y se posesionó a sabiendas de que se encontraba en causal de inhabilidad.
Al ratificar la decisión proferida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Guateque, el Ministerio Público comprobó que durante el año anterior a la inscripción y elección el señor Toloza Hernández celebró dos órdenes de represtación de servicios con la misma entidad territorial, con lo cual quedó configurada la causal inhabilitante.
El Ministerio Público al dejar en firme la decisión calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima.

AVISO CONVOCATORIA EMPLEOS DECRETO 1294 DE 2009

Se adelantará un proceso de inscripción y valoración de hojas de vida para quienes estén interesados en ocupar mediante nombramiento provisional empleos vacantes creados a través del Decreto 1294 de 2009.
El Ministerio de la Protección Social
y la Comisión Nacional del Servicio Civil

INFORMAN QUE:
Se adelantará un proceso de inscripción y valoración de hojas de vida para quienes estén interesados en ocupar mediante nombramiento provisional empleos vacantes creados a través del Decreto 1294 de 2009.

La inscripción y recepción de documentos se realizará durante los dias 26, 27 y 28 de octubre de 2009 a través de un aplicativo que se encontrará publicado en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Mayor información en· las páginas www.minproteonsocial.qov.co y www.cnsc.gov.co y en el teléfono: 3305000, extensiones 4050, 4060, 4061 y 4079.

CTI CAPTURA A CONCEJAL DE BOGOTÁ

Bogota, 22 de octubre de 2009,Vladimir Melo Carrillo, concejal de Bogotá, fue capturado por agentes del CTI, en desarrollo de una investigación relacionada con la muerte de su esposa. En el transcurso de las próximas 36 horas se realizarán las audiencias preliminares en un Juzgado con funciones de Control de Garantías, en las que una fiscal de la Unidad de Vida solicitará la legalización de la captura, así como la medida de aseguramiento en centro carcelario por la presunta responsabilidad del funcionario en el delito de homicidio.

Procuraduría pide al Consejo de Estado declare responsabilidad del ICBF en caso de menor parapléjico

Bogotá, 22 de octubre de 2009. En un concepto presentado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por los hechos en los que un menor de 1 año de edad, resultó parapléjico en un accidente mientras permanecía en un hogar comunitario.
Los hechos tuvieron lugar el día 21 de febrero de 2000, en el hogar infantil Las Campanitas, de madres comunitarias adscrito al ICBF, cuando un menor de 1 año 1 mes y 23 días, sufrió graves e irreversibles atrofias cerebrales, tras llevarse a la boca una chupa de pegar en la pared que le impidió el paso de oxígeno al cerebro.
Para el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruíz Orejuela, los hogares comunitarios dependen administrativa, operacional y financieramente del ICBF y desarrollan gran parte de los objetivos institucionales del Sistema de Bienestar Familiar, considerado un servicio público a cargo del Estado, “es decir cumplen una función pública que se concreta en la protección de la niñez colombiana.”
Consideró que la falla en el servicio consistió en que la persona encargada de la guardería no vigiló adecuadamente al menor, permitiendo que se introdujera un cuerpo extraño en la boca que afectó notablemente su estado de salud, por cuanto presentó una pérdida de su capacidad en un 94,50 por ciento.
En su opinión, hubo omisión de la entidad demandada en el cumplimiento del deber legal y constitucional de garantizar las condiciones necesarias de seguridad encaminadas a proteger la vida e integridad de los infantes.
La responsabilidad del ICBF, a juicio de la Procuraduría, radica en que no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas tratándose de niños de muy temprana edad que demandan especial atención y cuidado.
“Se debía garantizar la seguridad del hogar comunitario para darle la tranquilidad a los padres que dejan en estos lugares a sus hijos; lo que deja plenamente demostrado el nexo caudal entre el daño antijurídico soportado y la omisión de la entidad demandada”, concluye el Ministerio Público en el concepto.
Finalmente, el Procurador Delegado solicitó que se incremente el valor derivado como reconocimiento de los perjuicios de 100 a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en consideración a las graves secuelas que debe padecer de por vida el menor.

Servicios amigables en salud para adolescentes

(Bogotá D.C., octubre 22 de 2009). En las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, profesionales del sector se preparan para que el programa “Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes” se implemente con oportunidad y calidad.

El programa que cuenta con una inversión que supera los $270 millones busca que los jóvenes encuentren en las instituciones de salud la asesoría necesaria. Dentro de los temas a tratar está la consulta para adelantar procesos de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuidado prenatal, atención de parto y aborto, violencia doméstica y sexual contra menores y mujeres.

La presentación que se adelanta a esta hora por parte del director de Salud Pública, Jorge Enrique Martínez Martí, da a conocer la implementación de la propuesta, así como las iniciativas ¿Bebé? Piénsalo bien, así como el programa de Atención Básica en Salud, ABS.

OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN COLOMBIA AL CUAL MUCHAS EMPRESAS HACEN CASO OMISO

El principal objetivo en esta área es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.

La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.

Corresponde a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva la obligación de dirigir los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que existan como producto del ejercicio de la vigilancia fiscal y de las denuncias presentadas, así como de los informes de otras entidades de control y vigilancia.

Esta misma Contraloría Delegada prepara y publica trimestralmente el Boletín de Responsables Fiscales, que contiene un listado con los nombres de las personas naturales o jurídicas, con su respectiva identificación -cédula de ciudadanía o NIT- que han sido halladas responsables fiscales por la Contraloría General de la República y las Contralorías departamentales, municipales y distritales.