Bogotá, D.C. Febrero 06 de 2012. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios abrió 500 investigaciones e impuso multas por $17.324 millones de
pesos a las empresas prestadoras del país durante el año 2011 por violación al
régimen de servicios públicos y a los derechos de los usuarios. Las quejas y
reclamos de los usuarios, en segunda instancia ante la Superservicios, se
incrementaron en un 8 por ciento, pasaron de 70.034 en el 2010 a 75.710 en el
2011.
El Superservicios, César González Muñoz, destacó el trabajo adelantado
por la entidad en materia de vigilancia y control, pero aseguró que “lo
verdaderamente importante no es sancionar sino lograr el cambio de conducta de
las empresas prestadoras, a las cuales hago un llamado especial para que
cumplan con la ley, se empeñen en prestar servicios públicos de la mejor
calidad y continuidad posibles y, por su puesto, respeten los derechos de los
usuarios.”
Las sanciones
Las empresas a las que la entidad impuso mayores sanciones fueron las
de energía y gas con $12.910 millones de pesos. Las empresas de energía
recibieron sanciones por $4.578 millones, gas natural $1.197 millones y las de
Gas Licuado de Petróleo -GLP- o gas propano $7.135 millones.
Entre las mayores causales de investigación y sanción se encuentran
incumplimientos al Mercado de Energía Mayorista -no garantizar las transacciones
de compra y venta de energía-, no reportar la información que la ley les exige
al Sistema Único de Información -SUI- que administra la Superintendencia y por
no cumplir con las metas de marcación de cilindros de gas propano y recolección
de los cilindros universales.
Las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo recibieron sanciones
por $3.194 millones durante el 2011. A diez de estas empresas, en varias
regiones del país, se les prohibió prestar los servicios por espacio de 10
años.
Los principales motivos de investigación y sanción a las empresas de
acueducto y saneamiento básico fueron por el suministro de agua no apta para el
consumo humano, violación al debido proceso de los usuarios, el no reporte al
SUI, la no aplicación de la metodología tarifaria expedida por la Comisión de
Regulación de Agua Potable -CRA-, inadecuada disposición final de residuos
sólidos y operar sin permisos o licencias ambientales.
En favor de los usuarios
La Superservicios, a través de sus Direcciones Territoriales en
Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, abrió 7.565 investigaciones
e impuso multas por $1.220 millones de pesos a las empresas por Silencio
Administrativo Positivo -SAP-, es decir, por no responder, no hacerlo dentro de
los 15 días hábiles que la ley determina, o hacerlo de manera incompleta, las
quejas y reclamos de los usuarios.
Las quejas más recurrentes de los usuarios fueron por cobros
desconocidos 31%, desviación significativa 14%, esto es, por incrementos
repentinos e inexplicables en sus consumos y el 12% por cobros desconocidos.
De acuerdo con las cifras que maneja la Superintendencia, los usuarios
interpusieron el mayor número de quejas ante las empresas de energía con 41%,
seguido de acueducto con el 34,5% y aseo con el 10,2%. FGO.
FELICIANO GIRALDO ORTIZ
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Externas
y Asuntos del Congreso de la República
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