- Al aceptar falsos recobros de salud, Gobernación de Córdoba pagó $45 mil millones a dos IPS por tratamientos a supuestos pacientes hemofílicos
- Con exámenes de laboratorios alterados, usando membretes de establecimientos de este tipo reconocidos, se probó la existencia de los supuestos pacientes ante la Secretaría Departamental de Salud, que no ejerció los controles debidos antes de pagar los millonarios recobros.
- Los pagos irregulares se hicieron entre 2013 y 2015, directamente a dos IPS que parecieran haberse creado exclusivamente para este efecto, que posteriormente cambiaron de nombre, de representante legal o se desconoce por completo la dirección donde funciona su sede o lugar de trabajo, no existiendo claridad si la operación administrativa de una es en Montería y la otra en Sahagún o si por el contrario desaparecieron.
- El medicamento formulado no fue prescrito por el médico tratante, ni autorizado por la EPS a la cual se deberían encontrar afiliados los pacientes.
Bogotá, 2 de julio de 2016.- En un caso que tiene ribetes delincuenciales, la Contraloría General de la República encontró en el departamento de Córdoba tres nuevos y escandalosos hechos de falsos recobros de salud, con pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y medicamentos que nunca se suministraron, con lo cual se produjo un posible detrimento al patrimonio público por $44 mil 812 millones de pesos.
Haciendo uso de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, la Secretaria de Salud Departamental autorizó estos pagos directamente a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. ($39.062 millones) y San José de la Sabana S.A.S. ($5.750 millones) sin que mediara una EPS, sin verificar la efectiva prestación del servicio, sin que existieran fallos de tutela y, además, sin autorización del Comité Técnico Científico de la EPS, como establece la normatividad vigente.
Los pagos se hicieron en las vigencias 2013 ($18.892 millones), 2014 ($17.012 millones) y 2015 ($3.156 millones). Las IPS mencionadas, que funcionaron hasta 2015, recibieron estos dineros por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, que no está en el POS, a 47 personas en 2013 y a 81 en 2014, presuntamente diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de Von Willebrand.
Según los conocedores de esta enfermedad, que es hereditaria, demográficamente es imposible que de pronto se presenten simultáneamente todos estos casos en un solo departamento, cuando por ejemplo, en el Cesar, que tiene un tamaño similar, apenas se reportaron 2 casos en 2015 y el registro de pacientes hemofílicos que lleva el Ministerio de Salud señala 13 casos en 2013 en Córdoba. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 5 mil nacimientos, solo se presenta un caso de hemofilia.
A esto se suman cuatro casos de recobros por terapias basadas en neurodesarrollo, donde se determinó un hallazgo fiscal por $5.264 millones, con lo cual el presunto detrimento patrimonial detectado por la CGR en esta auditoría, a los recursos del SGP asignados al departamento de Córdoba, totaliza más de $50 mil millones.
Ineficiente gestión de la Secretaría de Salud
Para la CGR, la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en Colombia para el reconocimiento de medicamentos y servicios NO POS de los afiliados al Régimen Subsidiado de este departamento, tampoco implementó los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes o improcedentes y garantizar la correcta inversión de los recursos del SGP destinados para el Sector Salud-Población Pobre No Asegurada (PPNA).
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, puso estos hechos en conocimiento del actual Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y dio traslados de los mismos a la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica.
Maya Villazón recibió el pasado 13 de junio una comunicación del anterior Gobernador, Alejandro Lyons Muskus, donde este le informa que presentó denuncia penal ante la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, contra los representantes de las IPS involucradas, así como contra los funcionarios que laboraban en la Secretaria de Salud Departamental durante los años 2013, 2014 y 2015.
Recobros para pacientes hemofílicos inexistentes
Inicialmente, durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 se realizaron pagos a favor de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. por la suma de $39.062 millones, y de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por $5.750 millones, para un valor total pagado de $44.812 millones, por el supuesto suministro de medicamentos a presuntos pacientes diagnosticados con Hemofilia y/o la enfermedad de Von Willebrand.
Dichos pagos fueron autorizados por la Secretaría de Salud Departamental durante el período del Gobernador Alejandro Lyons Muskus, con base en documentos posiblemente falsos que presentaron estas Instituciones Prestadoras de Salud para probar la existencia de los supuestos pacientes.
Entre los documentos presentados para el recobro se observaron resultados de laboratorios clínicos y diagnósticos médicos supuestamente basados en dichos resultados, así como órdenes médicas en las que se prescribían las dosis correspondientes del medicamento.
No obstante lo anterior, la Contraloría verificó que los exámenes presentados con membretes del “Laboratorio Clínico y Patología Bernardo Espinoza, de Montería, y del “Laboratorio Clínico de Colombia S.A. Pasteur”, de Barranquilla, no habrían sido realizados por estos establecimientos, tal como lo expresaron los representantes legales de los mismos.
Al enterarse de la posible comisión de delitos, estos Laboratorios manifestaron que procederían a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos.
La CGR cuenta también con un documento firmado por un Médico Internista Hematólogo, quien manifiesta que los documentos relacionados con este tema, no fueron suscritos por él, ni tenía conocimiento de ellos, y presuntamente nunca atendió a tales pacientes.
Sin embargo, en los soportes de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, figuran los documentos donde supuestamente el médico con su firma y sello validaba los diagnósticos de la enfermedad y expedía órdenes de suministro de dosis de medicamentos a los supuestos pacientes.
Gobernación pagó por terapias que no se hicieron
La CGR estableció además pagos irregulares por $1.638 millones a 3 IPS, por servicio de terapias basadas en neurodesarrollo, que presuntamente no fueron recibidas, por lo que no se realizó el tratamiento completo recomendado por el Neurólogo Infantil y ordenado por acción de tutela. Aún así, la Gobernación de Córdoba pagó el valor total de las terapias.
Las IPS involucradas son Funtierra IPS Ltda (a la que se pagó $1.345 millones), Girasoles Centro Integral de Terapias ($86 millones) y Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S. ($206 millones).
A este presunto detrimento patrimonial se suma otro por $.3.626 millones, por similar motivo, para un hallazgo fiscal por recobro de terapias que totaliza $5.264 millones.
En este segundo caso, la Contraloría encontró que, durante la vigencia 2015, el departamento de Córdoba pagó un total de $10.160 millones facturados por concepto de realización de terapias física, ocupacional, fonoaudiológica, e integración sensoriomotriz (basadas en neurodesarrollo) y miofuncional.
Los pagos, cargados a los recursos del SGP- Sector Salud- población pobre cubierta con subsidios a la demanda, se hicieron a favor de 4 Instituciones Prestadoras de Servicios IPS, entre los meses de octubre a diciembre de 2014 y de enero a septiembre de 2015, en cumplimiento de fallos de tutela en los que se ordenaba la prestación del servicio, aun cuando parte de estas terapias se encuentran incluidas en el POS.
Según la Contraloría, los procedimientos utilizados no corresponden a los preceptos normativos expedidos para la materia,
La auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Social no evidenció gestión por parte de la Administración Departamental de Córdoba para recuperar los valores pagados, los cuales constituirían un posible detrimento patrimonial por valor de $3.626 millones, suma que ha debido ser pagada por la EPS a las que pertenecían los pacientes, y no por la Entidad Territorial.
