“No más pañitos de agua tibia, hay que
tomar decisiones de fondo”, Contralor
*Las Contralorías territoriales son antieconómicas e ineficientes”, muestra con cifras contundentes el Contralor Edgardo Maya Villazón.
Bogotá, 22 de febrero de 2017.- Así se paralice la obra, así se pierda lo que se pierda y pase lo que pase, hay que tomar una decisión de fondo, radical y terminante con respecto a la firma Odebrecht y las compañías nacionales involucradas en casos de corrupción, y no aplicar pañitos de agua tibia, expresó hoy en forma tajante el Contralor Edgardo Maya Villazón,
“Hay funcionarios ya confesos de haber recibido los sobornos. Hay que tomar entonces una determinación firme y no comenzar con las consideraciones: que si se paraliza la obra y que vienen unas consecuencias”, sostuvo el jefe del organismo de control, en declaraciones que concedió luego de intervenir en el Foro Internacional Responsabilidad Pública y Lucha Anticorrupción, organizado por Universidad Javeriana.
“Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase, pero hay que tomar una decisión. Hay compañias multinacionales y nacionales involucradas en casos de corrupción y no se pueden seguir aplicando pañitos de agua tibia”, agregó.
A ese paso se va argumentar que la compañía encargada de las obras está involucrada en actos de corrupción, pero debe dejársele que termine el proyecto, cuando aquí “lo que hay que tomar es una decisión de fondo”, subrayó Maya Villazón.
Al tiempo con estas declaraciones, el Contralor Maya Villazón dijo que la Contraloría está mirando todos los frentes del tema en el caso de Navelena, donde la empresa brasileña Odebrecht cuenta con una participación mayoritaria: como las condiciones del crédito de $120 mil millones que le otorgó el Banco Agrario, el incumplimiento del contrato, la quiebra del contratista, la compra de cartera de libranzas a Estraval e igualmente la remodelación de la sede de esta entidad.
Esta auditoría al Banco Agrario se instaló desde el 10 de enero y avanza en estos propósitos. El Contralor General recordó que las investigaciones fiscales no tienen el mismo ritmo de las diligencias disciplinarias y penales, y desafortunadamente la Contraloría ejerce un control posterior.
Recalcó, sin embargo, que la CGR está adelantando todas las actividades que se requieren y la pretensión es hacer un control en tiempo real sobre estos casos de corrupción relevantes.
Contralorías territoriales antieconómicas e ineficientes
En su intervención, el Contralor reiteró su interés de proponer una substancial reforma orgánica y funcional del Sistema de Control Fiscal, que implique una reforma constitucional, la cual contaría con tres ejes como son:
*Suprimir las contralorías territoriales;
*Establecer una sola Contraloría General de la República, que asuma exclusivamente la función auditora;
*Y crear un Tribunal de Cuentas desconcentrado que se ocupe de los procesos de responsabilidad fiscal.
En la actualidad existen 32 contralorías departamentales, 31 contralorías entre municipales y distritales y 1 Contraloría General de la República, para un total de 64 contralorías encargadas de la función fiscal del Estado.
Para cumplir sus atribuciones, en la actualidad, las contralorías territoriales cuentan con un consolidado aproximado de 3700 funcionarios, mientras que la Contraloría General de la República, con 4300 en todo el territorio nacional, recordó Maya Villazón.
La cobertura de recursos que deben vigilar de las contralorías departamentales, distritales y municipales, de modo consolidado, asciende en cifras del 2016, a la suma de aproximadamente $63,7 Billones de pesos; mientras que la Contraloría General de la República, para el mismo periodo, tiene una cobertura de vigilancia y control sobre más de $598 Billones de pesos.
De otra parte, en cuanto a gastos para su operación, puede apreciarse que, para la misma vigencia, el presupuesto sumado de todas de las contralorías territoriales, asciende a la cifra de $408.644.753.000; por su parte, el de la Contraloría General, para el mismo periodo, a $462.584.180.000.
“Resulta antieconómico e ineficiente, para la función de vigilancia y control fiscal, que las contralorías territoriales, con una nómina de 3.700 empleados, se gasten más de $ 400.000 millones anuales para auditar $63 billones”, indicó el Contralor.
“Con un nivel muy cercano de recursos, la sola Contraloría General de la República ejerce su misión sobre $598 billones en todo el territorio nacional y con resultados cada vez más visibles y oportunos, contundentes, como los escándalos de Reficar en Cartagena, Electricaribe, los casos de la hemofilia y educación en Córdoba y la alimentación escolar en La Guajira, para citar unos pocos”, destacó.
Así mismo, enfatizó, mientras aproximadamente el 96% de los empleados de la Contraloría General de la República son funcionarios de carrera administrativa, desafortunadamente no puede decirse lo mismo de las contralorías departamentales, distritales y municipales sobre las que se ejerce gran incidencia de la política de los grupos locales; y las que registran bajo niveles de funcionarios en carrera administrativa, para una función que, como la del control fiscal requiere de altas calidades profesionales y técnicas.
