martes, 3 de octubre de 2017

SI CAMBIO RADICAL NO APOYA PROYECTO DE JURIDICIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, QUEDARÍA FUERA DE LA COALICIÓN DE GOBIERNO.


Se comienzan a desojar la margarita meses antes de las elecciones para el congreso de la república y el tema en discusión es el proyecto de ley que se aprobaría en el congreso de la república llamado Juridicción Especial Para La Paz.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha sugerido de manera obligatoria  ha todos los partidos que conforman la coalición de gobierno, apoyar el proyecto; el partido político que no lo haga sera expulsado de la coalición de gobierno. 


Cambio Radical el partido del pre candidato presidencial  Germán Vargas Lleras ha dicho a través de Jorge Enrique Vélez, director nacional de esa colectividad "No negociamos nuestros principios".

Las palabras de Velez confirman un secreto a voces y una predicción de la gran mayoría de colombianos; el partido que lidera el exvicepresidente German Vargas Lleras  se desvincula del gobierno Santos, solo estaban esperando que les sacaran la tarjeta roja, después de tantas faltas cometidas y favores recibidos. 



Programa de prevención de consumo de sustancias sicoactivas ‘Familias Fuertes: Amor y Límites’ contará con 42 nuevos capacitadores


Bogotá, 2 de octubre de 2017. Con el objetivo de fortalecer en términos de calidad, eficiencia y capacidad de respuesta la cobertura nacional del programa ‘Familias Fuertes: Amor y Límites’, 42 profesionales de todo el país iniciaron hoy en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional (CESAP), en Bogotá, un curso de formación para capacitadores.

Estos profesionales en el área social y de salud cuentan con experiencia en temas de adolescencia y familia, han sido certificados como facilitadores de ‘Familias Fuertes’ y ya han participado en la implementación del programa en diferentes regiones de Colombia. El proceso estará dirigido por la guatemalteca Evelyn García y el peruano Jesús Pilco Villar, entrenadores que los capacitarán durante la presente semana, fortaleciendo sus competencias técnicas y conceptuales.


Hoy el programa cuenta con 1.200 facilitadores distribuidos en 25 departamentos, y con capacitaciones como la de Bogotá se espera contar con 3.000 más, cuya labor beneficiará a más núcleos familiares en todo el territorio nacional.  

La instalación del evento estuvo a cargo de Ana María Peñuela, Coordinadora del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía del Ministerio de Salud y Protección Social; Gina Watson, Representante para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Bo Mathiasen, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC); y Martha Paredes, Subdirectora de Estrategia y Análisis de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho. Todos ellos destacaron la importancia de este tipo de iniciativas como herramientas de prevención del consumo de sustancias sicoactivas por parte de adolescentes.    

Gina Watson manifestó que trabajar con las familias facilita a los jóvenes de hoy enfrentar el contexto en el que viven, y fue enfática al asegurar que el problema del consumo que se presenta en América no es solo de salud, sino también de desarrollo social. Por ello pidió a los asistentes comprometerse en el cumplimiento de sus responsabilidades para ser parte activa del sostenimiento de esta iniciativa, pues con ella se invierte en el futuro de las nuevas generaciones. “Ustedes son esenciales y fundamentales en esta lucha que no podemos darnos el lujo de perder”, señaló.

Por su parte, Martha Paredes aseguró que los resultados que ha arrojado el programa durante su implementación en el país son una motivación para ampliar la cobertura del mismo, pues se ha evidenciado que la percepción que tienen los adolescentes sobre la presencia de sus padres en sus vidas determina cuán predispuestos están al consumo de sustancias ilícitas.


viernes, 29 de septiembre de 2017

EN NATAGAIMA FUERON DESALOJADAS FAMILIAS INDIGENAS.


En el municipio de Natagaima -Tolima fueron desalojadas 52 familias indígenas pertenecientes a la comunidad Balsillas, las familias fueron desalojadas de un predio conocido como la Estrella.

El desalojo fue dirigido por el inspector municipal de Natagaima quien no acato directrices del alcalde municipal quien declaro  que no había garantías para el proceso.

El predio es reclamado por particulares, durante el desalojo fueron derribadas viviendas dejando a las 52 familias a la deriva y a la espera de una reubicación. 


Como producto de Acuerdo Final con Farc, habría censura a medios de comunicación


Bogotá, septiembre 28 de 2017

“El país no puede permitir que so pretexto del Acuerdo se desarraigue su historia, se debiliten sus instituciones y se arriesgue el futuro de la democracia acogiendo los ideales de un grupo que cometió́ crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los colombianos”.

La precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, alertó este jueves sobre los riesgos que corren los medios de comunicación de ser censurados y expropiados, si se aprueba la Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social.

En cartas enviadas al Presidente de la República y los directores de los medios de comunicación del país, Ramirez explica que en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, se acordó que se constituirá una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, quienes organizarían un espacio para que surgiera un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales”.

Continua diciendo en sus misivas, que sin publicidad y a espaldas de la sociedad y de los medios de comunicación se creó el borrador de esta ley que “implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico”.

Igualmente señala que en ese mismo texto se establece un régimen de censura en la que los miembros de las Farc resultarán intocables e irrefutables, concediéndoles una inmunidad social, a parte de la irresponsabilidad jurídica y política que les provee el Acuerdo.

Reitera su preocupación al decir que “para ejercer la libertad de prensa y de expresión por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política o de apología a la violencia, al odio o a ir en contra del establecimiento constitucional y estatal o por simple ejercicio político, habrá que preguntarles su opinión antes de emitir la noticia y las investigaciones periodísticas tendrán que contar con el aval de los movimientos sociales, so pena de una sanción y del uso del derecho de réplica que involucra actos de carácter público”.

La candidata le pide al presidente Santos que suspenda en el Congreso el trámite de la ley estatutaria que “tan curiosas coincidencias tiene con el estado comunal venezolano y se invite a los medios de comunicación y a los respectivos encargados de las Fuerzas Militares, así como a los representantes de las empresas del sector de comunicaciones y a los de las empresas petroleras y de industrias extractivas a discutir y acordar el texto de ley estatutaria presentada por el Gobierno con el apoyo del CINEP y otros”.


miércoles, 27 de septiembre de 2017

Emprendedores de Casabianca y Ortega tuvieron un lugar en Expo Rurales Colombia



Cafés especiales, frutas de alta calidad, cacao en diferentes presentaciones, variedad de aguacates, piscicultura, artesanías y turismo, son algunas de las 210 ideas de negocio que surgen en el campo colombiano y que fueron exhibidas  en Exporurales Emprendedores 2017, la gran feria empresarial promovida y respaldada por el programa SENA Emprende Rural (SER).       

Exporurales Emprendedores 2017, busca impulsar el acceso de estas iniciativas productivas a los diferentes mercados. Se trata de un espacio especializado que aporta a la generación de ingresos de la población y el incremento de las oportunidades de negocio, la competitividad del campo colombiano, el fortalecimiento de alianzas y acuerdos comerciales para la apertura de nuevos mercados y negocios efectivos para los emprendedores rurales del país.

En representación del Tolima participaron   aprendices del Programa SENA  Emprende Rural de  Casabianca  y Ortega, en esta oportunidad se exaltó la producción de  café especial  y  por el sur del Tolima se  compartió la experiencia de emprendedores que buscan rescatar  los bizcochos tradicionales de esta localidad como  unidad de  negocio.
A través del programa SER, entre 2014 y 2017 se han formado 1.792.040 aprendices, se han creado 41.590 unidades productivas y se han fortalecido  10.877, se han creado 1.595 empresas rurales y se han atendido 1.077 municipios. 

Marcela Huertas Figueroa nueva coordinadora del Fondo Colombia Sostenible


El pasado 18 de septiembre el presidente Santos presentó a la comunidad internacional los avances del Fondo Colombia Sostenible y hoy gracias al respaldo mundial, que se ratificó en el encuentro en Nueva York, se podrá además contar con mayores oportunidades económicas para las regiones afectadas por el conflicto armado. Las poblaciones vulnerables, a través del agro, tendrán mejores opciones de desarrollo y existirá especial protección a las comunidades étnicas.

Ahora con la posesión de la nueva coordinadora del Fondo Colombia Sostenible, quien llega con una apuesta clara de alcanzar resultados sobresalientes, se materializa la arquitectura financiera del posconflicto para proyectos que ayudarán a la implementación de los acuerdos de paz y que ya cuenta con el respaldo de la comunidad internacional.

Uno de sus retos es maximizar los dividendos ambientales de la paz y ayudar a reparar el daño que ha dejado el conflicto. También le apuesta a trabajar para alcanzar la meta de reducir en un 20% la emisión de gases efecto invernadero, bajar la tasa de deforestación anual a 90 mil hectáreas o menos y que se detenga la pérdida de bosques naturales.

Quién es la nueva Coordinadora

La nueva coordinadora de Colombia Sostenible es una politóloga de la Universidad de los Andes con amplia experiencia en desarrollar proyectos de energías renovables.

Innovación y desarrollo son las palabras que describen la gestión de esta caleña. Su enfoque como politóloga con maestrías en Urbanismo, Gobierno y Finanzas, de las universidades de Nueva York y Harvard, la han llevado a ser parte del Banco Mundial, donde durante 10 años estuvo a cargo de la estructuración financiera para promover el desarrollo de los mercados capitales en ciudades de África, América Latina, Este de Asia y Medio Oriente.

El paso por esta Entidad la llevó a cofundar, junto a José María Figueres, expresidente de Costa Rica, la empresa Metrópolis Global; una empresa de consultoría internacional enfocada en diseñar proyectos innovadores con tecnologías limpias para promover la mitigación del cambio climático en América Latina.
Después de 26 años de vivir en el exterior, regresa al país, más exactamente a Cali, en donde como presidenta ejecutiva de Gerencia de Gestión de Innovación y Proyectos, GIP, trabajó en proyectos estratégicos para la capital vallecaucana.

Convencida de que la región del Pacífico tiene un potencial maravilloso, por su riqueza natural, su ubicación geográfica y, sobre todo por su gente, en el 2015 fundó, junto con empresarios líderes de la región, la empresa Green Center en donde trabajó proyectos de energías renovables y las TIC para ciudades de América Latina.

Dos años después aceptó la gerencia del banco de desarrollo del Pacífico colombiano Infivalle, donde se enfocó en la captación de recursos para proyectos prioritarios.

Luego de estar dos años en el cargo, decidió regresar a la banca multilateral; en junio de 2017 se convirtió en consultora del Programa “Ciudades y Gobiernos para América Latina y el Caribe”. Allí trabajó en el diseño e implementación de alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional y el sector privado para promover el uso de energías renovables.

Esta última experiencia, sin duda, será clave ahora en su rol como Coordinadora del Fondo Colombia Sostenible, el cual busca maximizar los dividendos ambientales de la paz y a ayudar a reparar el daño ambiental que ha dejado el conflicto armado.


La Agencia Presidencial de Cooperación, APC-Colombia, que conecta a la cooperación internacional pública y privada con las necesidades de desarrollo del país, seguirá en el fortalecimiento de su liderazgo con la coordinación dentro del Gobierno Nacional para la construcción del Fondo que además permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que el país ha sido pionero

Ejército Nacional involucrado en hallazgos de la Contraloría General de la República por los Juegos Nacionales.



  • Recursos destinados por Coldeportes a obras de los Juegos Nacionales fueron usados por la Escuela de Equitación del Ejército Nacional para el desarrollo de obras propias.
  • Adecuaciones del Complejo Ecuestre, a cargo de la Escuela de Equitación del Ejército Nacional, a pesar no hacer parte del convenio suscrito con Coldeportes, se pagaron con dichos recursos por más de $254 millones de pesos.
  •  Por su parte, obras que sí estaban incluidas en el convenio, fueron entregadas de forma inconclusa y sin cumplir lo ordenado en el contrato.
  • Los hallazgos se evidenciaron dentro de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a Coldeportes, por la vigencia 2016.

Bogotá, D.C., septiembre 27 de 2017. La Contraloría General evidenció en una auditoría adelantada a Coldeportes, que  se utilizaron recursos para la financiación de obras  distintas a los inicialmente previstos en convenio suscrito entre dicha entidad y el Ejército, para la construcción adecuación y dotación de un complejo ecuestre para  la realización de los Juegos Nacionales 2015, como subsede en la ciudad de Bogotá.

Mediante oficio número 2015ER0009506 del 7 de octubre de 2015, la Escuela de Equitación del Ejército Nacional le manifestó a Coldeportes que, del saldo de convenio, había usado la suma de $254’677.286 “para la construcción del picadero descubierto de la escuela de equitación”, así como para “la construcción y ampliación de pesebreras”. Estas obras no se encontraban cobijadas dentro del objeto del convenio suscrito por Coldeportes, usándose los recursos asignados al convenio para la financiación de contratos distintos a los inicialmente previstos.

En cumplimiento del mencionado convenio se desarrollaron dos contratos, para la adecuación y mantenimiento de la Escuela de Equitación  del Ejército, así como para la interventoría del contrato, ambos por un monto total de $2.195.821.198. Es decir, al final del ejercicio resultaba un saldo a favor de Coldeportes por más de $300 millones de pesos frente al valor inicial del convenio suscrito.


OBRAS PAGADAS PERO NO EJECUTADAS

Verificadas por parte de la Contraloría las obras contratadas, se pudo evidenciar además, que dentro del proyecto presentado por la Escuela de Equitación del Ejército Nacional y aprobado por Coldeportes, se incluían obras que no fueron llevadas a cabo, a pesar de haberse pagado la totalidad del convenio, tales como la instalación del acabado de piso y el cerramiento perimetral de las casetas para los jueces, y la instalación de los puntos de conexión eléctrica para uso de los jueces durante las competencias. Adicionalmente, en los postes junto a cada caseta, se dejó el cableado eléctrico sin terminar.

Los recursos del convenio no ejecutados para el desarrollo de las obras contratadas, debían ser devueltos por parte del Ejército Nacional, y las obras adicionales tendrían entonces que haber sido financiadas con recursos propios de la entidad, y no con los saldos del convenio.

Por lo anterior, se pudo evidenciar que las obras contratadas no fueron entregadas en su totalidad y, una vez llegada la fecha de los Juegos, no se contaba con el escenario deportivo en los términos previstos en los contratos, especialmente con relación a las casetas para los jueces.

Del convenio, suscrito por $2.500 millones de pesos, se destinaron $2.089 millones para las obras y $106 millones para la interventoría, para un total ejecutado de $2.195 millones, debiendo haberse devuelto los saldos del convenio. La inversión de $254 millones se llevó a cabo en proyectos no avalados por Coldeportes, afectando el alcance físico de las obras contratadas en virtud del convenio y por lo tanto menoscabando los recursos de la entidad.


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