1 de agosto de 2016 | 11:24 AM | Bogotá
Esta será la Fiscalía de la institucionalidad y la paz. Con toda determinación se velará por la integridad de quienes se sometan al orden institucional y se cuidará que los desmovilizados no vuelvan a delinquir, porque “no permitiremos que los beneficios convivan con el delito”. La Fiscalía tiene en el posconflicto el deber constitucional de reprimir cualquier comportamiento delictuoso.
Así lo manifestó el Fiscal General de la Nación. Néstor Humberto Martínez Neira, durante el acto en el cual asumió ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como nuevo jefe del ente investigador.
El funcionario precisó que la reconciliación entre los colombianos es el más importante propósito de nuestra sociedad y “la paz es un derecho supremo a cuya realización deben acudir todas las instituciones”, por eso, aunque la Fiscalía no forma parte del modelo de justicia transicional, explicó, estamos trabajando para que la jurisdicción especial de paz alcance su cometido y cuente oportunamente con la información necesaria para su labor. “Cumpliremos a cabalidad”, precisó.
Por esto, Martínez manifestó que serán redoblados los esfuerzos que “nos conduzcan a tener oportunamente los expedientes requeridos de la macrocriminalidad con destino a la sala de reconocimiento de verdad y reparación”.
Asimismo, aseguró que para alcanzar la paz de inmediato pondremos en vigencia la unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales. “No dejaremos que ellas levanten su mano contra gestores de paz”, enfatizó al precisar que sobre estas organizaciones recaerá todo el peso de la ley. “Su neutralización o su sometimiento serán las únicas alternativas de futuro”.
Para Martínez Neira, una gran preocupación representa el hecho de existir en el país 3.815 estructuras criminales identificadas, de las cuales se han capturado 10.165 integrantes, pero que los grupos delictivos se mantienen y “los capos se reproducen ilimitadamente”.
Para cumplir con este propósito, será desarrollado un proceso de interdicción de los patrimonios ilícitos que aparece como nuevo componente de la estrategia para desmantelar, “ahí si efectivamente”, las organizaciones criminales; por esto, anunció el nuevo Fiscal General, “he organizado un grupo elite de expertos en asuntos bancarios, inmobiliarios, corporativos y bancarios y cuyos nombres daré a conocer en el curso de la siguiente semana”.
Además, se ha avanzado en acuerdos para garantizar el apoyo de la comunidad internacional de naciones para que no haya inmunidad en la consecución de patrimonios ilegales.
En cuanto a delitos como la extorsión, el hurto callejero, el fleteo, entre otras conductas que afectan al ciudadano común y corriente, Martínez afirmó que se hará un uso extensivo de las modernas tecnologías de la comunicación para que a través de aplicativos los ciudadanos puedan entregar a la Fiscalía la información sobre delitos a través de videos, fotografías o grabaciones con validez en procesos penales. “Contaremos con millones de ojos al servicio de la seguridad ciudadana”.
Enemigo de la corrupción
Para el nuevo Fiscal General, la lucha contra la corrupción será una de sus banderas más importantes. Se calcula, dijo el funcionario, que este fenómeno equivale en el mundo a la pérdida de tres trillones de dólares, es decir, el 5 por ciento de la producción mundial.
Mientras que en Colombia algunos estudios dicen que la corrupción alcanza el 4 por ciento del PIB.
“La Fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. El año anterior en la Fiscalía recibimos 56 mil denuncias por corrupción, en los últimos cinco años, y apenas hemos alcanzado el 2 por ciento en condenas. Los asaltos al Sisben, a la salud, a las pensiones, a las cesantías, en el soat no van a quedar solamente en titulares y ni en condenas de responsabilidad fiscal”, enfatizó Martínez, pues el corrupto debe ir a la cárcel un período adecuado con la gravedad de su conducta, explicó.
“Cuando ello ocurra volveremos a ver que los bolsillos de los funcionarios son de cristal”, añadió el Fiscal General de la Nación, quien aseguró que en este campo su gestión tendrá un impacto al de una reforma fiscal.
Cero impunidad
“Esta será una Fiscalía de la gente y para la gente”, aseguró Martínez Neira al declarar una guerra directa contra la impunidad, pues “la vigencia de los derechos y de las libertades depende de la existencia de una justicia sólida y eficiente”.
Para el jefe del ente acusador, la opción es clara. “O rodeamos a la justicia en Colombia o nuestro contrato social será simplemente un catálogo retórico de derechos. El Estado tiene que asegurar que la industria del delito no sea rentable. Y ello no se logra cuando los delincuentes de todos los pelambres se desenvuelven a sus anchas porque saben con, profunda convicción, que la probabilidad de castigo es prácticamente remota”
Y esto lo refuerzan las estadísticas. El año pasado se lograron 51.000 condenas, es decir el 6 por ciento de las denuncias. Esto es más grave, dijo, si se analiza que según la Encuesta de convivencia y seguridad del DANE, el año 2015 la criminalidad oculta llego en Colombia al 76 por ciento.
La gravedad se ve en el caso de los robos de teléfonos celulares. Se estima que en el 2015 se hurtaron un millón 200 mil aparatos; pero la recibió solamente 40.000 denuncias. “Puede decirse entonces, extrapolando el número de denuncias del año anterior y con base en la tasa de criminalidad oculta, que en el 2015 se habrían cometido en el país 3 millones 500 mil delitos. Las 51 mil condenas proferidas representan escasamente el 1 por ciento. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia, queridos amigos, ronda por el 99 por ciento. Similar a la de 1991.
El recurso humano será consagrado a la función misional. A través de una reasignación de funciones, se incrementará en un 50 por ciento el número de fiscales.
La reasignación de la carga laboral, la sistematización operacional y la implementación de un modelo de gestión eficiente a cargo de los fiscales serán herramientas empleadas con este fin. Asimismo, La nueva gerencia tendrá un enfoque territorial y desconcentrado, para lo cual desde el nivel central se cuidará implacablemente el modelo de gestión por objetivos.
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