martes, 6 de agosto de 2013

Casi explota artefacto con 25 kilos de explosivos en Usme


Más de 4.000 personas en el sector del Porvenir fueron evacuadas. Tres capturados.

Más de 4.000 personas fueron evacuadas en la noche del lunes en el sector del Porvenir y el portal de Transmilenio en la localidad de Usme, por el hallazgo de un artefacto explosivo que pudo ser desactivado a tiempo por las autoridades.
Al menos 25 kilos de explosivos anfo e indugel fueron encontrados en un vehículo a las afueras de un conjunto residencial.
Al parecer, tres hombres intentaban abandonar el cargamento en este lugar, cuando fueron sorprendidos por funcionarios de la Sijín quienes ya venían haciéndoles un seguimiento. Cámaras del conjunto residencial capturaron el momento en que los sospechosos dejaban los explosivos y fueron detenidos por las autoridades.
Según información extraoficial, se trataría de integrantes del bloque oriental de las Farc, quienes pretendían llevar a cabo un atentado en el portal de Transmilenio.

Verdes, Progresistas, Mira, Polo y Cambio R., en riesgo de desaparecer


Tomado del tiempo.com
Partidos y Gobierno no aceptaron cambiar las reglas electorales para salvar a minorías políticas.

Las minorías políticas fueron notificadas este lunes de que no se tramitará ninguna reforma legal para evitar que corran el riesgo de desaparecer del escenario electoral, con el aumento del umbral al 3 por ciento en los comicios del 2014.

Esta situación los deja en riesgo. La razón es que mínimo deben lograr 450.000 votos para pasar el umbral y mantener la personería jurídica, pero lograr esa meta no es fácil a la luz de los resultados electorales que han tenido y del momento político que viven los partidos.

Las colectividades que estarían en riesgo son el Partido Verde; los Progresistas, de Gustavo Petro; el Movimiento Mira; el Polo Democrático y eventualmente Cambio Radical. No obstante algunos de ellos aseguran no tener problemas.

La propuesta que se analizaba era presentar un proyecto de ley para abrirles la puerta a las coaliciones entre minorías, pero los partidos y el Gobierno no encontraron una fórmula para sacarlo adelante.

Este lunes, durante una reunión en la presidencia del Senado, se acordó que lo mejor es afrontar el escenario electoral del otro año sin modificar las reglas de juego.

“Frente a la oposición del Polo a esta iniciativa y la necesidad de un consenso político para tramitarla rápidamente, llegamos a la conclusión de que en este momento no podemos hacer reformas legales que permitan hacer coaliciones entre los partidos”, anunció Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso.
Los partidos que no logren superar el umbral, sin importar el número de votos que alcancen, se quedan sin curules en el Senado y, además, pierden la posibilidad de otorgar avales para respaldar candidatos a las diferentes corporaciones.

Igualmente se quedan sin la posibilidad de recibir recursos del Estado para financiar su funcionamiento.

El Polo Democrático, partido de oposición que también estaría en riesgo por este tema, anunció que no respaldaría ese proyecto de ley, argumentando que no lo necesita para lograr el umbral el próximo año y, además, porque mantuvo su línea de no aceptar la modificación de las reglas electorales antes de unos comicios.

El Movimiento Mira sí acepta que está en riesgo. Incluso, radicó ante la Corte Constitucional una demanda contra el aumento del umbral, argumentado que viola los derechos de las minorías.
La posibilidad de que las minorías mueran políticamente en los comicios de marzo próximo ha despertado inquietud, pues podría ocurrir que la guerrilla tenga mejor suerte que estas, si firmado el proceso de paz se le otorga curules por decreto en el Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirmó que aún queda una posibilidad, pero que solo se materializaría hasta junio del próximo año y deberá contar con el visto bueno del Congreso.
Carrillo se refiere a la posibilidad de una reforma constitucional –cuyo alcance ya fue consultado con la Registraduría–, que le permitiría a las minorías que no superen el umbral mantener su personería jurídica a pesar de perder sus curules.

sábado, 3 de agosto de 2013

En los baldíos, Santos tendrá que escoger entre los cacaos y su discurso en La Habana Por: Andrés

Tomado de la silla vacia .com
En los últimos dos meses han salido a la luz pública las compras masivas de tierras en la Altillanura que antiguamente eran baldíos del Estado, por empresas como Riopaila Castilla, Cargill o Poligrow. Foto: Juan Pablo Pino
Después de muchas reuniones y al menos cuatro borradores, varios de los cuales ya están circulando en los medios de comunicación, ayer en la noche funcionarios del Ministerio de Agricultura y de Presidencia finalmente alcanzaron un consenso sobre la famosa ‘ley de baldíos’.

Si logran convencer al presidente Juan Manuel Santos de esta nueva posición y se convierte en ley, las grandes empresas y los cacaos que compraron tierras en la Altillanura violando los topes establecidos serán los grandes perdedores. Pero el Presidente podría salvar así el sueño que ha vendido sobre el campo, sobre la restitución de tierras despojadas y sobre el proceso de paz.

Cumbre sobre baldíos en Palacio

La renuncia de Carlos Urrutia a la embajada en Washington se dio después de que el senador Jorge Robledo enfocara el 'chicharrón' de los baldíos como uno de responsabilidad política del Gobierno. 

Varias de las tesis sobre los baldíos de Néstor Humberto Martínez, el ex ministro de Justicia que es hoy el abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, podrían salir ahora del proyecto de ley. Foto: Cortesía de El Espectador.

Desde que asumió el Ministerio de Agricultura, Francisco Estupiñán comenzó a advertir sobre las posibles irregularidades que se han detectado en la compra de antiguos baldíos del Estado. 

Según pudo confirmar La Silla, este viernes en la noche terminó una reunión en Casa de Nariño entre funcionarios de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Santos con una sola conclusión: no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.

El resultado de esta conclusión es que los borradores que venían discutiendo y que venían siendo elaborados con la ayuda del ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez -abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de cuyas empresas también compró en la Altillanura- se mandarían a la ‘caneca’, por lo menos en lo esencial.

La Silla conoció tres de estos borradores que buscaban salvarle el negocio a los que compraron estas tierras y que serían ‘archivados’ si logran convencer a Santos. Entre ellos hay muchísimas diferencias, tanto de fondo como de forma. Tantas que resulta evidente que, como anticipó Semana, hay posiciones muy encontradas sobre el tema entre todas las personas que han venido trabajando en él.

La versión más temprana que conoció La Silla proponía una fórmula de contrato temporal para los predios enproblemados donde se comprobaba que había un proyecto productivo.

En esos terrenos, las empresas perderían la titularidad de la tierra pero conservarían la tenencia hasta por 30 años, en una especie de arriendo o ‘leasing’ que los obligaría a mantener la productividad, a pagar impuestos sobre ésta y a asociarse con -y no sólo contratar- campesinos.

Una segunda versión eliminaba estos contratos, pero incluía la idea de que si los antiguos baldíos no tenían ninguna prohibición de compraventa claramente señalada en sus matrículas inmobiliarias era imposible para sus compradores saberlo y que, por lo tanto, las transacciones habían sido de buena fe. La Silla supo que esta tesis, que Néstor Humberto Martínez ya ha expuesto en público y que fue controvertida por el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, fue finalmente descartada en la reunión de Palacio.

En la VI Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales Piden modificar Ley de Regalías


Los alcaldes de las ciudades capitales denunciaron que los OCAD no están funcionando, ya que en ellos sólo tienen un voto y las grandes decisiones son manejadas por los gobernadores.

Por esa razón pidieron al Gobierno que se modifique la estructura de esta herramienta que fue creada para distribuir los recursos de las regalías.

Si bien el tema de la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales se centró en la implementación de mecanismos que permitan atender los problemas en el posconflicto, los mandatarios señalaron que es necesario hablar de los OCAD, ya que de esta herramienta dependen los recursos para atender a la población desplazada y a desmovilizados que llegan a las ciudades capitales a buscar un empleo y una vivienda.

El alcalde de Manizales y presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Jorge Rojas, señaló que “el Gobierno ha tramitado importantes leyes en el Congreso de la República para atender a los desplazados, pero los recursos no son suficientes. Ciudades como Villavicencio viven un problema potencial muy grande, con casi 60.000 personas entre víctimas y desplazadas. Santa Marta, una capital de 320.000 habitantes, suma 120.000 desplazados, es decir, un tercio de su población sufre por este flagelo”, señaló.

El país debe prepararse para atender el posconflicto, y una opción para que los recursos que provienen de las regalías se puedan emplear mejor es que las alcaldías tengan mayor acceso a ellos. “Las ciudades no tenemos los recursos para atender esta problemática. Los programas de vivienda se están enfocando en ellos, y no es que eso esté mal, pero qué pasa con nuestros pobres, qué pasa con los habitantes propios de las regiones”, se preguntó Rojas.

El mandatario señaló que la experiencia con los OCAD es terrible. “No he conocido una cosa que funcione más mal, no he conocido una cosa más aparatosa que desarticule más a las regiones, porque además se volvió una pugna entre los recursos regionales y departamentales. Es un enfrentamiento entre los alcaldes y los gobernadores. Yo sí creo que en esta discusión social del posconflicto debe proponerse una reforma a la ley de distribución a las regalías”.

El alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, manifestó que el desembolso de los recursos debe ser más ágil y que se debe mejorar la situación, ya que son muchos los proyectos que se tuvieron que aplazar o replantear con la reforma de la Ley de Regalías.

viernes, 2 de agosto de 2013

La Registraduría certificó que el número de firmas entregado para solicitar la revocatoria del alcalde de Mariquita, Tolima, no superó el mínimo exigido


De los 3.354 apoyos recibidos por la Registraduría Municipal para la revocatoria, 1.235 fueron invalidados. Se requerían 3.253 firmas.


Ibagué, Tolima, martes 23 de julio de 2013. Terminado el proceso de revisión de las firmas radicadas ante la Registraduría Municipal de Mariquita el pasado 3 de julio para promover la revocatoria de mandato de su actual alcalde, el Registrador Municipal de Mariquita expidió la Resolución 001 de 2013, en la cual deniega la solicitud de revocatoria en virtud de lo expuesto en el informe general de investigación expedido por la Dirección Nacional de Censo Electoral, tras la revisión de apoyos.

En la revisión de apoyos se concluyó que de las 3.354 firmas radicadas 2.119 resultaron válidas, mientras que las 1.235 restantes fueron invalidadas por pertenecer al censo de otro municipio, por no aparecer en el Archivo Nacional de Identificación ANI, por uniprocedencia grafológica o porque el número de cédula no corresponde al de los nombres y apellidos, entre otros.

La solicitud de revocatoria pretendía destituir de su cargo al mandatario Álvaro Bohórquez Osma, quien ganó las elecciones del 30 de octubre de 2011 avalado por el Partido Social de Unidad Nacional. En esa jornada democrática el mandatario obtuvo un total de 8.133 votos, razón por la cual se requería que las firmas válidas entregadas fueran al menos 3.253, cifra que equivale al 40% de la votación obtenida por el alcalde, para que la solicitud de revocatoria siguiera en curso.

Contra esta resolución proceden los recursos de reposición ante el Registrador Municipal de Mariquita y de apelación ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional en Tolima.

De las 24 solicitudes de revocatoria presentadas ante la Registraduría Nacional en lo corrido del año, 14 iniciativas que no superaron la fase de certificación de firmas. De las restantes, tres se encuentran en revisión, cinco más han sido certificadas y están en fase de recursos, mientras que hay dos que han pasado a fase de votación: Angostura, Antioquia, votada el pasado 7 de julio, y Achí, Bolívar, que será votada el próximo 25 de agosto.

RESOLUCION 1019 DE REGISTRADURIA APRUEBA SOLICITUD DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE GUSTAVO PETRO EN BOGOTA; ES INMINENTE SU DESTITUCION.



En cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los grafólogos designados por el alcalde tuvieron 15 días hábiles para revisar las firmas.

- Luego de la revisión realizada por la Dirección de Censo Electoral al informe entregado el 22 de julio por el equipo de grafólogos designados por el alcalde de Bogotá se estableció que de los 630.623 apoyos revisados, fueron anulados 275.270 y en total quedan 355.353 apoyos válidos. Para convocar a las urnas se requieren 289.263.
- Contra esta resolución proceden los recursos de reposición ante los Registradores Distritales y el de apelación ante el Registrador Nacional del Estado Civil, en los términos de los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


Bogotá D.C, miércoles 31 de julio de 2013. Luego de la revisión del informe entregado por el equipo de expertos grafólogos designados por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, los Registradores Distritales mediante Resolución 1019 de hoy 31 de julio de 2013 certifican que las firmas válidas entregadas para solicitar la revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, superan el mínimo legal exigido y por lo tanto los ciudadanos podrán ser convocados a las urnas.

Contra esta Resolución proceden los recursos de reposición ante los registradores distritales y de apelación ante el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr Carlos Ariel Sánchez Torres, en los términos de los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Concluido el estudio sobre el informe elaborado por el equipo de grafólogos del alcalde el 22 de mayo, la Dirección de Censo Electoral expidió hoy miércoles 31 de julio un informe en el que concluye que de los 630.623 apoyos presentados el pasado 18 de abril, 355.353 resultaron válidos. Para que los ciudadanos puedan ser convocados a las urnas para decidir sobre la revocatoria de mandatose requieren 289.263 firmas válidas, correspondientes al 40% de los votos obtenidos por el actual alcalde, quien ganó con 723.157 votos en las pasadas elecciones de 2011.

Con base en este informe, la Registraduría Distrital expidió hoy la Resolución 1019 mediante la cual se aprueba “la solicitud de convocatoria a elección de revocatoria del mandato del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá D.C.”

Los 275.270 apoyos restantes, fueron anulados por ser ilegibles, incompletos, repetidos, por pertenecer a municipios diferentes, por pérdida o suspensión de derechos políticos, o por no estar inscritos en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, entre otras razones.

Contra la Resolución 1019 proferida hoy por los Registradores Distritales, el alcalde Gustavo Francisco Petro Urrego o sus apoderados pueden interponer los recursos de reposición y apelación.

Agotado el estudio de los recursos, si la resolución llegara a quedar en firme, los registradores distritales deberían convocar a las urnas en un plazo de 2 meses.

Para que el mandato del alcalde sea revocado se requiere que en la jornada democrática que se convoque se registre una participación equivalente al menos al 55% del total de votos válidos depositados en la elección del alcalde de 2011, y que la mitad más uno vote por el sí.

De acuerdo con la Ley 741 de 2002 que modificó el artículo 69 de la Ley 134 de 1994, la revocatoria es aprobada “por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”.

En la última elección de alcalde de Bogotá, los votos válidos ascendieron a 2.244.025, razón por la cual el umbral de participación para la revocatoria de alcalde está en 1.234.214 sufragantes.

La Ley 134 de 1994 prevé que si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su período.

La Resolución 1019 de hoy se expide luego de que el pasado 25 de junio de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo de tutela “al derecho al debido proceso administrativo, y los derechos de defensa y contradicción de la prueba inherentes al mismo, a favor de Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá”, ordenara al Registraduría “que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de este proveído trasladen el informe de verificación de las firmas a la defensa del alcalde, junto con sus soportes completos”.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también permitió al equipo de grafólogos designado por el alcalde, Gustavo Francisco Petro Urrego “examinar los formatos que contienen las firmas en físico, los archivos del censo electoral y el Archivo Nacional de Identificación, con el fin exclusivo de verificar los datos relacionados con los artículos 2 y 3 de la Resolución 10840 de 19 de diciembre de 2012 “por la cual se establece el procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas para la revocatoria de mandato de gobernadores y alcaldes”, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El pasado 22 de julio fue radicado en la Registraduría distrital el informe de revisión del equipo de grafólogos designados por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, el cual fue remitido a la Dirección de Censo Electoral para su revisión.

El informe elaborado por el equipo de expertos grafólogos designados por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, se realizó en dos etapas: la primera de ellas incluyó la revisión uno a uno de 132.376 apoyos presentados y la segunda se realizó por técnica de muestreo y se revisaron 4.080 firmas.

De acuerdo con el informe presentado por los grafólogos del alcalde, en la primera etapa de los 132.376 apoyos, 83.159 fueron invalidados 81.447 de ellos por la causal de datos incompletos, es decir por no incluir nombres y apellidos completos de quienes apoyan la iniciativa de revocatoria.

La segunda etapa de revisión realizada por el equipo de grafólogos designados por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, señala que se hizo una verificación a una muestra de 4.080 firmas a partir de las cuales se invalidaron 188.341.

El pasado viernes 7 de junio los Registradores Distritales mediante Resolución 766 aprobaron la solicitud de convocatoria a elección de revocatoria del alcalde Gustavo Francisco Petro Urrego, quien llegó a la alcaldía avalado por el Movimiento Progresistas.

Para expedir esta resolución, la Dirección de Censo electoral de la Registraduría Nacional revisó una a una para las firmas presentadas para verificar que los datos estuvieran completos, que no existieran firmas repetidas, que todos los apoyos correspondieran al censo electoral de Bogotá D.C. y se realizó un análisis grafológico para comprobar que no existieran “planas” o conjuntos de firmas suscritas por un mismo ciudadano, entre otros aspectos

A 32 se elevó el número de municipios en alerta por incendios forestales; en el dapartamento del Tolima.


Continúan las altas temperaturas en el departamento y el número de municipios incluidos en alerta por probabilidad de incendios de cobertura vegetal se elevó a 32.

De acuerdo con el informe del Ideam, la temporada de menos lluvia se extenderá hasta mediados o finales de septiembre, lo que hace necesario mantener activos los esquemas de los consejos municipales de gestión del riesgo para evitar las emergencias que las altas temperaturas pueden generar.

En este informe, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, los 29 municipios que están en alerta roja son Alpujarra, Anzoátegui, Armero ( Guayabal), Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Cunday, Dolores, Fálan, Fresno, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Planadas, Purificación, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

A estos se suman los municipios de Coello, Herveo, Honda, declarados en alerta naranja por probabilidad moderada de conflagraciones, en la que se incluye igualmente el parque natural de las Hermosas, en Chaparral.

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