En los últimos dos meses han salido a la luz pública las compras masivas de tierras en la Altillanura que antiguamente eran baldíos del Estado, por empresas como Riopaila Castilla, Cargill o Poligrow. Foto: Juan Pablo Pino
Después de muchas reuniones y al menos cuatro borradores, varios de los cuales ya están circulando en los medios de comunicación, ayer en la noche funcionarios del Ministerio de Agricultura y de Presidencia finalmente alcanzaron un consenso sobre la famosa ‘ley de baldíos’.
Si logran convencer al presidente Juan Manuel Santos de esta nueva posición y se convierte en ley, las grandes empresas y los cacaos que compraron tierras en la Altillanura violando los topes establecidos serán los grandes perdedores. Pero el Presidente podría salvar así el sueño que ha vendido sobre el campo, sobre la restitución de tierras despojadas y sobre el proceso de paz.
Cumbre sobre baldíos en Palacio
La renuncia de Carlos Urrutia a la embajada en Washington se dio después de que el senador Jorge Robledo enfocara el 'chicharrón' de los baldíos como uno de responsabilidad política del Gobierno.
Varias de las tesis sobre los baldíos de Néstor Humberto Martínez, el ex ministro de Justicia que es hoy el abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, podrían salir ahora del proyecto de ley. Foto: Cortesía de El Espectador.
Desde que asumió el Ministerio de Agricultura, Francisco Estupiñán comenzó a advertir sobre las posibles irregularidades que se han detectado en la compra de antiguos baldíos del Estado.
Según pudo confirmar La Silla, este viernes en la noche terminó una reunión en Casa de Nariño entre funcionarios de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Santos con una sola conclusión: no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.
El resultado de esta conclusión es que los borradores que venían discutiendo y que venían siendo elaborados con la ayuda del ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez -abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de cuyas empresas también compró en la Altillanura- se mandarían a la ‘caneca’, por lo menos en lo esencial.
La Silla conoció tres de estos borradores que buscaban salvarle el negocio a los que compraron estas tierras y que serían ‘archivados’ si logran convencer a Santos. Entre ellos hay muchísimas diferencias, tanto de fondo como de forma. Tantas que resulta evidente que, como anticipó Semana, hay posiciones muy encontradas sobre el tema entre todas las personas que han venido trabajando en él.
La versión más temprana que conoció La Silla proponía una fórmula de contrato temporal para los predios enproblemados donde se comprobaba que había un proyecto productivo.
En esos terrenos, las empresas perderían la titularidad de la tierra pero conservarían la tenencia hasta por 30 años, en una especie de arriendo o ‘leasing’ que los obligaría a mantener la productividad, a pagar impuestos sobre ésta y a asociarse con -y no sólo contratar- campesinos.
Una segunda versión eliminaba estos contratos, pero incluía la idea de que si los antiguos baldíos no tenían ninguna prohibición de compraventa claramente señalada en sus matrículas inmobiliarias era imposible para sus compradores saberlo y que, por lo tanto, las transacciones habían sido de buena fe. La Silla supo que esta tesis, que Néstor Humberto Martínez ya ha expuesto en público y que fue controvertida por el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, fue finalmente descartada en la reunión de Palacio.
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