Considera que con esta determinación el Gobierno pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública, entre otros.
Tomado El Espectador.com
Se conoció la acción popular de 26 páginas radicada ante la sección primera del Tribunal Administrativo por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de la decisión del Gobierno de vender sus acciones de la empresa de energía Isagén S.A. E.S.P.
En la demanda se manifiesta que con la decisión el Gobierno de vender el 57.66 por ciento de las acciones estatales se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. (Ver Gobierno anuncia venta de la participación de la Nación en Isagén)
En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.
Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.
En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios. (Ver Privatización energética)
En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión. "Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.
En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.
Las pruebas
En la acción jurídica se solicita que se ordene la práctica pericial por parte de analistas y expertos para determinar el valor real de Isagén para la fecha en la que se tomó la determinación de vender, así como su valor actual y la proyección a futuro de concretarse alguna acción.
Además de los estudios de impacto público, social, ambiental y económico en los que se basaron a la hora de tomar la decisión de vender la empresa energética en el Consejo de Ministros presidido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.
En la demanda se piden estudios y soportes técnicos, así como una certificación sobre la autorización emitida por la Superintendencia Financiera, la cual se exige a la hora de hacer este tipo de operaciones y venta de acciones.
Se pide además una inspección judicial a las actas del Consejo de Ministros, documentos del Ministerio de Hacienda y demás eventos relacionados con la toma de decisiones para la venta de Isagén.
Por último se pide que se tenga como “prueba interrogatorio” al presidente de la República Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, miembros del consejo de ministros y sus secretarios.
Así como la contralora General, Sandra Morelli Rico; el gerente general de Isagén, Luis Fernando Rico; el exmnistro de Minas y Energía y exmiembro de la junta directiva de Isagén, Ramiro Valencia Cossio.
Además del exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga; los presidentes del sindicato de trabajadores de la Industria energética SINTRAE, Jaime Aristizábal Tobón y Óscar Albeiro Vallejo.
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