IBAGUE Y OTROS MUNCIPIOS DEL TOLIMA, PODRIAN QUEDAR SIN RELLENO SANITARIO.

En el sector de la Miel, en el sector rural de Ibague, los vecinos y habitantes del sector, pretenden no dejar funcionar el relleno sanitario ubicado en este sector, lo cual afectaría a la capital del Tolima y Rovira, Cajamarca, Coello, Alvarado, San Luis y Valle de San Juan municipios que depositan los residuos en este relleno.

La comunidad alega problemas de salubridad y han amenazado con impedir el deposito de basuras en el sector; representantes de la comunidad denunciaron incumplimientos por parte de la alcaldía de Ibague, quienes se habrían comprometido en arreglar las vías, lo cual hasta el momento no ha sucedido. 

En los próximos días se podría presentar en Ibague una congestión de basuras  como ha ocurrido en otras ciudades del país; esta vez por protestas de la comunidad de la Miel quienes impedirán el paso de los camiones que depositan las basuras en el relleno sanitario ubicado en su sector. 

En Venadillo: Bombero cae de tarrotanque durante entrega de maquina de bomberos.

En la visita realizada el pasado sábado 16 de mayo a Venadillo por parte del gobernador del Tolima y mientras se hacia entrega de la maquina de bomberos para el municipio; un bombero mientras realizaba la demostración cayo al vació desde la maquina, impulsado por un fuerte chorro de agua, sufriendo heridas considerables en su espalda. 

El funcionario fue trasladado de inmediato al hospital del municipio de donde fue remitido debido a la gravedad de la lesión al hospital Federico Lleras Acosta de Ibague.

Procuraduría General de la Nación formuló observaciones frente a licitación para la adecuación de los escenarios del Parque Deportivo de Ibagué (Tolima)

La Procuraduría General de la Nación le formuló algunas observaciones a la Alcaldía de Ibagué y al Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de la capital del Tolima (IMDRI), frente a los pliegos de condiciones de la Licitación Pública 05 de 2015, que se adelanta para contratar la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios del Parque Deportivo, la construcción de la pista de BMX, la construcción y remodelación del Tejódromo, y la construcción del Estadio de Softbol en la ciudad.

En comunicación remitida por la Procuraduría Provincial de Ibagué al alcalde municipal y al gerente del IMDRI, este organismo de control señaló que no se encontró justificación en los estudios previos para que el pliego de condiciones establezca que para cada propuesta conjunta en consorcio o unión temporal puedan participar dos o máximo tres personas. Indicó asimismo que esta limitación para asociarse no está prevista en la Ley 80 de 1993 y no se evidencia cómo tal requerimiento aporte a la selección objetiva del contratista o en su calificación técnica, operativa o de experiencia, mientras que se podría estar induciendo la forma de asociarse de los futuros oferentes.

En cuanto al contenido económico objeto de evaluación, la procuradora provincial manifestó que tampoco se evidenció justificación para determinar tanto el porcentaje de imprevistos (3%) como el techo y piso para cada uno de los ítems previstos en el costo directo, ni el soporte para establecer en el 24% el máximo porcentaje por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), lo que posiblemente implique inducir los costos de administración del proyecto.

Con base en el análisis técnico científico de ingenieros y economistas de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, este organismo de control recomendó que se defina un índice razonable de liquidez y un índice de rentabilidad del patrimonio y del activo conforme a la realidad y dinámica actual del sector de la construcción y la infraestructura, sin que se afecte el desarrollo normal de la ejecución contractual y sin que se limite la participación de potenciales oferentes. 

En términos generales, la Procuraduría Provincial de Ibagué sugirió que se revise todo el proceso precontractual de la Licitación Pública 05 de 2015, teniendo en cuenta las observaciones planteadas, para garantizar que la misma esté ajustada a los principios que regulan la función administrativa y las disposiciones del Estatuto General de la Contratación, y se evite un posible direccionamiento o restricción a la participación de potenciales oferentes. Finalmente advirtió que tales observaciones no implican de modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas o jurídicas de la alcaldía de Ibagué o del IMDRI.

Director y exdirector de estudios estrategicos de la Secretaria de Planeacion municipal de Ibague, rindieron informe ante la procuraduria el pasado 5 de mayo.

• Hechos investigados se relacionan con la certificación del cumplimiento de las obligaciones de un contratista sin que al parecer se hayan allegado los soportes de la ejecución idónea y oportuna del contrato.

• Diligencia se llevo  a cabo el pasado 5 de mayo, a las 3:00 p. m., en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Ibagué.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a los señores Héctor Javier Valencia Vivas y Leandro Vera Rojas, quienes actuaron como directores del Grupo de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué y como interventores internos para la época de los hechos, para que responda por la posible omisión de responsabilidades a su cargo.

Las actuaciones investigadas por la Procuraduría Provincial Ibagué se relacionan con la certificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista Iván Camilo Olarte, derivadas del Contrato 0141 de 2011, dando el aval para el desembolso del segundo y tercer pago, equivalentes cada uno al 30% del valor del contrato, es decir, por $8´400.000 el 29 de junio de 2011 y $8´400.000 el 3 de mayo de 2012.  

Al parecer los señores Valencia Vivas y Vera Rojas expidieron las respectivas certificaciones sin que se hubiere acreditado, presentado o soportado por el contratista las evidencias que demostraran que efectivamente había cumplido con las actividades que registraba en sus informes.

Señala el Ministerio Público que posiblemente los servidores investigados omitieron, en su condición de interventores, la obligación de ejercer la vigilancia y control de la ejecución idónea y oportuna del aludido contrato, así como de allegar a la respectiva carpeta toda la documentación original generada en relación con el mismo. 

Las presuntas faltas disciplinarias fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima. La audiencia pública se llevará a cabo hoy martes 5 de mayo, a las 3:00 de la tarde, en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Ibagué, ubicada en la Carrera 2ª Nro. 11-89 Edificio Martín Pomala- Segundo Piso de la capital del Tolima.

En fallo de segunda instancia, Procuraduría General de la Nación sancionó a expersonera municipal de Gachalá (Cundinamarca) por incumplir deberes y violar régimen de prohibiciones

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a la señora Jessica Carolina Garzón Solano, en calidad de personera municipal de Gachalá (Cundinamarca) para la época de los hechos, con suspensión del cargo por el término de cuatro meses, por incumplir sus deberes legales y violar el régimen de prohibiciones señalados en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 

A la disciplinada se le comprobó responsabilidad disciplinaria por haber suscrito diferentes resoluciones administrativas con el fin de obtener el pago de viáticos por realizar labores propias de su cargo en la ciudad de Bogotá durante unos días que se ausentó de su oficina de trabajo, entre el 8 de septiembre de 2011 y el 21 de ese mismo mes, fecha en que inició el disfrute de la licencia de maternidad otorgada por la Ley al dar a luz a un hijo, lo que originó la declaratoria de falta temporal y la designación de una personera interina para ocupar ese cargo por parte del alcalde de ese municipio.

No obstante, la señora personera no se abstuvo de efectuar actos que implicaron un abuso indebido de su cargo, al no acreditar el cumplimiento de las labores que iba a realizar los días 12, 13, 19, 20 y 21 de septiembre, por los cuales reclamaba viáticos, máxime si se tiene en cuenta que el 18 de ese mes, según lo indicó la misma disciplinada, se encontraba en trabajo de parto inducido.

De igual forma, la señora Garzón Solano manipuló el inventario del despacho del cual ya no era titular para ese momento y no dejó las llaves de la oficina, pese a que temporalmente estaba separada de su cargo, impidiendo de esta forma que el decreto del alcalde municipal se cumpliera y que la funcionaria encargada tuviera acceso a las dependencias e información de la Personería, incurriendo de tal manera en falta grave dolosa por violar el régimen de prohibiciones señalado en los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002.

Con dicho actuar la entonces personera municipal de Gachalá causó afectación a los deberes funcionales de la Personería de esa población.

.Conductores de TransMilenio amenazan con irse a paro por condiciones laborales

Se espera que este jueves los reclamos de los trabajadores puedan ser discutidos en un debate de control político en el Concejo de Bogotá.

Por cuenta de prolongadas jornadas de trabajo, multas injustificadas, inseguridad y supuestas presiones, el gremio de conductores de TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá anunció que están contemplando un cese de actividades indefinido.

Así lo sostuvo Wilson Hoyos, presidente de la organización sindical Unión General de Trabajadores del Transporte en Colombia (Ugetrans), quien señaló que pese a que se han buscado acuerdos con el sistema, no han encontrado interlocutores a quienes manifestar sus reclamos.

“Las quejas están relacionadas con los horarios, las multas económicas que nos imparte TransMilenio, desplazamientos y la inseguridad en las horas de ingreso y salida de trabajar (…) hemos buscado acuerdos pero ha sido imposible y nosotros estamos mirando si hacemos un cese de actividades porque la verdad la gente ya está cansada de tanto atropello.

Al respecto, se espera que este jueves los reclamos de los trabajadores puedan ser discutidos en un debate de control político en el Concejo de Bogotá, en el que se evaluará la situación laboral de los conductores.

“Los trabajadores deben soportar jornadas laborales sin descanso. Hacen descuentos al salario por multas no autorizadas. Casos en que los conductores tienen que dormir dentro de los mismos buses porque no alcanzan a llegar a la casa. No tienen baños ni acceso a la dignificación laboral”, explicó el concejal Javier Palacio.

El cabildante sostuvo que la Administración no tiene conocimiento de la situación laboral de los conductores: “la misma Administración ni siquiera está enterada de las condiciones en que trabajan los conductores ni los descuentos que les vienen haciendo y prácticamente estas personas son esclavizadas por parte de los operadores del sistema", agregó.

En el Tolima: Víctimas eligieron sus representantes departamentales

Concluyó la jornada de elección de los  representantes de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto, la cual tendrá como primera función representar este grupo  en los escenarios donde se diseñe, planifique, ejecute y haga seguimiento a las políticas públicas que garantice sus derechos.

 “A través del voto secreto se eligieron hoy los representantes de la mesa departamental de victimas” dijo María Cielo Rivero Duarte, Seccional acompañó la jornada, “los electos  serán los encargados de incidir en las políticas públicas del Departamento y serán los representantes a Nivel Nacional de este grupo vulnerable” argumento.

 Las personas que pudieron participar de esta elección fueron los representantes de las mesas de víctimas municipales, por hecho victimizante (homicidio, desplazamiento, extorsión, minas antipersonal, violación, etc) y con enfoque diferencial (mujeres, ancianos, afro-colombianos, grupos indígenas, etc) y en función de secretaría técnica se encuentra la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Victimas.

Según el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Aguiar Delgadillo, en el Tolima hay actualmente 276 mil personas víctimas del conflicto armado colombiano y Lucita Manchola es una de ellas, madre cabeza de hogar, víctima de la violencia, su esposo fue asesinado y ella desplazada del Caquetá y actualmente se encuentra viviendo en el Guamo con sus 8 hijos, y por su experiencia de vida tomo la iniciativa de participar en la mesa de víctimas porque es la única manera de poder tener una representación legal ante las instituciones y así ayudar a muchas mujeres que como ella han sufrido el flagelo de la guerra.