La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la comisaria de Familia de Ataco (Tolima) para el periodo 2013-2019, Ayanith Riveros Peña, por incumplir una prohibición legal establecida como inhabilidad para el desempeño de su cargo.
Siendo comisaria de Familia, la disciplinada representó a un ciudadano en un proceso penal que el Juzgado Penal del Circuito del Espinal, Tolima adelantaba en su contra, por el delito de acceso carnal violento.
Riveros Peña argumentó que tenía la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, dado que no cobró honorarios a su defendido, pues lo hizo a título de favor.
Para el Ministerio Público la funcionaria incurrió en la incompatibilidad señalada en el artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002 que establece como falta “actuar (…) a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, (…) de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”.
A juicio del ente de control la funcionaria cometió una falta gravísima con culpa gravísima por violación de reglas de obligatorio cumplimiento.
La Procuraduría Provincial de Chaparral ordenó compulsar copias para que se evalúe si es procedente adelantar investigación disciplinaria por la presunta persecución laboral del secretario de Gobierno de Ataco a la comisaria de Familia.
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