La decisión de Colombia de denunciar el Pacto de Bogotá, tras fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que fijó nuevos límites en el Caribe con Nicaragua, es un acto "desesperado" y "sin sentido" que no cambiará lo dispuesto por ese tribunal, opinaron juristas.
"No tiene ningún sentido retirarse del Pacto de Bogotá" porque los límites marítimos fijados para Nicaragua y Colombia son "cosa juzgada (y) absolutamente nada influye en la sentencia", dijo a la prensa el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Arguello quien hoy se reunió con el contralor Guillermo Argüello Poessy, para conversar sobre el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el pasado 19 de noviembre, que le devuelve a Nicaragua territorio marítimo que antes dominaba Colombia.
"Tenemos todos los derechos soberanos sobre el mar (...) me parece una medida precipitada y no creo conveniente para los interéses de Colombia, porque el pacto de Bogotá es un acuerdo de solución pacífica de controversia y contiene una serie de medida para resolver problemas internacionales entre los países americanos, que incluye mediación, arbitraje hasta la Corte Internacional de Justicia. Retirarse del pacto nada influye en la sentencia, la sentencia es cosa juzgada. Eso se acabó", dijo Argüello hace momentos durante un encuentro que sostuvo con los contralores.
CIJ NO OPINA
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declinó hoy pronunciarse sobre la decisión de Colombia de retirarse del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de ese tribunal de la ONU, en protesta por el fallo del litigio que le enfrentaba con Nicaragua.
Fuentes del ese organismo jurídico internacional consultadas por Efe declinaron pronunciarse al respecto por considerar que "ésta es una cuestión política".
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anuncio hoy que su país se retira del Pacto de Bogotá (1948), que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, en rechazo del fallo que definió nuevos límites marítimos con Nicaragua.
Las fuentes consultadas en la CIJ se refirieron únicamente a que sus estatutos dicen que "una vez firmada la jurisdicción, los Estados Miembros de Naciones Unidas se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte". Sin embargo, esos estatutos no precisan el procedimiento a seguir cuando uno de los Estados miembros decide retirarse o denunciar el pacto.
La CIJ decidió, en un fallo inapelable hecho público el pasado 19 de noviembre en La Haya, que correspondía a Colombia la soberanía de siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007.
El alto tribunal concedió a Nicaragua más de 70,000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales, lo que convierte en enclaves dos de esos cayos otorgados a Colombia.
Para Colombia, según dijo hoy Santos, ese fallo es "contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos".
El Pacto de Bogotá, que fue suscrito en 1948 y entró en vigor el 6 de mayo de 1949, confiere a la CIJ la jurisdicción para dirimir de forma pacífica los litigios del continente americano.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá porque fue suscrito el 30 de abril de 1948 en la conferencia panamericana que se celebró en la capital colombiana, impone a los signatarios la obligación general de resolver sus conflictos de forma pacífica.
