lunes, 3 de diciembre de 2012

Crean en Ibagué (Tolima) Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional



La Procuraduría General de la Nación instaló formalmente en Ibagué la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional con el fin de hacer seguimiento a la  implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Victimas y Restitución de Tierras.

La Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional en el departamento del Tolima tiene entre sus funciones velar para que todos los actores encargados de desarrollar la referida Ley cumplan a cabalidad las directrices que señala la norma en aras de reparar a las víctimas en esta sección del país.

En desarrollo del Plan de Acción, luego de visita a las instalaciones de la  Unidad de Atención y Orientación al Desplazado, la comisión hizo recomendaciones para mejorar  la atención a los usuarios y desplazados por la violencia en términos de calidad y oportunidad.

Así mismo, ofició a los alcaldes de Ibagué y demás municipios del Tolima para recordarles sobre la obligación de ejecutar de manera prioritaria el presupuesto correspondiente a la ayuda y asistencia a las víctimas al tiempo que verificó a nivel departamental el cumplimiento de los planes de desarrollo de las entidades territoriales para el periodo 2012 -2015, los planes de acción y demás actividades relacionadas con la implementación de la ley de victimas y restitución de tierras.

De lo anterior se requirió con urgencia a los 47 municipios del Tolima para que entreguen los planes de acción a efectos de que el departamento pueda elaborar su plan de acción territorial, a la vez que se encontró como falencia que ni el departamento, ni los municipios han elaborado el correspondiente plan de acción, por lo que se les solicitó el pronto cumplimiento.

De otra parte, luego de visita a la oficina de operaciones de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, la Comisión, en cumplimiento de la labor preventiva del Ministerio Público sugirió aplicar planes y estrategias para contrarrestar los accidentes por minas antipersonas, artefactos explosivos, desminado humanitario y otros controles institucionales sobre el tema.

Sobre el particular se observó que a 10 de octubre del 2012, se habían ubicado y destruido 293 artefactos explosivos en el departamento del Tolima.   

La reunión de instalación contó con la presencia de la procuradora regional del Tolima, Sandra Viviana Vargas Castro; la procuradora provincial de Ibagué, Ligia Aguilar Gómez; el procurador 10 Judicial II de Apoyo a Víctimas, Pedro Alonso Bayona Díaz;  el procurador 20 Judicial II Ambiental y Agrario, Ernesto Cardozo Camacho; el defensor del pueblo en el Tolima, Santiago Ramírez Calderón; el personero de Ibagué, Isaac Vargas; y los procuradores provinciales de Honda, Ronal Trillos y Chaparral, Alfonso Suárez.

La Procuraduría General de la Nación adelanta una gestión de capacitación y sensibilización dirigida a los personeros municipales en cuanto a la recepción de las declaraciones en cada uno de los municipios el departamento, por lo que la comunidad puede acudir a las personerías de los 47 municipios del Tolima que deben atender y  recepcionar declaración a quienes se consideren víctimas dentro del marco del conflicto armado.     

domingo, 2 de diciembre de 2012

MÚSICA COLOMBIANA: RICA EN TALENTO, POBRE EN FINANZAS




“Hoy se nota en la floresta/ Un ambiente de alegría/ Y el rumor de ranchería/ Es más dulce y sabe a fiesta”. Así comienza el célebre vallenato Tierra de cantores, del maestro Carlos Huerta, versos que a pesar de resaltar la riqueza del folclor colombiano, según los herederos del ‘cantor de Fonseca’, no reciben tantos recursos como debería por derecho de autor.

La Constitución y la ley colombiana reconocen y protegen la propiedad intelectual, disciplina jurídica que incluye los derechos de autor y los derechos conexos. Es así como el maestro Huerta, mientras vivió, fue dueño de sus canciones y el único que podía lucrase por su difusión. Un derecho que ahora ostentan sus herederos. 

En este contexto aparecen las sociedades de gestión colectiva: la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) para derechos de autor y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO) para derechos conexos, que tienen por objeto principal la recaudación y distribución del patrimonio generado por la comunicación pública y reproducción de las obras. Ambas están reconocidas y supervisadas por la estatal Dirección Nacional de Derechos de Autor.

El sistema de recaudo consiste en que la asociación percibe recursos por interpretación o sonada, desde un concierto y hasta una rockola, y luego les liquida proporcionalmente a sus diferentes asociados. Así, por cada vez que suena una obra, el compositor debería recibir 70% de los recursos generados por derechos de autor, SAYCO se queda con 20% por gastos administrativos y el restante 10% se destina para un fondo común del que se benefician todos los afiliados.

Esto es en teoría, pero ¿qué tanto están recibiendo los compositores por concepto de derechos de autor? El representante a la Cámara por Santander Jorge Gómez Villamizar responde que muchos de “los grandes compositores que le han dado la alegría y buena imagen al pueblo colombino viven en la miseria” y cita el caso del maestro Wilson Choperena, autor de La pollera colorá, que murió en la “pobreza extrema”.

Así también lo ratifican los herederos de Carlos Huertas. Son “pésimas liquidaciones”, asegura Lola, una de las hijas del maestro, tras relatar que “el trimestre pasado, por las canciones del ‘cantor de Fonseca’, que nunca dejan de sonar, no nos llegó ni 200 mil pesos”.

Casos como los de los maestros Huertas, Choperena y Rafael Escalona, quien en cinco años tan sólo recibió 115 millones de pesos de regalías por toda su vasta obra musical, son aún más dicientes si se tiene en cuenta que el vallenato es el género que más recursos percibe por derechos de autor en el país. La música del acordeón, según estimaciones de SAYCO, representa cerca de 60% de los ingresos, seguido de lejos por la salsa con 12% y el reggaetón con poco más de 10%.

Y estos casos –el maestro Escalona pasó sus últimos días en medio de apuros económicos– son los que ayudan a dimensionar la actual situación de los autores y compositores nacionales: en la práctica no son los principales beneficiarios de las regalías fruto de los derechos de autor y los derechos conexos.

Precisamente, en la plenaria de la Cámara de Representantes del pasado 31 de octubre, los autores y sus herederos se preguntaron a dónde fueron a parar los cerca de 40 mil millones de pesos que en promedio recauda SAYCO por derechos de autor al año.

“Mientras autores, compositores y maestros se dedicaron a componer obras que son orgullo para los colombianos, otros orquestaron verdaderos conciertos, no de música, sino conciertos para delinquir”, dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en referencia a la antigua administración de SAYCO, que hoy está bajo control del Gobierno Nacional.

El representante Gómez detalla que se “logró demostrar que SAYCO y ACINPRO han manejado hasta tres contabilidades y las cifras que muestran son diferentes. Lo que se conoce es hay una defraudación y una usurpación de los recursos que en los últimos 10 años puede llegar a los 4,5 billones de pesos”.

Investigaciones recientes, adelantadas por el gobierno, dan luces de los destinos del dinero de los compositores. La revisión a la contabilidad de esta asociación muestra que los directivos recibieron bonificaciones y aumentos considerados excesivos, en claro contraste con la situación financiera de la mayoría de los asociados, al tiempo que repartían subsidios para ser reelegidos y organizaban costosas fiestas.

La solución del gobierno es que se termine de aprobar el proyecto de ley 202 –esta pendiente por votación el artículo 26–, con el cual el ejecutivo busca “lograr un nuevo estatuto que les permita a los artistas ser protagonistas del manejo de sus propios recursos”.

Pero en la Cámara hay ciertas dudas al respecto. El presidente de la Corporación, Augusto Posada, dijo que no veía otra solución que no sea retirar la personería jurídica a SAYCO y creó una comisión accidental de seguimiento para dicho proyecto. “Vamos a solicitar la apertura del articulado aprobado para presentar un pliego de modificaciones con base en lo que hoy hemos escuchado”, puntualizó Posada.

En lo que sí hay consenso es en la necesidad de que la situación de la música colombiana cambie. Esta no puede seguir debatiéndose entre la riqueza creativa de los artistas y los números rojos de sus finanzas.

Audiencia Pública sobre servicios públicos domiciliarios en Mariquita - Tolima





Se busca la mejora de los servicios en el municipio y la defensa de los derechos de sus habitantes.

Bogotá D.C., Diciembre 1 de 2012(Prensa Senado), Por iniciativa del senador Camilo Romero (Polo Democrático), se realizó el conversatorio denominado "Servicios Públicos Domiciliarios y el papel de los organismos de control en el caso de Mariquita, Tolima, frente a la prestación del Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado por parte de la Empresa ESPUMA S.A".

El evento académico se llevó a cabo para instaurar una denuncia pública por los atropellos que por más de diez años, han sufrido los habitantes del municipio de Mariquita, de parte de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de esa región.

"Con esta actividad lo que pretendemos es que los entes de control procedan a realizar las investigaciones, y sanciones pertinentes contra la empresa ESPUMA S.A. para la mejora del servicio. Este es el primer paso para reivindicar los derechos de los habitantes de Mariquita", expresó el senador Romero.

En el conversatorio se hizo un análisis de la baja calidad e ineficiencia del servicio, de los vicios en la contratación de la empresa ESPUMA S.A y se resaltó los hechos de corrupción alrededor de la prestación del servicio.
De igual manera, se resaltaron las acciones impulsadas por la ciudadanía organizada y los distintos informes realizados por los entes de control y la Superintendencia de Servicios Públicos, que corroboran la situación y la dificultad de los ciudadanos para hacer respetar sus derechos.

Asistieron los representantes del Ministerio Público y de los organismos de control, quienes trabajaron en la búsqueda de acuerdos y compromisos que den solución a la problemática. Entre los asistentes están Nayid Naffah, concejal del Municipio de Mariquita; Israel Guzmán Henao, representante de la sociedad civil y de la veeduría ciudadana; Efraín Hincapié, contralor departamental del Tolima; Raquel Bastidas de Ramírez, asesora del Procurador General de la Nación; Nayibe Ardila y Zaida Navarro; representantes de la Defensoría del Pueblo.

Polo pedirá juicio político contra Pastrana, Uribe y Santos por pérdida de mar territorial




"Colombia no debe caer en el tapen-tapen por el caso San Andrés. Graves equivocaciones de los tres gobiernos".

Bogotá D.C., Diciembre 1º de 2012 (Prensa senador Jorge Robledo).- En su visita a San Andrés, los dirigentes del Polo Democrático Alternativo Clara López Obregón, Jorge Enrique Robledo y Tarcisio Mora, anunciaron que el partido de oposición radicará una denuncia para que el Congreso adelante un juicio político contra Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, por su responsabilidad en la pérdida de más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en San Andrés.

De acuerdo con los dirigentes del Polo, los tres gobiernos cometieron graves equivocaciones que llevaron a que el país perdiera una importantísima parte de su territorio.

Señalaron que el país no puede caer en la trampa del tapen-tapen y que los colombianos tienen el derecho a saber quiénes fueron los responsables de este fracaso.

También dijeron que le pedirán a la Cancillería que publique las actas de las reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en las que se discutió el tema de San Andrés.

El representante a la Cámara, Miguel Gómez Martínez, Propone revocatoria de mandato a Petro.




En una reunión con empresarios y ciudadanos, el representante a la Cámara por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, hizo un balance del primer año de Gobierno del alcalde Gustavo Petro y dijo que “la ciudad está a la deriva: no hay planeación, todo se ha regido bajo la improvisación y los bogotanos ya no aguantamos más chambonerías”.

El congresista criticó que se busque un endeudamiento de tres billones de pesos para proyectos en movilidad sin tener estudios previos. "El actual alcalde fue elegido por una minoría. Las más recientes encuestas muestran que su imagen desfavorable subió al 61% y que el 56% de los ciudadanos cree que la ciudad va por mal camino. Esto es lo que nos impulsa a promover una revocatoria a su mandato".

En este sentido, agrego que según el artículo 64 y siguientes de la Ley 134 del 94 (mecanismos de participación ciudadana) el motivo para pedir la revocatoria debe ser por insatisfacción general y/o incumplimiento del programa de gobierno.

“Ante esto, la percepción de la ciudadanía es clara. La continuidad de una administración que improvisa, que polariza, no gerencia y no comunica debe ponerse a consideración de la ciudadanía y ya estamos trabajando en eso", afirmó.

El legislador explicó que la solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria debe ser suscrita por el 40% del total de votos que obtuvo Petro. Esto significa que de los 723.157 sufragios se deben conseguir 289.263 firmas que estén inscritas en el censo de Bogotá, hayan o no votado en las elecciones de octubre de 2011.

“La votación válida fue de 2.244.025, la votación necesaria debe ser de 1.234.214, de los cuales el voto por el sí debe llegar a la cifra de 617.107. Se procederá a la revocatoria cuando el 50% + 1 de los votos participen en la convocatoria, siempre y cuando que el sufragio supere el 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió el actual mandatario" dijo Gómez.

Sanandresanos diseñan estatus político para tener Gobierno autónomo



Los raizales de San Andrés trabajan en el diseño de un nuevo estatus político que les permita tener un Gobierno autónomo y asociado a Colombia, dijo el promotor de esta iniciativa, Raymond Howard Britton.

Este impulso independentista, "que no es nuevo", quedó potenciado por el fallo por el que el pasado 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya estableció nuevas fronteras entre Colombia y Nicaragua sobre las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

"Lo que pasó en La Haya lo miramos como la última gota que rebasa del vaso porque Colombia a través de esos cien años ha regalado prácticamente el territorio ancestral con el que nos adherimos a la Gran Colombia (en 1822) mediante tratados", señaló Howard.

Y es que con la sentencia, la Corte ratificó la soberanía colombiana sobre las tres islas mayores y siete cayos cercanos, pero también le concedió a Nicaragua entre 70.000 y 90.000 kilómetros cuadrados de mar que rodean el archipiélago con un gran valor biodiverso, pesquero y petrolero, y que tradicionalmente ha sido de los sanandresanos.

"El raizal se siente más sanandresano que colombiano. Y antes del fallo eso era así en 80 por ciento, pero después ha subido al 99 por ciento", agregó el líder nativo.

Howard es presidente del Movimiento por la Autodeterminación Étnica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (AMEN, por su sigla en inglés) y pastor de la primera Iglesia bautista de la zona, donde se concentra el sentimiento de autodeterminación de los raizales.

Esta comunidad trabaja ahora con más ahínco en una nueva propuesta para un nuevo estatus, que ya le ha sido entregada tanto al vicepresidente Angelino Garzón, como al presidente, Juan Manuel Santos.

Este sentimiento independentista en la isla, como recordó Howard, data de 1912, cuando se promulgó una ley en Colombia que pagaba el traslado de continentales a la isla para poblarla, lo que la comunidad raizal ha identificado como "la debacle" de su cultura y lo que les llevó a ser invisibles ante los ojos del mundo.

Tanto es así que la proporción entre raizales puros y "pañas", como se refieren a los mestizos continentales, es del 30 frente al 70 por ciento, y el idioma creole de los nativos, con raíces africanas, y el inglés que les dejaron los piratas del siglo XVI quedó sustituido por un español que hablan a duras penas.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Aprobado proyecto que prohíbe contratar a través de Cooperativas de trabajo; si usted es subocontratado por una cooperativa es ILEGAL.



La iniciativa aprobada en primer debate precisa la supresión de aquellas empresas que abusan de los trabajadores que ayudan a vincular.

Bogotá D.C., Noviembre 30 de 2012. El senador Alexander López (PDA), autor de la iniciativa explicó que este proyecto busca que un grupo de trabajadores que están ubicados en los sectores público y privado, contratados a través de cooperativas, sociedades anónimas simplificadas, contratos sindicales y en otras formas de asociación, entren a la formalización laboral.

López, argumentó que en el país existen 22 millones de personas trabajando, pero un 80% de esos trabajadores no tienen los derechos que consagra la Constitución, las normas laborales y tampoco los Tratados internacionales.

En su ponencia denuncio que "más de 30 importantes empresas en el país se encuentran con trabajo tercerizado entre ellas, Avianca, Ecopetrol, Exito y Pacific Rubiales".

El congresista afirmó que la iniciativa tiene todos los elementos técnicos, legales y sociales para beneficiar a muchos trabajadores. "Con esto no afectamos a las empresas porque con sus utilidades tienen para cubrir los pagos básicos de los empleados", preciso.

Por su parte, la senadora Gloria Inés Ramírez (PDA), alertó que el ministerio del Trabajo "no tiene las capacidades técnicas, logísticas, ni operacionales para tener el dato de cuántas son las cooperativas asociadas de trabajo que existen en el país".

Dijo además que no tienen los inspectores que puedan verificar en las empresas, la contratación y que le faltan medidas jurídicas y legales para confrontarlas.

El senador Guillermo Santos (Partido Liberal), afirmó "están equivocados quienes creen que legislamos para eliminar las cooperativas en Colombia, es perverso que a través de ese concepto erróneo de cooperativismo se afecte a los trabajadores".

"Con este proyecto queremos que se acabe esa intermediación laboral tan perversa que afecta a los trabajadores, usada para evadir impuestos y raponearles las prestaciones", precisó el senador Santos.

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