Bogota, 17 de noviembre de 2010,
Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción acusó a Guillermo León González Guardo, ex alcalde de San Jacinto (Bolívar), por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos materia de investigación se relacionan con el cobro irregular de sus prestaciones sociales como ex funcionario del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de San Jacinto, en el 2002.
En el proceso, la Fiscalía determinó que el ahora acusado no cumplía con los requisitos mínimos para exigir ese dinero y, además, presentó irregularmente dos reclamaciones por el mismo concepto, lo que generó un pago doble por 19 millones de pesos.
Uno de los desembolsos fue autorizado por la ex alcaldesa encargada del municipio, Luz Veira Pacheco Alfaro, mientras que el segundo pago fue otorgado con base en documentos aparentemente falsos presentados por el abogado de González Guardo, identificado como Félix Gregorio Meriño Suárez.
La Fiscalía también determinó que el cobro de ese dinero se realizó en el 2004 cuando el afectado por la decisión se desempeñaba como alcalde del municipio.
En la misma decisión fueron acusados Pacheco Álfaro y Meriño Suárez como presuntos responsables de peculado por apropiación y fraude procesal. Este último también fue afectado por la decisión por el delito de falsedad en documento público.
Otro vinculado a la investigación, identificado como Daniel Reyes Sánchez, ex funcionario del IMDER que emitió la resolución que ordenó el pago de las prestaciones sociales a favor de González Guardo, también fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público.
Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción acusó a Guillermo León González Guardo, ex alcalde de San Jacinto (Bolívar), por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos materia de investigación se relacionan con el cobro irregular de sus prestaciones sociales como ex funcionario del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de San Jacinto, en el 2002.
En el proceso, la Fiscalía determinó que el ahora acusado no cumplía con los requisitos mínimos para exigir ese dinero y, además, presentó irregularmente dos reclamaciones por el mismo concepto, lo que generó un pago doble por 19 millones de pesos.
Uno de los desembolsos fue autorizado por la ex alcaldesa encargada del municipio, Luz Veira Pacheco Alfaro, mientras que el segundo pago fue otorgado con base en documentos aparentemente falsos presentados por el abogado de González Guardo, identificado como Félix Gregorio Meriño Suárez.
La Fiscalía también determinó que el cobro de ese dinero se realizó en el 2004 cuando el afectado por la decisión se desempeñaba como alcalde del municipio.
En la misma decisión fueron acusados Pacheco Álfaro y Meriño Suárez como presuntos responsables de peculado por apropiación y fraude procesal. Este último también fue afectado por la decisión por el delito de falsedad en documento público.
Otro vinculado a la investigación, identificado como Daniel Reyes Sánchez, ex funcionario del IMDER que emitió la resolución que ordenó el pago de las prestaciones sociales a favor de González Guardo, también fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público.
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