Ibague, 5 de noviembre de 2010,
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Ibagué profirió resolución de acusación en contra del ex gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de esta ciudad, Alfonso Ricaurte Riveros, porque incurrió presuntamente en los delitos de celebración indebida de contratos, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión judicial también afecta a los contratistas: Jorge Leonardo Trujillo Torres, Pablo César Rodríguez Bocanegra, Niyireth Aguiar Aguiar, Cesar Augusto Ticora y Jorge Humberto Andrade, que responderán por los delitos mencionados.
Los hechos que se investigan ocurrieron entre julio y octubre de 2006, cuando el entonces gerente Ricaurte Riveros emitió cuatro órdenes de compra, cada una por 13 millones 490 mil pesos para diferentes personas, y cuyo objeto contractual era el mismo.
Presumiblemente, según la investigación,la finalidad de ese fraccionmiento era omitir del proceso de selección la convocatoria pública exigida por la Junta Directiva del Hospital.
Tales órdenes de compra significaron un sobrecosto de siete millones 469 mil pesos.
Los procesados permanecerán en libertad mientras continúa el proceso.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Ibagué profirió resolución de acusación en contra del ex gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de esta ciudad, Alfonso Ricaurte Riveros, porque incurrió presuntamente en los delitos de celebración indebida de contratos, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión judicial también afecta a los contratistas: Jorge Leonardo Trujillo Torres, Pablo César Rodríguez Bocanegra, Niyireth Aguiar Aguiar, Cesar Augusto Ticora y Jorge Humberto Andrade, que responderán por los delitos mencionados.
Los hechos que se investigan ocurrieron entre julio y octubre de 2006, cuando el entonces gerente Ricaurte Riveros emitió cuatro órdenes de compra, cada una por 13 millones 490 mil pesos para diferentes personas, y cuyo objeto contractual era el mismo.
Presumiblemente, según la investigación,la finalidad de ese fraccionmiento era omitir del proceso de selección la convocatoria pública exigida por la Junta Directiva del Hospital.
Tales órdenes de compra significaron un sobrecosto de siete millones 469 mil pesos.
Los procesados permanecerán en libertad mientras continúa el proceso.
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