Bogotá, 9 de septiembre de 2010. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación , la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República impartieron directrices para controlar el incremento de la deuda pública de los departamentos y municipios a través de las mal llamadas vigencias futuras, situación que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
A través de una circular conjunta, los máximos representantes de estas entidades hicieron un llamado a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, secretarios de hacienda de las entidades territoriales, contralores departamentales municipales y distritales, para que adopten las normas vigentes en esta materia y advirtieron sobre los riesgos de su desacato.
Actualmente, los gobernadores y alcaldes han venido solicitado a las asambleas y concejos, respectivamente, “lo que impropiamente han denominado vigencias futuras” sin contar con los correspondientes sustentos jurídicos, pues en la mayoría de los casos no existen proyectos específicos ni procesos contractuales en curso.
Bajo esa premisa, “las operaciones de créditos aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales”.
Así mismo, las entidades intervinientes señalaron que las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales.
Durante la presentación de esta circular a la opinión pública, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, destacó la necesidad de controlar el alcance de las mal llamadas vigencias futuras y calificó esta iniciativa conjunta como un mecanismo esencial de control y un mensaje a las autoridades departamentales y municipales para que racionalicen el uso de este instrumento de manera que no afecte la estabilidad fiscal de cada una de sus instituciones ni del Estado.
Por su parte, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, aclaró que esta acción no busca desconocer la autonomía de las entidades territoriales porque lo que aquí “se está configurando es una violación de las normas específicas relacionadas con los trámites, procedimientos y requisitos para que las entidades territoriales puedan endeudarse”.
Finalmente, el Auditor General de la Nación, Iván Darío Gómez Lee, anunció que en el día de hoy solicitará una rendición de cuentas especial en las contralorías territoriales con el fin de obtener información sobre las mal llamadas vigencias futuras que se están tramitando en las entidades territoriales.
A través de una circular conjunta, los máximos representantes de estas entidades hicieron un llamado a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, secretarios de hacienda de las entidades territoriales, contralores departamentales municipales y distritales, para que adopten las normas vigentes en esta materia y advirtieron sobre los riesgos de su desacato.
Actualmente, los gobernadores y alcaldes han venido solicitado a las asambleas y concejos, respectivamente, “lo que impropiamente han denominado vigencias futuras” sin contar con los correspondientes sustentos jurídicos, pues en la mayoría de los casos no existen proyectos específicos ni procesos contractuales en curso.
Bajo esa premisa, “las operaciones de créditos aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales”.
Así mismo, las entidades intervinientes señalaron que las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales.
Durante la presentación de esta circular a la opinión pública, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, destacó la necesidad de controlar el alcance de las mal llamadas vigencias futuras y calificó esta iniciativa conjunta como un mecanismo esencial de control y un mensaje a las autoridades departamentales y municipales para que racionalicen el uso de este instrumento de manera que no afecte la estabilidad fiscal de cada una de sus instituciones ni del Estado.
Por su parte, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, aclaró que esta acción no busca desconocer la autonomía de las entidades territoriales porque lo que aquí “se está configurando es una violación de las normas específicas relacionadas con los trámites, procedimientos y requisitos para que las entidades territoriales puedan endeudarse”.
Finalmente, el Auditor General de la Nación, Iván Darío Gómez Lee, anunció que en el día de hoy solicitará una rendición de cuentas especial en las contralorías territoriales con el fin de obtener información sobre las mal llamadas vigencias futuras que se están tramitando en las entidades territoriales.
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