La decisión del Incoder se produjo luego de que la Procuraduría pidió que se clarificara la propiedad de los lotes, en Nilo (Cundinamarca), a cuatro kilómetros de la entrada de la base militar. En ese momento, las familias no solo probaron que llevaban ocho décadas usufructuando los terrenos, sino que, además, demostraron que, en 1958, el presidente Alberto Lleras Camargo se comprometió con los colonos a no quitarles los predios que la Nación había adquirido en 1954. Luego, el convenio 108 de abril de 1968 estableció que el Incora debía parcelarlos.
Pero, sin que nadie lo explique, 11 años después, el Incora le devolvió la tierra al Ministerio argumentando que no pudo parcelarla.
Ahora, tras varios estudios de documentos catastrales y visitas en terreno, el Incoder dictaminó que esos bienes hacen parte del patrimonio del Ejército y no pueden ser otorgados a particulares en reforma agraria. Además, que las compraventas hechas por los campesinos "no constituyen dominio real, ni títulos de propiedad".
Solo mejoras
La gerente del Incoder, Miriam Villegas, le dijo a este diario que no existen archivos que expliquen por qué no se hizo la reubicación de las familias en la década del 70, pero afirmó que este procedimiento ya prescribió y que es ahora al Ejército al que le corresponde reubicar a los campesinos.
El jefe de Ingeniería del Ejército, general Guillermo Suárez, confirmó que están realizando los estudios socioeconómicos para reconocerles las mejoras. Pero las familias dicen que no es justo que las desalojen y que solo les paguen mejoras. Por eso, anuncian una demanda. 'Vamos a buscar vías legales': ONG Abogados de la Corporación Yira Castro, que representa a los campesinos, afirman que evitarán el desalojo por todas las vías legales, y que estudian una demanda contra Incoder porque su antecesor (el Incora) no cumplió el mandato de darles la tierra en disputa a los campesinos.
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