Por falta de quórum se cayó reforma electoral

Al cierre de la legislatura se hundieron en la Cámara de Representantes 37 proyectos, entre ellos la reforma electoral y la ley antitabaco.

La reforma electoral era uno de los proyectos principales que el Gobierno esperaba que pasara en el Congreso, pues la iniciativa que presentaron el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives, que pretendía “blindar las elecciones” de cualquier influencia ilegal y no permitir que el fenómeno de la ‘parapolítica’ se repita.
Este proyecto hacía parte del 'Pacto por la Transparencia Electoral' al que habían llegado los partidos uribistas con el Ejecutivo.
“A fin de disminuir las posibilidades de esta infiltración ilegítima, el proyecto, por un lado, pretende aumentar el nivel de exigencia a los candidatos, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos al postular aspirantes para las corporaciones y cargos públicos. Y, por otro lado, pretende regular las condiciones mediante las cuales el Estado contribuirá a la financiación concurrente de campañas electorales”, expuso el representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez.
La reforma electoral incluía que los candidatos inscritos por cada partido, movimiento o grupo significativo debían presentar certificados de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales; declaración juramentada de cada uno de ellos en la que se comprometen a no permitir el ingreso de dineros ilícitos a sus campañas, ni el apoyo de grupos o personas comprometidas con actividades delincuenciales.
De igual manera, la iniciativa planteaba que todos los movimientos y partidos políticos, así como los grupos significativos, “deberán dar publicidad a las hojas de vida de sus candidatos” y aclaraba que “las contribuciones particulares a candidatos para cargos uninominales solo podrán ser entregadas por intermedio del partido o movimiento político respectivo”.
Asimismo, el proyecto definiría que el Estado entregará de manera constante a los movimientos políticos recursos para financiar sus campañas electorales, “en un monto equivalente al 25% de la reposición de votos pagados a cada uno de los partidos o movimientos políticos, en las elecciones anteriores para los mismos cargos o corporaciones”, con el fin de garantizar que cada uno de los mismos pueda exponer sus programas y proyectos en igualdad de condiciones con sus competidores.