Tutela falla en contra del ‘muro de la infamia’

miércoles, 20 de junio de 2007
Un juez penal municipal de garantías señala que poner en un muro la fotografía, el nombre y los datos personales del acusado vulnera la dignidad del mismo, motivo por el cual la tutela falló en contra de dicha medida.
El juez considera que la publicidad de este tipo hacia los acusados es incluso morbosa y critica a quienes han felicitado la instalación de dichos muros pues asegura que piensan con el corazón, más no con la razón y mucho menos teniendo en cuenta la constitución de la República.
“Experimentos como éste podrían conllevar prejuicios para la paz y tranquilidad debido a que genera un espectáculo grotesco en una ciudad con altos índices de violencia y pobreza la cual necesita más inversión social que publicitaria”, dice parte del texto de la tutela.
Además de lo anterior, la tutela señala que no se le puede aplicar una Ley a una persona que cuando cometió el delito no se encontraba vigente, toda vez que nadie puede ser sancionado por una Ley que no existía al momento de los hechos.
Por otra parte, la concejal Gilma Jiménez, ponente del acuerdo, señaló que se apelara esa decisión pues según ella, se debe tener en cuenta que los derechos de los niños deben prevalecer sobre cualquier otro.
Sin embargo, el juez 54 concluye que la decisión del Concejo capitalino de publicar la foto con los datos del condenado, es un trato degradante y es además una nueva forma de sanción o castigo.
Distintas autoridades han señalado que se registran cinco casos diarios de violación a menores de edad en Bogotá y actualmente hay unas 360 personas presas por acto sexual abusivo y violación en cárceles de Bogotá y de municipios de Cundinamarca.
Fuentes policiales señalan que el año pasado fueron detenidas en la capital colombiana un total de 816 personas acusadas de violación, es decir, más de dos por día.
La nueva Ley de Infancia en Colombia señala que quien viole a un menor será condenado a 25 años de cárcel.
La norma aprobada por el Concejo en abril pasado ordenaba a las autoridades locales a publicar cada seis meses en los medios de comunicación las fotos de los violadores condenados por la justicia.
Asimismo, cada tres meses los recibos de los servicios públicos deberán ir acompañados de las fotos de los violadores, mientras las carteleras estarían ubicadas en zonas de alto flujo de personas.