Bogota, 5 de febrero de 2010,
Por defraudar en un poco más de cinco mil 103 millones de pesos a Cajanal, un fiscal anticorrupción acusó a ocho personas, entre las que se encuentran abogados y ex funcionarios de esa entidad.
De acuerdo con la investigación, los procesados presentaron ante Cajanal, en diciembre de 2002, una sentencia de tutela falsa que le ordenaba a la entidad reconocer el pago de mesadas pensionales y retroactivos no liquidados a 219 profesores.
La sentencia, aparentemente proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Bogotá, ordenaba cubrir pagos por esa suma de dinero, erogación que cumplió la entidad casi en su totalidad.
El fiscal del caso determinó que la supuesta tutela no existía, pues en los archivos del Juzgado no figura sometida a reparto, no existe expediente físico, no hay constancia que demuestre la expedición de la sentencia y tampoco de la notificación a las partes interesadas.
Por esos hechos, la Fiscalía acusó a los abogados Omar Cabrera Polanco, Luis Mario González Torres, María Elisa del Socorro Góngora Arévalo y José Ignacio Bonilla Perdomo, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso con peculado por apropiación y prevaricato por acción.
También fueron acusadas las ex funcionarias de Cajanal Martha Cristina Restrepo Castro, Gloria Idalid Moncada Tovar y Nubia Rodríguez Blanco, como presuntas responsables de peculado por apropiación en concurso con prevaricato por acción y uso de documento público.
Finalmente, la decisión afectó a Rosalba Fonseca Florido, ex funcionaria del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso con peculado por apropiación y prevaricato por acción.
Las ex funcionarias de Cajanal, así como Luis Mario González Torres y Rosalba Fonseca Florido se encuentran privados de libertad. Los restantes tienen orden de captura vigente.
La investigación se inició por denuncia instaurada por el titular de ese despacho judicial en la fecha en que ocurrieron los hechos.
Por defraudar en un poco más de cinco mil 103 millones de pesos a Cajanal, un fiscal anticorrupción acusó a ocho personas, entre las que se encuentran abogados y ex funcionarios de esa entidad.
De acuerdo con la investigación, los procesados presentaron ante Cajanal, en diciembre de 2002, una sentencia de tutela falsa que le ordenaba a la entidad reconocer el pago de mesadas pensionales y retroactivos no liquidados a 219 profesores.
La sentencia, aparentemente proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Bogotá, ordenaba cubrir pagos por esa suma de dinero, erogación que cumplió la entidad casi en su totalidad.
El fiscal del caso determinó que la supuesta tutela no existía, pues en los archivos del Juzgado no figura sometida a reparto, no existe expediente físico, no hay constancia que demuestre la expedición de la sentencia y tampoco de la notificación a las partes interesadas.
Por esos hechos, la Fiscalía acusó a los abogados Omar Cabrera Polanco, Luis Mario González Torres, María Elisa del Socorro Góngora Arévalo y José Ignacio Bonilla Perdomo, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso con peculado por apropiación y prevaricato por acción.
También fueron acusadas las ex funcionarias de Cajanal Martha Cristina Restrepo Castro, Gloria Idalid Moncada Tovar y Nubia Rodríguez Blanco, como presuntas responsables de peculado por apropiación en concurso con prevaricato por acción y uso de documento público.
Finalmente, la decisión afectó a Rosalba Fonseca Florido, ex funcionaria del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso con peculado por apropiación y prevaricato por acción.
Las ex funcionarias de Cajanal, así como Luis Mario González Torres y Rosalba Fonseca Florido se encuentran privados de libertad. Los restantes tienen orden de captura vigente.
La investigación se inició por denuncia instaurada por el titular de ese despacho judicial en la fecha en que ocurrieron los hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario