Bogotá, 23 de febrero de 2010. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por seis meses, convertible en multa equivalente a seis salarios devengados para la época de los hechos, a la señora Diana Elizabeth Gaitán Villamarín, en su condición de gerente de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) por irregularidades de tipo contractual.
El Ministerio Público encontró que la funcionaria adelantó un proceso de invitación pública en el año 2005 para la compra de 162 tambores de 25 kilos de un producto médico, sin que los términos de referencia fueran precisos y completos, pues según se estableció, no cumplían los requisitos y normas de producción, distribución, comercialización y calidad especificadas para uso en salud pública, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Según se estableció, se hizo una primera convocatoria en la que los hoy ganadores del contrato, fueron rechazados por no cumplir con las exigencias. Para la segunda invitación, dichos términos fueron modificados y se excluyó la garantía de que el proveedor entregara el producto original. Esto permitió que la firma ganadora pudiera participar nuevamente en el proceso y resultara favorecida con el contrato.
Se comprobó que no fue posible certificar la calidad del producto adquirido, precisamente, porque en los términos de referencia no se exigió el requisito de la carta de autorización del fabricante hacia el distribuidor.
Concluye entonces el Ministerio Público que la señora Gaitán Villamarín favoreció a la firma ganadora de este contrato al permitirle participar en la invitación pública sin que tuviera que demostrar la calidad de fabricante o distribuidor del producto.
La Procuraduría advirtió que esta decisión disciplinaria de primera instancia podrá ser apelada por la disciplinada.
El Ministerio Público encontró que la funcionaria adelantó un proceso de invitación pública en el año 2005 para la compra de 162 tambores de 25 kilos de un producto médico, sin que los términos de referencia fueran precisos y completos, pues según se estableció, no cumplían los requisitos y normas de producción, distribución, comercialización y calidad especificadas para uso en salud pública, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Según se estableció, se hizo una primera convocatoria en la que los hoy ganadores del contrato, fueron rechazados por no cumplir con las exigencias. Para la segunda invitación, dichos términos fueron modificados y se excluyó la garantía de que el proveedor entregara el producto original. Esto permitió que la firma ganadora pudiera participar nuevamente en el proceso y resultara favorecida con el contrato.
Se comprobó que no fue posible certificar la calidad del producto adquirido, precisamente, porque en los términos de referencia no se exigió el requisito de la carta de autorización del fabricante hacia el distribuidor.
Concluye entonces el Ministerio Público que la señora Gaitán Villamarín favoreció a la firma ganadora de este contrato al permitirle participar en la invitación pública sin que tuviera que demostrar la calidad de fabricante o distribuidor del producto.
La Procuraduría advirtió que esta decisión disciplinaria de primera instancia podrá ser apelada por la disciplinada.
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