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Debido a las elecciones para alcaldes y gobernadores que se realizarán el próximo 25 de octubre en todo el país, la ley de garantías comenzará a regir desde el próximo 25 de junio.
Durante ese periodo las entidades del Estado no podrán “celebrar convenios interadministrativos y no podrán hacer movimientos de la planta pública”.
Sin embargo según fuentes consultadas a la fecha han sido radicadas varias quejas ante el Ministerio Público debido a la presunta comisión del delito trashumancia en algunas regiones del país.
Por esta razón se están adelantando acciones en torno a evitar la trashumancia de electores el cual se presenta en su mayoría en las regiones está detectando algunos municipios.
Razón por la cual el Órgano de Control, hizo un llamado a “los funcionarios públicos para que se abstengan de participar en política”.
Agrega igualmente el ministerio público que no se puede presionar a electores a que se adhieran a una causa política ni se puede hacer uso indebido de los recursos del erario nacional.
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