Bogotá, 11 de julio de 2010. En el marco del Programa “Conciliar antes que demandar”, la Procuraduría General de la Nación está adelantando dos procesos de conciliación extrajudicial solicitados por Íngrid Betancourt y los familiares de la ex candidata presidencial, por los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación (fisiológicos) con ocasión de su secuestro por parte de las FARC.
Estas solicitudes obedecen a la competencia que la ley ha otorgado al Ministerio Público al establecerse como requisito de procedibilidad obligatorio antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en acción de reparación directa.
Las pretensiones acumuladas de las dos solicitudes presentadas por Ingrid Betancourt y su señora madre, Yolanda Pulecio, su hermana Astrid Betancourt, y sus hijos Melanie Delloye y Lorenzo Delloye, por perjuicios morales y materiales ascienden a la suma de 15.431.351.537.
La Procuraduría convocará a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa (Ejército y Policía Nacional), y al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de cumplir la diligencia de conciliación.
En diálogo con los medios de comunicación, el Delegado para la Conciliación Extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, Isnardo Jaimes, explicó que luego de recibirse la solicitud, el trámite establece que “una vez analizados los requisitos de forma se citará a una audiencia pública a los convocados en un término de 30 días”.
El Ministerio Público tendrá entre dos y tres meses para definir si llega o no a la conciliación, en caso de conciliarse precisó que el acuerdo será remitido al juez competente, en este caso el Tribunal “para que decida si lo aprueba o no”. Si no hay acuerdo, “se entregará una constancia al convocante para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a presentar la acción de reparación directa”.
“La Procuraduría General, en este caso, como en las cerca de 30 mil solicitudes de conciliación realizadas en lo que va de este año, actúa como mediadora”, indicó el Delegado Jaimes.
Estas solicitudes obedecen a la competencia que la ley ha otorgado al Ministerio Público al establecerse como requisito de procedibilidad obligatorio antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en acción de reparación directa.
Las pretensiones acumuladas de las dos solicitudes presentadas por Ingrid Betancourt y su señora madre, Yolanda Pulecio, su hermana Astrid Betancourt, y sus hijos Melanie Delloye y Lorenzo Delloye, por perjuicios morales y materiales ascienden a la suma de 15.431.351.537.
La Procuraduría convocará a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa (Ejército y Policía Nacional), y al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de cumplir la diligencia de conciliación.
En diálogo con los medios de comunicación, el Delegado para la Conciliación Extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, Isnardo Jaimes, explicó que luego de recibirse la solicitud, el trámite establece que “una vez analizados los requisitos de forma se citará a una audiencia pública a los convocados en un término de 30 días”.
El Ministerio Público tendrá entre dos y tres meses para definir si llega o no a la conciliación, en caso de conciliarse precisó que el acuerdo será remitido al juez competente, en este caso el Tribunal “para que decida si lo aprueba o no”. Si no hay acuerdo, “se entregará una constancia al convocante para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a presentar la acción de reparación directa”.
“La Procuraduría General, en este caso, como en las cerca de 30 mil solicitudes de conciliación realizadas en lo que va de este año, actúa como mediadora”, indicó el Delegado Jaimes.
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