“En la elaboración y adopción de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta, como determinantes de superior jerarquía, las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales”: este fue el llamado formulado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a las autoridades territoriales y ambientales de todo el país.
En comunicación remitida por el procurador delegado Óscar Darío Amaya Navas a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, y del Interior, Fernando Carrillo, así como a los alcaldes municipales y distritales y a los directores de las corporaciones autónomas regionales, este órgano de control reiteró las directrices consignadas en la Circular 023 de 13 de abril de 2010 expedida por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en la cual se plantearon 14 aspectos a ser tenidos en cuenta para la elaboración, revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, entre otros el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, la prevención de amenazas y de riesgos naturales, el establecimiento de áreas protegidas, el manejo de las cuencas hidrográficas y la garantía del derecho constitucional a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios.
El procurador delegado hizo además referencia al nuevo marco jurídico aplicable al ordenamiento territorial, como el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) "Prosperidad para todos", el documento Conpes 3700 de 2011 “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”, y las leyes 1523 de 2012 “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, 1537 de 2012 “por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, y 1551 de 2012 “por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
El Ministerio Público llamó la atención de las administraciones municipales para que tengan en cuenta que el cambio climático ha hecho presencia en el país, y que dicho fenómeno ambiental, así como el riesgo por la ocurrencia de desastres, deben ser tenidos en cuenta responsablemente al momento de actualizar los planes de ordenamiento del territorio en el país: “Se trata de preparar al país para que las consecuencias del cambio climático y el riesgo de desastres se puedan prevenir, mitigar o reducir, en los próximos años y para las próximas generaciones”, precisa la referida comunicación.
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