Recibió el respaldo de ésta célula legislativa, el proyecto que facilita la legalización de los predios en donde están construidos establecimientos educativos.
Esta decisión permitirá que los planteles puedan recibir recursos públicos para su mejoramiento.
La ley le otorga a los establecimientos educativos públicos y oficiales, la propiedad de los bienes inmuebles en donde funcionan y que hayan poseído ininterrumpidamente por más de diez años a la entrada en vigencia de la presente ley.
Esta norma no aplica para las instituciones ubicadas en resguardos indígenas o de propiedad colectiva de las comunidades negras, u otros grupos étnicos, o comunidades religiosas.
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