Este es uno de los efectos prácticos de la entrada en vigencia plena este miércoles de la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia.
En caso de no hacerlo, perderán competencia para seguir conociendo del asunto y deberán remitir inmediatamente el expediente al Juez de Familia, quien se encargará del caso. Este, a su vez, deberá informar a la Procuraduría General de la Nación para que sancione disciplinariamente al defensor o comisario que no actuó oportunamente.
Adicionalmente, se impone que los horarios de atención al público de las Defensorías de Familia y Comisarías de Familia sean permanentes y continuos, es decir, que funcionen las 24 horas del día, y establece el deber del Estado de desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición.
Es de esperarse que este nuevo régimen termine corrigiendo tantas falencias que presentan los funcionarios públicos encargados de proteger al menor y a la familia.
No sería suficiente la asignación de recursos materiales si no hay también de un cambio de actitud por parte de los funcionarios y servidores públicos, que transforme la lentitud, la morosidad y la negligencia evidentes en muchas dependencias oficiales que conforman el Sistema General de Bienestar Familiar, en un comportamiento dinámico
En caso de no hacerlo, perderán competencia para seguir conociendo del asunto y deberán remitir inmediatamente el expediente al Juez de Familia, quien se encargará del caso. Este, a su vez, deberá informar a la Procuraduría General de la Nación para que sancione disciplinariamente al defensor o comisario que no actuó oportunamente.
Adicionalmente, se impone que los horarios de atención al público de las Defensorías de Familia y Comisarías de Familia sean permanentes y continuos, es decir, que funcionen las 24 horas del día, y establece el deber del Estado de desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición.
Es de esperarse que este nuevo régimen termine corrigiendo tantas falencias que presentan los funcionarios públicos encargados de proteger al menor y a la familia.
No sería suficiente la asignación de recursos materiales si no hay también de un cambio de actitud por parte de los funcionarios y servidores públicos, que transforme la lentitud, la morosidad y la negligencia evidentes en muchas dependencias oficiales que conforman el Sistema General de Bienestar Familiar, en un comportamiento dinámico
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