La iniciativa, que le da 'colmillos' al Estado para que haga respetar los contratos suscritos con particulares, pasará ahora a conciliación de entre Cámara y Senado en los próximos días.
Uno de los temas más polémicos, y que en el pasado fue obstáculo para modificar la Ley, fue el de la prórroga de las concesiones viales.El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, logró que se aprobara la ampliación de las concesiones hasta en el 60 por ciento del plazo inicial del contrato.Así mismo se aprobó la adición de contratos de obra, lo que abrió un camino para convertir en dobles calzadas las vías construidas en las concesiones de primera generación (así se conocieron los primeros contratos de obras viales).Es decir, que los 11 corredores viales construidos en esa etapa y que hoy operan con una sola calzada, podrán ser ampliados en el futuro.Un ejemplo claro de este beneficio es la ampliación de 22 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio y de otras 10 carreteras a lo largo del país.De otro lado, la reforma establece que ninguna concesión vial podrá ser prorrogada automáticamente.Esto solo se podrá hacer previo concepto favorable del Conpes (Consejo de Política Económica y Social).De otro lado, cuando un contrato sea caducado, el Estado podrá determinar de forma potestativa si entrega la obra al segundo que obtuvo mayor calificación en la licitación, siempre y cuando no se haya avanzado más del 50 por ciento en la ejecución de la obra.La reforma también establece que las universidades solo podrán contratar consultorías con el Estado y no la ejecución de obras públicas.En materia de telecomunicaciones se fijó que la prórroga de los contratos solo se podrá hacer hasta por 10 años y estas no serán gratuitas.El Ministro de Transporte señaló que la Ley 80 crea sanciones, es decir, que le da 'colmillos' al Estado para hacer respetar los contratos.Con la reforma además se crea la figura de subasta pública para adquirir bienes de entidades estatales (papelería, mobiliario, equipos), con la cual el Estado se ahorrará cerca de 600 mil millones de pesos, por la reducción de gastos administrativos.La reforma permite que los pliegos licitatorios para proyectos viales sean gratis, lo cual facilitará un mayor número de participantes en los procesos
Uno de los temas más polémicos, y que en el pasado fue obstáculo para modificar la Ley, fue el de la prórroga de las concesiones viales.El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, logró que se aprobara la ampliación de las concesiones hasta en el 60 por ciento del plazo inicial del contrato.Así mismo se aprobó la adición de contratos de obra, lo que abrió un camino para convertir en dobles calzadas las vías construidas en las concesiones de primera generación (así se conocieron los primeros contratos de obras viales).Es decir, que los 11 corredores viales construidos en esa etapa y que hoy operan con una sola calzada, podrán ser ampliados en el futuro.Un ejemplo claro de este beneficio es la ampliación de 22 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio y de otras 10 carreteras a lo largo del país.De otro lado, la reforma establece que ninguna concesión vial podrá ser prorrogada automáticamente.Esto solo se podrá hacer previo concepto favorable del Conpes (Consejo de Política Económica y Social).De otro lado, cuando un contrato sea caducado, el Estado podrá determinar de forma potestativa si entrega la obra al segundo que obtuvo mayor calificación en la licitación, siempre y cuando no se haya avanzado más del 50 por ciento en la ejecución de la obra.La reforma también establece que las universidades solo podrán contratar consultorías con el Estado y no la ejecución de obras públicas.En materia de telecomunicaciones se fijó que la prórroga de los contratos solo se podrá hacer hasta por 10 años y estas no serán gratuitas.El Ministro de Transporte señaló que la Ley 80 crea sanciones, es decir, que le da 'colmillos' al Estado para hacer respetar los contratos.Con la reforma además se crea la figura de subasta pública para adquirir bienes de entidades estatales (papelería, mobiliario, equipos), con la cual el Estado se ahorrará cerca de 600 mil millones de pesos, por la reducción de gastos administrativos.La reforma permite que los pliegos licitatorios para proyectos viales sean gratis, lo cual facilitará un mayor número de participantes en los procesos
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