Bogotá D.C., 24 de abril de 2009. La Corte Constitucional aceptó los planteamientos de la Procuraduría General de la Nación y declaró la constitucionalidad de las disposiciones penales que protegen a los menores de edad contra efectos del conflicto armado en los casos de reclutamiento, bajo el entendido que su participación en las hostilidades o en acciones armadas es, en todos los casos, forzada.
La medida se refiere en específico al establecimiento de medidas en torno del delito de reclutamiento ilícito; ya que en la práctica, la admisión de menores en grupos armados es una utilización de los menores.
La medida se refiere en específico al establecimiento de medidas en torno del delito de reclutamiento ilícito; ya que en la práctica, la admisión de menores en grupos armados es una utilización de los menores.
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