Son pocos los municipios del país que administran los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) cumpliendo con los principios de la administración pública, eficacia, eficiencia, economía, sostenibilidad ambiental y buenos resultados en la provisión de los servicios sociales a su cargo, reveló una evaluación sobre el tema que hizo la Contraloría General de la República.
Roberto Pablo Hoyos Botero, Contralor General de la República(E)
La evaluación de la gestión que hizo el ente de control indica que sólo el 4% de las entidades territoriales logró un concepto favorable, el 65% tuvieron observaciones por cumplir parcialmente los principios de la administración pública, y el 31% restante alcanzo un concepto desfavorable, por tener problemas serios o recurrentes en el manejo de los recursos de las transferencias.
La Contraloría General de la República presentó hoy al Congreso de la República y a la ciudadanía un Informe con el Análisis y resultado de los hallazgos del proceso auditor realizado en 2009 a los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP-, destinados al financiamiento de la atención de los servicios sociales básicos en salud, educación, agua potable, saneamiento básico y propósito general, en los departamentos, municipios y distritos del país
Para la elaboración de este informe se tomó una muestra de 345 de las 404 auditorías realizadas por el ente de control en 2009, sobre la vigencia anterior. En 2008 se asignaron a los entes territoriales $19,5 billones en recursos del SGP, de los cuales el 36% correspondió a los departamentos y el restante 64% a los distritos y municipios.
Hallazgos en general
La Contraloría detectó reiteradas fallas en materia presupuestal, contable y estadística.
Determinó también que muchos de los hallazgos detectados en contratación, se originan en deficiencias de diverso orden, que van desde la falta de formalidades elementales en los contratos hasta el incumplimiento de las normas sobre contratación y de los objetos contractuales pactados. En Tesorería, se reiteran conductas que no deberían ocurrir como la realización de unidad de caja, los pagos sin soportes y mala gestión de los recursos financieros.
Los hallazgos en el sector salud suman $20.713 millones, y los de educación $8.579 millones. Le siguen los de Propósito General ($1.878 millones), Asignaciones Especiales ($1.008 millones), Agua Potable ($980 millones) y Atención Integral a la Primera Infancia ($754 millones).
Al analizar el manejo de recursos de acuerdo con los diversos sectores que se financian con los mismos, se encontró que:
En educación, los mayores riesgos se presentan en los recursos destinados al mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa.
En salud, la destinación a la cual se asigna la mayor proporción de recursos es el Régimen Subsidiado cuya administración está a cargo de los distritos y municipios. En este caso, los hallazgos están relacionados con multiafiliaciones, no liquidación de contratos y saldos no conciliados.
Respecto del manejo de recursos en salud pública, se encontraron deficiencias como destinaciones diferentes de objeto, realización de gastos no autorizados y pago de contratos que no cumplieron el objeto contractual.
En cuanto a la situación de los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico, los hallazgos están relacionados con deficiencias en la inversión, obras inadecuadas o inconclusas, deficiente interventoría y mala calidad de las obras, con la consecuente incidencia en la baja cobertura y deficiente calidad del agua.
Según la evaluación de la Contraloría, este sector sigue presentando una débil capacidad institucional para emprender, vigilar y administrar obras de infraestructura y preservación del medio ambiente.
En el caso de los recursos de Propósito General, se pudo apreciar que las inversiones con los mismos adolecen de inadecuada planeación, insuficiente ejecución y en algunos casos excesiva dispersión, lo que conlleva a tener obras de bajo impacto en la comunidad.
Respecto de los recursos recibidos por los distritos y municipios para atención integral a la primera infancia, se verificó que debido a que fueron girados al finalizar el primer semestre del año, siguiendo lo preceptuado en la Ley, en la mayoría de los municipios debieron destinarse para construcción de infraestructura o no se ejecutaron o su ejecución presentó problemas, por el poco tiempo disponible para ejecutar las inversiones.
La situación señalada, contribuyó adicionalmente a que los recursos tuvieran destinación diferente de la establecida, realización incompleta de obras y selección de obras innecesarias.
Deficiente capacidad institucional
Del total de situaciones determinadas en las auditorías y del análisis conjunto realizado por la Contraloría General de la República, se concluye que las entidades territoriales tienen deficiencias en sus capacidades institucionales que conducen a ineficiencias en la ejecución de los recursos del SGP.
Sin embargo, la regulación sectorial, el flujo de los recursos y las orientaciones de la Nación en muchos casos son inadecuadas y facilitan el surgimiento de riesgos en la ejecución que terminan perjudicando a las comunidades de las regiones por los efectos sobre la provisión de los recursos.
Hallazgos en educación
En el caso de educación, en departamentos y municipios certificados, el hallazgo más recurrente ocurre en el registro y pago de prestaciones, novedades por licencias e incapacidades y en el pago de horas extras sin soporte. Esta situación se observó en municipios como Soledad (Atlántico), Maicao (La Guajira), Cartagena (Bolívar) y Tumaco (Nariño), y en Departamentos como Vichada, Vaupés y Caldas.
Las fallas en el manejo y la gestión de los archivos institucionales es, observación recurrente en todas las regiones, y en particular en departamentos como Valle, Arauca, Vaupés, Cundinamarca y en municipios como Sotará (Cauca), Granada (Meta) y Padilla (Valle).
En el área de Tesorería se evidencian hallazgos como pagos sin soportes, situación observada en municipios como Cantagallo (Bolívar), Maicao (La Guajira), Corinto (Cauca) y El Colegio (Cundinamarca) y en departamentos como Vaupés y Guaviare.
También se detectó la no incorporación o generación de rendimientos financieros. Los casos a resaltar ocurrieron en Valledupar que no incorporó $ 446 millones y Cúcuta $209 millones. Se resalta el caso de un presunto peculado por apropiación ocurrido Valledupar, por $ 1.108 millones, en el cual hubo traslado de recursos SGP a cuentas de particulares, caso que ya se trasladó a la Fiscalía.
En cuanto a los sobrecostos en la contratación para educación: los hallazgos por este concepto ascienden a $3.170 millones y se han presentado en los departamentos de Vaupés, Arauca, Amazonas, Guaviare y Casanare y en los municipios de Magangué (Bolívar) y Puerto Guzmán (Putumayo).
De los 7.457 hallazgos administrativos determinados en las 345 auditorías incluidas en la muestra, 213 hallazgos, que representan el 2,9% de éste total, están relacionados con los recursos de la atención a la primera infancia.
La cuantía de los recursos de la atención a la primera infancia en riesgo de detrimento fiscal está alrededor de $574 millones, que representan el 1,6% del total del monto de los hallazgos del proceso auditor de la muestra.
Estos hallazgos se identificaron en las auditorías realizadas en los municipios de Soledad (Atlántico), Carmen de Bolívar (Bolívar), Samanà (Caldas), Cartagena del Chairá (Caquetá), Valledupar (Cesar), Maicao (La Guajira) y San Antonio de Palmito (Sucre).
Los hallazgos en el resto de sectores (salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general), en los departamentos, municipios y distritos auditados, están documentados en el Informe que presento la Contraloría General de la República al Congreso titulado “Sistema General de Participaciones. Análisis y resultados de los hallazgos del proceso auditor. Plan General de Auditoría 2009”.
Roberto Pablo Hoyos Botero, Contralor General de la República(E)
La evaluación de la gestión que hizo el ente de control indica que sólo el 4% de las entidades territoriales logró un concepto favorable, el 65% tuvieron observaciones por cumplir parcialmente los principios de la administración pública, y el 31% restante alcanzo un concepto desfavorable, por tener problemas serios o recurrentes en el manejo de los recursos de las transferencias.
La Contraloría General de la República presentó hoy al Congreso de la República y a la ciudadanía un Informe con el Análisis y resultado de los hallazgos del proceso auditor realizado en 2009 a los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP-, destinados al financiamiento de la atención de los servicios sociales básicos en salud, educación, agua potable, saneamiento básico y propósito general, en los departamentos, municipios y distritos del país
Para la elaboración de este informe se tomó una muestra de 345 de las 404 auditorías realizadas por el ente de control en 2009, sobre la vigencia anterior. En 2008 se asignaron a los entes territoriales $19,5 billones en recursos del SGP, de los cuales el 36% correspondió a los departamentos y el restante 64% a los distritos y municipios.
Hallazgos en general
La Contraloría detectó reiteradas fallas en materia presupuestal, contable y estadística.
Determinó también que muchos de los hallazgos detectados en contratación, se originan en deficiencias de diverso orden, que van desde la falta de formalidades elementales en los contratos hasta el incumplimiento de las normas sobre contratación y de los objetos contractuales pactados. En Tesorería, se reiteran conductas que no deberían ocurrir como la realización de unidad de caja, los pagos sin soportes y mala gestión de los recursos financieros.
Los hallazgos en el sector salud suman $20.713 millones, y los de educación $8.579 millones. Le siguen los de Propósito General ($1.878 millones), Asignaciones Especiales ($1.008 millones), Agua Potable ($980 millones) y Atención Integral a la Primera Infancia ($754 millones).
Al analizar el manejo de recursos de acuerdo con los diversos sectores que se financian con los mismos, se encontró que:
En educación, los mayores riesgos se presentan en los recursos destinados al mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa.
En salud, la destinación a la cual se asigna la mayor proporción de recursos es el Régimen Subsidiado cuya administración está a cargo de los distritos y municipios. En este caso, los hallazgos están relacionados con multiafiliaciones, no liquidación de contratos y saldos no conciliados.
Respecto del manejo de recursos en salud pública, se encontraron deficiencias como destinaciones diferentes de objeto, realización de gastos no autorizados y pago de contratos que no cumplieron el objeto contractual.
En cuanto a la situación de los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico, los hallazgos están relacionados con deficiencias en la inversión, obras inadecuadas o inconclusas, deficiente interventoría y mala calidad de las obras, con la consecuente incidencia en la baja cobertura y deficiente calidad del agua.
Según la evaluación de la Contraloría, este sector sigue presentando una débil capacidad institucional para emprender, vigilar y administrar obras de infraestructura y preservación del medio ambiente.
En el caso de los recursos de Propósito General, se pudo apreciar que las inversiones con los mismos adolecen de inadecuada planeación, insuficiente ejecución y en algunos casos excesiva dispersión, lo que conlleva a tener obras de bajo impacto en la comunidad.
Respecto de los recursos recibidos por los distritos y municipios para atención integral a la primera infancia, se verificó que debido a que fueron girados al finalizar el primer semestre del año, siguiendo lo preceptuado en la Ley, en la mayoría de los municipios debieron destinarse para construcción de infraestructura o no se ejecutaron o su ejecución presentó problemas, por el poco tiempo disponible para ejecutar las inversiones.
La situación señalada, contribuyó adicionalmente a que los recursos tuvieran destinación diferente de la establecida, realización incompleta de obras y selección de obras innecesarias.
Deficiente capacidad institucional
Del total de situaciones determinadas en las auditorías y del análisis conjunto realizado por la Contraloría General de la República, se concluye que las entidades territoriales tienen deficiencias en sus capacidades institucionales que conducen a ineficiencias en la ejecución de los recursos del SGP.
Sin embargo, la regulación sectorial, el flujo de los recursos y las orientaciones de la Nación en muchos casos son inadecuadas y facilitan el surgimiento de riesgos en la ejecución que terminan perjudicando a las comunidades de las regiones por los efectos sobre la provisión de los recursos.
Hallazgos en educación
En el caso de educación, en departamentos y municipios certificados, el hallazgo más recurrente ocurre en el registro y pago de prestaciones, novedades por licencias e incapacidades y en el pago de horas extras sin soporte. Esta situación se observó en municipios como Soledad (Atlántico), Maicao (La Guajira), Cartagena (Bolívar) y Tumaco (Nariño), y en Departamentos como Vichada, Vaupés y Caldas.
Las fallas en el manejo y la gestión de los archivos institucionales es, observación recurrente en todas las regiones, y en particular en departamentos como Valle, Arauca, Vaupés, Cundinamarca y en municipios como Sotará (Cauca), Granada (Meta) y Padilla (Valle).
En el área de Tesorería se evidencian hallazgos como pagos sin soportes, situación observada en municipios como Cantagallo (Bolívar), Maicao (La Guajira), Corinto (Cauca) y El Colegio (Cundinamarca) y en departamentos como Vaupés y Guaviare.
También se detectó la no incorporación o generación de rendimientos financieros. Los casos a resaltar ocurrieron en Valledupar que no incorporó $ 446 millones y Cúcuta $209 millones. Se resalta el caso de un presunto peculado por apropiación ocurrido Valledupar, por $ 1.108 millones, en el cual hubo traslado de recursos SGP a cuentas de particulares, caso que ya se trasladó a la Fiscalía.
En cuanto a los sobrecostos en la contratación para educación: los hallazgos por este concepto ascienden a $3.170 millones y se han presentado en los departamentos de Vaupés, Arauca, Amazonas, Guaviare y Casanare y en los municipios de Magangué (Bolívar) y Puerto Guzmán (Putumayo).
De los 7.457 hallazgos administrativos determinados en las 345 auditorías incluidas en la muestra, 213 hallazgos, que representan el 2,9% de éste total, están relacionados con los recursos de la atención a la primera infancia.
La cuantía de los recursos de la atención a la primera infancia en riesgo de detrimento fiscal está alrededor de $574 millones, que representan el 1,6% del total del monto de los hallazgos del proceso auditor de la muestra.
Estos hallazgos se identificaron en las auditorías realizadas en los municipios de Soledad (Atlántico), Carmen de Bolívar (Bolívar), Samanà (Caldas), Cartagena del Chairá (Caquetá), Valledupar (Cesar), Maicao (La Guajira) y San Antonio de Palmito (Sucre).
Los hallazgos en el resto de sectores (salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general), en los departamentos, municipios y distritos auditados, están documentados en el Informe que presento la Contraloría General de la República al Congreso titulado “Sistema General de Participaciones. Análisis y resultados de los hallazgos del proceso auditor. Plan General de Auditoría 2009”.
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