Atendiendo los resultados de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la mesa directiva de la Cámara de Representantes dio un ultimátum a un grupo de ex Representantes para que por tarde este jueves 5 de agosto devuelvan un total de 51 vehículos de propiedad de la entidad que a la fecha “no aparecen”.
La Cámara enviará a la Contraloría una lista con las placas de los vehículos y los nombres de los ex congresistas que no acaten este llamado, a fin de que el ente de control proceda a abrir las indagaciones preliminares y, si es del caso, los juicios fiscales que se precisen por estos hechos, explicó el Contralor Julio César Turbay Quintero. La lista se reportará también a la Fiscalía y la Procuraduría, para lo pertinente.
La Contraloría consideró urgente hacer un inventario completo del parque automotor del Congreso, para determinar la cantidad de vehículos y el estado de los mismos. Algúnos están en pésimas condiciones, de acuerdo a lo que ha verificado la CGR.
Turbay Quintero urgió reglamentar la forma cómo se entregan las oficinas y los vehículos a los parlamentarios, dados los persistentes problemas que se presentan en ambos casos.
El jefe del ente de control reveló las conclusiones de una auditoría sobre el Parque Automotor de la Cámara de Representantes, correspondiente al primer semestre de 2009, y dio cuenta que un año después varias de estos hallazgos subsisten.
Los siguientes fueron los principales resultados de esa auditoría:
Resultados Auditoría a la Cámara de Representantes
(1er semestre de 2009, Evaluación del manejo del Parque Automotor)
La Cámara de Representantes desconoce la cantidad y valores de los vehículos de su propiedad.
No existe certeza real sobre el número real de vehículos. Algunos se encuentran en poder de Ex representantes que perdieron la curul.
De la relación de 33 Ex representantes que se han retirado por faltas absolutas en el actual periodo 2006-2010, 13 de ellos no han realizado la devolución de los vehículos asignados por la Corporación para su movilidad en el desempeño de sus funciones. La División de Servicios a la fecha carece de conocimiento de los vehículos y de su ubicación.
Algunos vehículos no fueron registrados contablemente, situación que genera incertidumbre en las existencias y registros de los vehículos del Congreso.
Se detectó desorden en la asignación de vehículos. No hay una base de datos actualizada y confiable que permita conocer el estado de los vehículos y establecer su sitio de ubicación, lo cual podría generar la pérdida de los mismos e incertidumbre para establecer a cargo de quién se encuentran.
En ocasiones documentalmente el mismo vehículo es asignado a dos Congresistas, presentando descontrol y desorden en la asignación de los mismos.
Dos vehículos se encuentran abandonados en los parqueaderos del Congreso, debido a anomalías en su peso, a causa del blindaje.
Al consultar información de las Secretarías de Hacienda de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Se encuentran vehículos del parque automotor de la Cámara de Representantes que tienen impuestos pendientes de cancelar y pagos dobles, lo que en el primer caso podría generar pagos por concepto de sanciones por presentaciones extemporáneas y los intereses de mora a que haya lugar.
Una vez revisada la relación de los vehículos de la Cámara de Representantes, se detectó que existen 17 vehículos sin SOAT del año 2009, cuando las entidades del orden Nacional.
La División de Servicios no posee las actas de entrega y recibo de los vehículos de la corporación, a los Representantes asignados y funcionarios. Incluso aparecen a cargo de funcionarios a los cuales no se les asignó o entregó vehículo.
Se estableció que no se lleva control sobre los conductores del Congreso de la República vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo – UTL, ya que se evidenció que los vehículos de placas OIL 556 y ZOG 062 son manejados por los escoltas, BSI 895 por escolta privado, FTR 533 por policía escolta y el BSF 712 por un tercero, de tal manera que estarían realizando una función no atinente a la naturaleza de la Policía Nacional de Colombia.
Los Policías y Escoltas que están en la Cámara de Representantes, no tienen ninguna dependencia administrativa o de tipo laboral con el Congreso de la República, pues están vinculados al Servicio de Protección a Congresistas con Nivel de riesgo Comprobado y Servicio de Seguridad de las instalaciones, y no tienen asignada las funciones de conductor.
En los contratos de mantenimiento Nos 406 y 407 de 2009, no se observa ningún tipo de control por parte de quienes los supervisan, teniendo en cuenta que quien recibe el servicio de mantenimiento de los vehículos son los conductores de los mismos sin tener la Cámara de Representantes certeza sobre la calidad y reemplazo de los repuestos y si son originales, genuinos y nuevos.
En el contrato de mantenimiento No 407 de 2009, por $160 millones, se observa que en las facturas soporte de pago el valor de los repuestos es superior al ofertado en la respectiva licitación pública, además de sumar el valor de IVA, que supuestamente ya debía ir incluido. Así se aprecia al verificar lo facturado por líquido especial frenos y revisión de frenos.
La Contraloría advierte un posible daño patrimonial por permitir el funcionamiento de cafeterías en la Cámara de Representantes, sin ningún contrato de arrendamiento.
Se evidenciaron deficiencias técnicas en el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Congreso de la República, contratado a través del proceso licitatorio No. 011 de 2006 Senado y Cámara de Representantes.
De 197 cámaras instaladas, 15 están fuera de servicio. Además, el sistema es muy deficiente en la captura de imágenes nocturnas y con exceso de iluminación.
También hay deficiencias en el sistema de video vigilancia.
Al evaluar los mecanismos de control interno de la Cámara de Representantes en esta auditoría, la Contraloría consideró que presentan un nivel de riesgo Alto, “o que indica que los mecanismos de Control Interno no son efectivos, no otorga confiabilidad a la Corporación para el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas”.
La Cámara enviará a la Contraloría una lista con las placas de los vehículos y los nombres de los ex congresistas que no acaten este llamado, a fin de que el ente de control proceda a abrir las indagaciones preliminares y, si es del caso, los juicios fiscales que se precisen por estos hechos, explicó el Contralor Julio César Turbay Quintero. La lista se reportará también a la Fiscalía y la Procuraduría, para lo pertinente.
La Contraloría consideró urgente hacer un inventario completo del parque automotor del Congreso, para determinar la cantidad de vehículos y el estado de los mismos. Algúnos están en pésimas condiciones, de acuerdo a lo que ha verificado la CGR.
Turbay Quintero urgió reglamentar la forma cómo se entregan las oficinas y los vehículos a los parlamentarios, dados los persistentes problemas que se presentan en ambos casos.
El jefe del ente de control reveló las conclusiones de una auditoría sobre el Parque Automotor de la Cámara de Representantes, correspondiente al primer semestre de 2009, y dio cuenta que un año después varias de estos hallazgos subsisten.
Los siguientes fueron los principales resultados de esa auditoría:
Resultados Auditoría a la Cámara de Representantes
(1er semestre de 2009, Evaluación del manejo del Parque Automotor)
La Cámara de Representantes desconoce la cantidad y valores de los vehículos de su propiedad.
No existe certeza real sobre el número real de vehículos. Algunos se encuentran en poder de Ex representantes que perdieron la curul.
De la relación de 33 Ex representantes que se han retirado por faltas absolutas en el actual periodo 2006-2010, 13 de ellos no han realizado la devolución de los vehículos asignados por la Corporación para su movilidad en el desempeño de sus funciones. La División de Servicios a la fecha carece de conocimiento de los vehículos y de su ubicación.
Algunos vehículos no fueron registrados contablemente, situación que genera incertidumbre en las existencias y registros de los vehículos del Congreso.
Se detectó desorden en la asignación de vehículos. No hay una base de datos actualizada y confiable que permita conocer el estado de los vehículos y establecer su sitio de ubicación, lo cual podría generar la pérdida de los mismos e incertidumbre para establecer a cargo de quién se encuentran.
En ocasiones documentalmente el mismo vehículo es asignado a dos Congresistas, presentando descontrol y desorden en la asignación de los mismos.
Dos vehículos se encuentran abandonados en los parqueaderos del Congreso, debido a anomalías en su peso, a causa del blindaje.
Al consultar información de las Secretarías de Hacienda de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Se encuentran vehículos del parque automotor de la Cámara de Representantes que tienen impuestos pendientes de cancelar y pagos dobles, lo que en el primer caso podría generar pagos por concepto de sanciones por presentaciones extemporáneas y los intereses de mora a que haya lugar.
Una vez revisada la relación de los vehículos de la Cámara de Representantes, se detectó que existen 17 vehículos sin SOAT del año 2009, cuando las entidades del orden Nacional.
La División de Servicios no posee las actas de entrega y recibo de los vehículos de la corporación, a los Representantes asignados y funcionarios. Incluso aparecen a cargo de funcionarios a los cuales no se les asignó o entregó vehículo.
Se estableció que no se lleva control sobre los conductores del Congreso de la República vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo – UTL, ya que se evidenció que los vehículos de placas OIL 556 y ZOG 062 son manejados por los escoltas, BSI 895 por escolta privado, FTR 533 por policía escolta y el BSF 712 por un tercero, de tal manera que estarían realizando una función no atinente a la naturaleza de la Policía Nacional de Colombia.
Los Policías y Escoltas que están en la Cámara de Representantes, no tienen ninguna dependencia administrativa o de tipo laboral con el Congreso de la República, pues están vinculados al Servicio de Protección a Congresistas con Nivel de riesgo Comprobado y Servicio de Seguridad de las instalaciones, y no tienen asignada las funciones de conductor.
En los contratos de mantenimiento Nos 406 y 407 de 2009, no se observa ningún tipo de control por parte de quienes los supervisan, teniendo en cuenta que quien recibe el servicio de mantenimiento de los vehículos son los conductores de los mismos sin tener la Cámara de Representantes certeza sobre la calidad y reemplazo de los repuestos y si son originales, genuinos y nuevos.
En el contrato de mantenimiento No 407 de 2009, por $160 millones, se observa que en las facturas soporte de pago el valor de los repuestos es superior al ofertado en la respectiva licitación pública, además de sumar el valor de IVA, que supuestamente ya debía ir incluido. Así se aprecia al verificar lo facturado por líquido especial frenos y revisión de frenos.
La Contraloría advierte un posible daño patrimonial por permitir el funcionamiento de cafeterías en la Cámara de Representantes, sin ningún contrato de arrendamiento.
Se evidenciaron deficiencias técnicas en el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Congreso de la República, contratado a través del proceso licitatorio No. 011 de 2006 Senado y Cámara de Representantes.
De 197 cámaras instaladas, 15 están fuera de servicio. Además, el sistema es muy deficiente en la captura de imágenes nocturnas y con exceso de iluminación.
También hay deficiencias en el sistema de video vigilancia.
Al evaluar los mecanismos de control interno de la Cámara de Representantes en esta auditoría, la Contraloría consideró que presentan un nivel de riesgo Alto, “o que indica que los mecanismos de Control Interno no son efectivos, no otorga confiabilidad a la Corporación para el manejo de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y metas”.
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